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Yo reo

El estatus social de un privado de libertad varía de un país a otro. ¿Por qué la sociedad nicaragüense es en general más condescendiente con los delincuentes que genera que la sociedad salvadoreña con los suyos?

 
 

Las personas encarceladas algún día dejarán de estarlo. ¿Nos conviene como sociedad que salgan sin haberse rehabilitado, con mayores resentimientos? Esta reflexión que parece tan sencilla de responder me la planteó un sacerdote acá, en Nicaragua, hace cuatro meses, en el primero de los viajes que he realizado para intentar conocer un poco mejor los entresijos del sistema penitenciario local. Ahora, sentado en una sala de la sede central de Confraternidad Carcelaria, platicando con su director, la pregunta vuelve de alguna manera a apoderarse del ambiente.

Nicaragua no tiene ni de lejos el problema de violencia e inseguridad ciudadana de El Salvador, el país en el que vivo, y quizá eso sea lo que justifique las evidentes distintas percepciones hacia los privados de libertad y hacia las cárceles en general. Cuando meses atrás visité el penal de Tipitapa, el más grande de Nicaragua, me sorprendió ver que el letrero que da la bienvenida lo patrocinara orgullosamente Coca-Cola. Dudo que muchas empresas en El Salvador quieran ver su logo relacionado con algo que genera tantos anticuerpos entre los salvadoreños como los centros penales y sus inquilinos.

Javier Quinto Re es el director ejecutivo de Confraternidad Carcelaria filial Nicaragua, una ONG de inspiración católica –presente en casi todo el mundo– que trabaja por y para los reos. Javier me está contando con evidente satisfacción el proyecto que acaban de poner en marcha: se trata de una pequeña oficina jurídica desde la que se brinda asesoría legal gratuita a los reos que no pueden pagarse un abogado. Como decía Monseñor Romero, "la ley es como la culebra, solo muerde a los que andan descalzos", y no tener a alguien afuera que vele por sus derechos hace que cientos de privados no puedan acceder a los beneficios penitenciarios que las leyes estipulan. Dicho en otras palabras, la nueva oficina se dedica a poner en la calle a los encarcelados.

Con una población total muy parecida, en torno a los 6 millones de habitantes en ambos casos, Nicaragua tiene 7 mil 200 privados de libertad y El Salvador casi 25 mil, en 8 y 19 cárceles, respectivamente. Hay 13 nicaragüenses encarcelados por cada 10,000 habitantes, mientras que en El Salvador esa cifra se dispara hasta los 40. Pero, más allá del baile de números, entre los dos países hay una notable diferencia en cuanto a la tolerancia que cada sociedad tiene hacia los reos que engendra. ¿Nos conviene como sociedad que salgan sin haberse rehabilitado, con mayores resentimientos? La misma pregunta genera debates distintos en uno y otro país.

—Entre su círculo de amigos, sus vecinos, ¿nota cierto rechazo por ayudar a los privados de libertad? –pregunto, traicionado por lo que intuyo que sucedería en El Salvador.
—No, al contrario –responde Javier–. El sábado pasado estuve hablando con algunos de mis amigos, y un par de ellos que tienen pequeñas empresas hasta me dijeron: mirá, me interesa, yo te podría ayudar, y no solo como voluntario, sino desde mi empresa.
—¿Síííííí?
—Tengo ya dos ofrecimientos de amigos: uno importa materiales educativos y el otro importa consumibles infantiles, tipo galletas, chicles y cosas por el estilo. Y los dos me han dicho lo mismo: cuando necesités donaciones para lo que sea, avisanos.

Son pequeñas pláticas en aparente intrascendentes como esta, y docenas en la misma línea que se van acumulando aquí y allá, las que me han llevado a concluir lo violentos e intolerantes que somos los salvadoreños que estamos fuera de las cárceles con los salvadoreños que están adentro, sean estos mareros, violadores, homicidas en defensa propia o ladrones de gallinas. Quizá lo lamentemos el día que dejen de estar encarcelados.

(Managua, Nicaragua. Julio de 2011)

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