Esta será una entrevista de preguntas básicas y respuestas obvias. Rodrigo Escobar Gil es la máxima autoridad del sistema interamericano de derechos humanos cuando se habla de las personas privadas de libertad. Son respuestas obvias porque es una obviedad: lo dice la Constitución Política en su artículo 85, que El Salvador es una democracia participativa. Obvio es también que el Estado salvadoreño suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. E igualmente obvio es que el artículo 27 de la Constitución señala expresamente que la privación de libertad tiene como objetivo la reeducación y la readaptación de los reclusos. Obvio que los reos son seres humanos, obvio que necesitan alimentarse, obvio que un enfermo necesita atención médica, y obvio también que en una celda para 20 personas no pueden convivir 70 o 80. Obvio, ¿no?

Escobar Gil es colombiano, país en el que llegó a presidir la Corte Constitucional.Desde enero de 2010 es uno de los siete comisionados que integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en marzo asumió la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. En octubre encabezó una delegación que visitó durante cinco días El Salvador: ingresó en tres centros penales, conoció la fetidez del hacinamiento, se entrevistó con burócratas de distintas instituciones y elaboró un informe preliminar que recoge un puñado de supuestas obviedades que, en boca de un comisionado dela CIDH, suenan más sonoras, y que se pueden resumir en que el sistema penitenciario salvadoreño está tan saturado que atenta contra los derechos humanos de los reclusos y de sus familiares. De todo eso hablará en esta entrevista, y también de algo que, por lo visto, no resulta tan obvio: la estrecha relación existente entre el respeto a los derechos humanos de los reclusos y la vocación democrática de una sociedad. A veces no sobra que alguien nos recuerde que dos más dos suman cuatro.

¿Por qué la CIDH ha querido conocer de primera mano el sistema penitenciario salvadoreño?
La idea inicial es visitar los 35 países del continente, pero para la elección de uno u otro país se tienen en cuenta distintos criterios. En el caso de El Salvador pesó un elemento muy concreto, como lo es el hecho de que el anterior relator era salvadoreño (Florentín Meléndez, relator entre 2004 y 2009, actual magistrado dela Corte Suprema de Justicia); por evitar que él elaborara un informe sobre su propio país,la Comisión llevaba años sin visitar El Salvador por este tema.

Ya conoció las cárceles salvadoreñas. ¿Presentan especificidades respecto a las del resto de la región?
Desafortunadamente, los problemas de los sistemas penitenciarios en América Latina son los mismos. Todos presentan situaciones similares con las personas privadas de libertad, con problemas graves, dramáticos incluso, como son el hacinamiento, una infraestructura física obsoleta, inadecuada e insuficiente, y carencias muy serias en temas de reeducación, de higiene y de alimentación. Son problemas comunes en toda América Latina, como también es común la ausencia de políticas públicas encaminadas a solucionarlos.

Me va a permitir ser abogado del diablo: ¿por qué un Estado debería invertir en los reclusos cuando no alcanza a garantizar los derechos de los que respetan la ley?
Es una cuestión de orden filosófico y de orden político. Si un país ha optado por un orden social basado en un Estado democrático de Derecho, a la base está el respeto de la dignidad humana y de los derechos inherentes a cada persona. Cuando una persona ha violado la ley y es condenada, por muy grave que sea el delito, nunca se debe perder de vista que es un ser humano, y merece el tratamiento propio de su condición de ser humano.

Eso es algo indiscutible en un plano teórico, pero ¿cómo destinar más recursos para los victimarios cuando la víctima no recibe atención psicológica o jurídica por falta de recursos?
No se trata de priorizar los derechos de los victimarios frente a los de las víctimas, sino de armonizarlos.

El Estado salvadoreño se escuda en que la cobija no alcanza para todos.
Cuando una persona está presa, el Estado está comprometido a garantizarle los derechos humanos, y no hacerlo tiene unas consecuencias. El Estado salvadoreño firmó de manera voluntaria distintos tratados internacionales, y está obligado a respetar los derechos humanos de los privados de libertad.

¿Se da en el resto de América el fenómeno de que desde las cárceles se planifican un alto porcentaje de delitos?
En mayor o en menor medida, en las cárceles de todo el continente se planifican, se ordenan o se ejecutan delitos, por eso es legítimo que un Estado, dentro de su política penitenciaria, adopte medidas para minimizar esa situación…

Medidas que pueden vulnerar algunos derechos, pero, ¿cree que, en materia de derechos humanos, se puede aplicar la misma receta en Noruega y en El Salvador?
Para eso se fijaron unos estándares internacionales de respeto a la dignidad humana, y son de obligado cumplimiento para todos los Estados que los suscribieron. Las políticas penitenciarias de cada país tendrán sus variaciones en función de cuestiones culturales, pero los derechos humanos de los privados de libertad en El Salvador son exactamente los mismos que los de Alemania. Es una obligación garantizar el acceso a servicios de salud, a una alimentación adecuada, etcétera.

Repito: un plano teórico está fuera de toda duda, pero, ¿no resulta una vara de medir excesivamente rigurosa para democracias embrionarias?
En nuestra visita a El Salvador nos dimos cuenta de que el problema carcelario es estructural, que lo que se tiene hoy es consecuencia de la falta de políticas desde hace décadas, que es un problema al que el Estado salvadoreño nunca le prestó atención. No se trata de que a las personas privadas de la libertad les brinden condiciones de vida similares a las que tienen los ciudadanos de Suiza o Alemania, no; lo que se está pidiendo es que se diseñen políticas públicas encaminadas a resolver progresivamente las vulneraciones a los derechos humanos.

Las cárceles salvadoreñas están al 300% de su capacidad. ¿La cifra es tan escandalosa en otros países?
La sobrepoblación es un denominador común en Latinoamérica, pero el porcentaje en El Salvador supera ampliamente el de los otros países.

¿Qué cifra de hacinamiento la CIDH considera que ya es problemática?
Las cárceles, como cualquier otro edificio, se diseñan para albergar un número máximo de reclusos. Cuando sus habitantes superan ese número, comienzan a generarse conflictos, que se traducen muchas veces en desórdenes, descontentos, motines, etcétera. Cualquier cifra que yo te dijera de límite tolerable de sobrepoblación sería totalmente caprichosa, porque el hacinamiento, cuando hablamos de seres humanos, no se debe tolerar a ningún nivel.

¿Cuál es el promedio en el continente?
Los porcentajes de sobrepoblación en Latinoamérica oscilan entre el 50% y el 150% por encima de la capacidad instalada. En El Salvador, la sobrepoblación carcelaria es verdaderamente preocupante, aunque las autoridades locales nos aseguraron que en breve se iniciará la construcción de nuevas cárceles.

Conceptualmente, ¿es posible readaptar a alguien en estas condiciones?
No, la rehabilitación resulta imposible, simplemente porque no existen las condiciones materiales para llevar a cabo procesos de reorientación.

Teniendo en cuenta lo que conoció en El Salvador, ¿le parece exagerada esta metáfora: las cárceles son bodegas humanas?
Me parece razonable: las cárceles no deben ser solo un espacio físico para retener a las personas, sino que deberían tener lugares para trabajar, escuelas, centros de rehabilitación psicológica… Lo que se tiene ahora son recintos para meter personas y que no puedan escapar, como si estuvieran en una bodega.

¿Es muy aventurado inferir que estas condiciones fomentan la reincidencia tras el cumplimiento de la condena?
En la actualidad las cárceles no están cumpliendo la finalidad de la pena, que es la rehabilitación y la resocialización. En las condiciones actuales, los daños físicos, sicológicos y emocionales al proyecto de vida de una persona son tan grandes que, al salir, es muy probable que sigan delinquiendo.

Mejorar condiciones de los privados, ¿debe ser visto como gasto o como inversión social?
Como inversión social, obvio, porque sirve para mejorar las condiciones de la sociedad entera, no solo las de los privados. Indudablemente que una sociedad mejor pasa por invertir en rehabilitar, educar y resocializar a la población carcelaria, aunque los resultados no se vean de forma inmediata.

Por las entrevistas que mantuvo acá, ¿cree que la sociedad salvadoreña es consciente del riesgo que supone no modificar su modelo penitenciario?
Yo creo que es muy importante que, en materia de derechos humanos, toda la sociedad, y en particular las fuerzas sociales y políticas, se comprometan en el mejoramiento de las condiciones de la población carcelaria; en la visita encontré sectores y personas comprometidas, pero también hallé a personas e instituciones que conciben el tema como algo secundario, y que siguen viendo la seguridad solo desde la perspectiva de la represión.

¿Qué nos puede indicar la relación que una sociedad establece con sus propios reos?
Cuando una sociedad está comprometida con el respeto de los derechos humanos de todos sus miembros, incluidos sus reclusos, es señal inequívoca de que esa sociedad ha avanzado en la construcción de un modelo humanista, donde la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos son valores firmes. Pero hoy en día, ese sigue siendo uno de los grandes retos que tienen nuestras sociedades.

¿Se atreve a especular sobre lo que sucedería a medio y largo plazo si no se solventan los problemas detectados por la CIDH?
Desde el punto de vista social, las repercusiones serían muy graves, como el estancamiento del desarrollo democrático de la sociedad y el aumento de los problemas de seguridad pública. Pero desde el punto de vista jurídico y político, no cambiar sería una irresponsabilidad internacional del Estado salvadoreño muy grave, con las consecuencias que ello supone.