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Normalización de la violencia


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¿Quiénes son nuestros reos?

A pesar de que las autoridades llevan años diciendo que desde las cárceles se ordenan muchos crímenes, nadie ha querido saber hasta ahora quiénes son los que están en las prisiones salvadoreñas. Nadie consideró que eso fuera necesario para diseñar políticas públicas y gobernar los penales. Ni siquiera hay certeza del número exacto de internos porque apenas ahora, por primera vez, se está elaborando un censo de población penitenciaria. En estas condiciones, la pregunta es pertinente: ¿Para qué sirve un carcelero ciego?

 
 

 

Guillermo García, que cumplió pena en la década de los 90 en Mariona y hoy preside la Asociación de Ex Internos Penitenciarios, relata cómo es la vida en ese mundo de expedientes sin fotografías. Dice que por años ha sido una práctica habitual que, sobre todo en las cárceles más pobladas, los reclusos se presenten unos en lugar de otros a ciertas diligencias procesales o a ruedas de reconocimiento. “Me llaman a mí y acudes tú. Así, engaño al juez, o al testigo y a la víctima”.

Incluso si descartamos la posibilidad de que haya corrupción y complicidad de los custodios, ningún guardia va a recordar rostro y nombre de 2 mil o 5 mil internos. Y por sobrecarga de trabajo no se acostumbra a cotejar las huellas dactilares del reo, olvidadas en el papel de su expediente. De todos modos, aun en el caso de que alguien encontrara el expediente correcto en una montaña de papeles, ningún funcionario en todo el sistema penitenciario tenía la formación necesaria para cotejar huellas a simple vista.

“A los internos se les ha manejado como simples números”, dice Marvin Amaya. Números que fallan y cuyo nombre, hasta el momento, no ha importado demasiado al sistema de justicia. Amaya asegura que es muy habitual que delincuentes de bajo perfil den nombres falsos a la Policía en el momento de la detención, a fin de mantener limpia su hoja de antecedentes o de encarar su proceso judicial y el posible encierro sin la sobrecarga de la reincidencia.

A finales de 2010, Centros Penales detectó a 170 reos con nombres falsos en Mariona. Los casos afloraron casi por casualidad: en el proceso de reordenamiento de los expedientes únicos y en un intento por retomar buenas prácticas, el equipo técnico del penal pidió al Ministerio de Educación la lista de los últimos titulados en primaria, secundaria y bachillerato a fin de incorporar sus diplomas de estudio al historial carcelario. Los expedientes de 170 no aparecieron. Literalmente no existían en el registro del penal. Interesados en conservar el título y sabedores de que Educación y Centros Penales no cruzan desde hace años sus listas, para los diplomas los reos sí habían dado sus nombres verdaderos.

Es solo parte del anecdotario de una red de instituciones –centros penales, juzgados, consejos criminológicos, PDDH…– desbordada por el volumen de trabajo y por inercias de negligencia e ilegalidad. Aunque tanto las autoridades del penal como el juez de vigilancia penitenciaria asignado deberían promover de oficio la evaluación de posibles beneficios penitenciarios para los presos que cumplen la mitad o dos terceras partes de su condena, en la práctica los plazos duermen hasta que alguien decide sacarlos del letargo.

Marvin Amaya asegura que, al menos hasta la depuración realizada el año pasado, numerosos funcionarios de prisiones cobraban a los reclusos a cambio de abrirles paso burocrático a la fase de confianza. Defensores de derechos humanos, reos y autoridades coinciden en que hay abogados que se lucran prestando servicios jurídicos que no consisten más que en hacer el reclamo formal de los derechos de personas sepultadas bajo el papeleo del sistema.

Aída Santos de Escobar, directora del Consejo Nacional de Seguridad Pública y por años jueza de ejecución de penas a menores, acepta la displicencia de los jueces. “Cuando el juez de vigilancia penitenciaria tiene acceso a un reo es porque el interno logró un abogado que le moviera el caso, cuando en realidad el juez debería ver de oficio cuándo el reo ha cumplido la mitad o las dos terceras partes de pena”, dice.

Gerardo Alegría, de la PDDH, es más rotundo: “Yo pongo en duda si en este país los jueces juzgan realmente a quien creen que están juzgando o si ponen en libertad a quien deberían poner en libertad.”

Las primeras luces

En una oficina de San Salvador, el encargado de estadísticas de Centros Penales, José Luis Rodríguez, teclea un nombre y en la pantalla aparece la fotografía de un hombre robusto, con un pequeño bigote y dos letras tatuadas en la frente. Debajo se lee parte de la ficha de un preso. Aunque el expediente no está completo, la novedad es que se trata de información tomada en tiempo real del registro del penal de Mariona.

Desde finales de 2010 la DGCP está informatizando e interconectando las bases de datos de todas las cárceles del país. Un equipo de unas 40 personas se desplaza a cada penal, quita el polvo de expedientes, digita su contenido en una computadora, registra los vacíos de información y toma a los reos correspondientes una fotografía digital y nuevas huellas dactilares, esta vez con un sistema de reconocimiento electrónico que Centros Penales compró en 2007 pero que no había usado hasta ahora.

De momento solo han alcanzado a sistematizar los datos de ocho centros –Apanteos, Ilopango, Mariona, San Miguel, San Vicente, Sensuntepeque, La Unión y Usulután–, pero la intención es incorporar a toda la población penitenciaria en pocos meses, hasta completar sus expedientes. Con ello, las autoridades esperan matar una bandada de pájaros de un tiro: podrán tener cifras actualizadas de la población reclusa y su perfil; podrán evaluar la idoneidad y el funcionamiento de los planes educativos o de trabajo carcelario; podrán detectar los internos que han cumplido los plazos que permiten optar a beneficios penitenciarios, o que han cumplido los dos años de detención provisional que fija como límite la ley. Con ello esperan poder aliviar en parte la saturación de las cárceles.

Rodríguez reconoce que no todo va sobre ruedas. Pese a la informatización del sistema, su equipo mantiene la rutina de llamar cada noche uno a uno a todos los penales para que reporten el recuento de presos, y en aquellos que ya están en red es habitual que la cifra no coincida con la que esos mismos penales han tecleado en sus computadoras. En el sistema carcelario pervive un sensible clima de ineficiencia y sospecha.

Sin embargo, con dos tercios de la población reclusa incorporada a la base estadística, ya se vislumbran algunos datos parciales que en algún momento se completarán y se pretende que estén en actualización constante. Un 67.7% de nuestros presos adultos tiene menos de 35 años; solo un 17% tiene estudios de bachillerato y un 1% completó la universidad; un 6% son analfabetos; el 21.7% purga pena por homicidio; y, en contra de lo que cabría esperar, las cifras preliminares hablan de solo un 6% de reincidencia.

Falta saber cómo afectará a estos números el conteo en el resto de penales, especialmente aquellos que concentran a los casi 9 mil pandilleros presos y que podrían alterar dramáticamente algunas variables. Aun así, si damos por bueno ese perfil preliminar, con una población reclusa muy joven y que en abrumadora mayoría cumple su primera condena, parece inevitable preguntarse por las posibilidades de reinserción que permite o promueve el sistema penitenciario. Lo que de nuevo nos lleva al círculo vicioso de la información disponible sobre cada reo.

Gerardo Alegría recuerda que cuando una persona ingresa a un penal se debería establecer para ella, de inmediato, un programa de rehabilitación. Para hacerlo es necesario evaluar al reo, sus delitos, sus condiciones de vida, las probables causas para delinquir, conocer su contexto social y diseñar el plan de readaptación. “Que haya una estrategia para tratar a cada persona, de manera individualizada, no solo según el delito que cometió”, aclara Alegría. Las evaluaciones deberían tomar en cuenta si el reo se sometió a un tratamiento y lo cumplió, si tiene algún desorden siquiátrico…

Sin embargo, como prueban una vez más los vacíos en sus expedientes penitenciarios, la mayoría de reos del paíspasan lustros sin sentarse delante de un sicólogo. “Si estás tranquilo y no das problemas, no ves a un sicólogo hasta que cumples las dos terceras”, dice Marvin Amaya.

Sobre las posibilidades de construir planes de reinserción diseñados a la medida, Douglas Moreno prefiere reírse un poco y volver a lanzar preguntas: “¿Cómo voy a culpar a los consejos técnicos si ellos dependían de autoridades generales? ¿Cómo iban a recopilar esa información 12 o 13 personas en penales con miles de internos?”

Zacatecoluca, el penal de máxima seguridad y uno de los más modernos del país, tiene un sicólogo para unos 370 internos. Mariona tiene tres, pero han de atender a más de 5,300 reclusos. Aunque desde hace algunas semanas está abierto un proceso de selección y contratación de 150 personas entre sicólogos, trabajadores sociales y abogados para conformar nuevos equipos técnicos en los penales, llenar esas plazas está resultando más difícil de lo esperado. Se trata de un trabajo complejo que exige un alto nivel de especialización. Y muchos de los que podrían hacerlo tienen miedo de trabajar en las cárceles.

Ante la evidencia, Ástor Escalante hace un intento de autocrítica: “El sistema penitenciario jamás ha sido un punto de agenda de país, y nunca ha tenido los recursos suficientes para hacer un adecuado trabajo de reinserción, nunca”, pero insiste: “La pregunta es qué información requerís del sistema penitenciario para tomar según qué decisiones. Yo, con la información que el sistema tiene en la actualidad, podría tomar decisiones”.

Total, se podría inferir de su respuesta, para tener a la gente encerrada no necesitas saber quiénes son.


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