Aunque utilice toda la diplomacia que conoce, es evidente que Luis Alberto Cordero está decepcionado. Es viernes 25 de noviembre en la capital de Costa Rica. Hace unos minutos terminó el decimonoveno encuentro latinoamericano de cara a la reunión que habrá en julio del próximo año en las oficinas centrales de Naciones Unidas, en Nueva York. Esa reunión abrirá por primera vez la posibilidad de que los 193 estados miembros ratifiquen la propuesta que Cordero ha defendido a capa y espada desde hace al menos una década, para un acuerdo entre los países que haga que las compras internacionales de armas de fuego sean más transparentes. Para saber, por ejemplo, qué Estado vendió a qué otro Estado, y si ese otro se quedó esas armas o las revendió. Ese acuerdo se llama Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), y no pretende regular la tenencia o portación de armas de los ciudadanos. Hoy que ha terminado el decimonoveno encuentro para buscar un acuerdo entre los países latinoamericanos sobre el TCA, Cordero ha tenido que retirar su propuesta de un pronunciamiento conjunto, pues muchos no querían firmarlo. Muchos ni siquiera quisieron hacerlo cuando se le llamó memoria, cuando se dijo que no era vinculante, que no comprometía en nada a ningún gobierno, que… Cordero decidió retirar la propuesta.

Además de ser embajador en misión especial de Costa Rica, para ese encuentro de 2011, Cordero dirige la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, el organismo que creó el ex presidente costarricense y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias. El TCA, aceptado en la ONU gracias al impulso de Arias, es administrado por la gestión de Cordero, que junto a la organización que dirige ha logrado que otros 20 Nobel de la Paz apoyen la iniciativa, así como más de 100 países. Sin embargo, en Centroamérica, solo Guatemala se ha sumado al espíritu que, por cierto, muy pocos creen que salga victorioso el otro año en Nueva York.

Si bien el TCA es la punta de lanza de la fundación, esta también se dedica a sensibilizar sobre la necesidad de desarmarnos, de que solo los agentes de seguridad de los estados puedan andar por las calles con armas de fuego.

Cordero, abogado de profesión, se sienta en uno de los cómodos sofás de la recepción del hotel y empieza una conversación en la que poco a poco, el lenguaje de la diplomacia va desapareciendo.  

Llevo meses pensando en comprar un arma para defenderme. ¿Qué opina?
Que si fueras policía, la fuerza de policía te la daría, igual en las fuerzas armadas, y si fueras guardia privado, también te la darían, y se supone que te entrenarían para usarla. Ahora, las armas en manos de civiles no contribuyen a nada. Aumentan la inseguridad de la familia, porque el que tiene un arma en su casa o en su vehículo o la lleva en un autobús, y se ve sorprendido por un acto de violencia e intenta usarla para defenderse, seguro que perderá ese enfrentamiento. El delincuente está más acostumbrado a utilizarla y cuenta con el elemento sorpresa. Las estadísticas dicen que al menos en la mitad de los actos de violencia el agredido que trata de defenderse con un arma de fuego termina siendo una víctima mortal. Desestimularía esa idea que lamentablemente tiene mucha gente en estos países. Hay mucha gente con arma de fuego que piensa que no va a utilizarla, y lamentablemente si llegan a utilizarla van a llevarse la peor parte cuando se enfrenten con un agresor.

Pero a nosotros muchos diputados, ministros e incluso policías nos alientan a tener un arma y defendernos. ¿Será que no han escuchado esa cifra que usted menciona?
Hay mucha gente que no está interesada en enfrentarse a los importadores de armas, distribuidores, a la gente que tiene negocios muy lucrativos de distribución de armas de fuego, desde pequeñas hasta calibres más altos. Hay una tendencia a minimizar el uso de armas de fuego pensando que la gente tiene un legítimo derecho a defenderse. Se parte de la premisa de que la única defensa posible es con armas de fuego. De lo que hay que hablar es de aumentar las fuerzas de policía civil con mandos civiles y entrenamiento civil, con sistemas bien desarrollados de inteligencia, para anticipar las actividades del crimen casual y organizado. Así como hay una epidemia de armas de fuego hay otra epidemia de empresas de seguridad. La inseguridad es un negocio. Representa un clarísimo fracaso del Estado en una de sus funciones indelegables: proteger a sus ciudadanos, garantizarles su protección física y la protección de sus bienes. ¿Que los Estados no están en capacidad de garantizar eso? Sí, es muy cierto. En los países desarrollados, sí. La tenencia de armas de fuego hay que sumarla a la renuncia del Estado a brindar protección a los ciudadanos. Entonces, las empresas de seguridad se multiplican, y en muchos casos sus propietarios son ex miembros de las fuerzas armadas o policías, o incluso hemos escuchado, de militares y policías activos.

Y diputados…
Seguramente operadores de los partidos políticos, pero principalmente he escuchado de militares y policías. Es un gran negocio. Es la única manera en la que me explico que no haya legislaciones restrictivas en el acceso a la tenencia de armas. No es lo mismo ir a comprar unos zapatos que un arma de fuego. Y la verdad es que en las legislaciones centroamericanas, la dificultad para comprar un arma de fuego es apenas poquito mayor que la de comprarse un televisor.

En El Salvador, la Policía no puede garantizarme la seguridad. En Honduras, no solo eso, sino que la Policía alberga poderosos grupos criminales en su estructura. ¿No le parece normal que un hondureño reclame como derecho tener un arma?
No. Entendemos que en las fuerzas de policía hay corrupción, en unas más que en otras. Entendemos que la corrupción puede llegar a niveles enormes, que hay fuerzas de policía operando en América Central  como grupos de limpieza social. Ahora, ¿qué puede hacer un ciudadano armándose ante esa realidad? ¿Contra quién se va a enfrentar? Si se enfrenta a fuerzas de policía corruptas, lleva las de perder; si se enfrenta con otras expresiones de criminalidad organizada, lleva las de perder. ¿En qué mejora ese ciudadano su condición con el arma de fuego? Su indefensión va a seguir siendo la misma. Quizá la sensación de sentirse protegido porque tiene un arma le permita vivir un poco más tranquilo, pero en el primer momento que tenga que usarla, se acabaron las percepciones, va a enfrentar la cruda realidad y se va a enfrentar con alguien dispuesto a usarla. La ventaja de poseer un arma de fuego es un espejismo. Hay estadísticas. En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial estima que, a pesar de que son muy pocos los casos en que el agredido intenta defenderse con su arma de fuego, en al menos la mitad de esos casos, la víctima, intentando defenderse con su arma de fuego, termina siendo una víctima mortal, en lo que probablemente hubiera sido solo un asalto.

Que se sepa que estamos hablando de armas legales, de la que pueden comprarse en una armería.
Así es. La legislación (del TCA) solo va a endurecer, si hubiera voluntad política, los requisitos de alguien que quisiera tener un arma de fuego legal. Cosas como someterlo a un examen sicológico real, que tiene las condiciones de equilibrio emocional, de alguien que en posesión de un arma de fuego no la utilizaría salvo que se vea forzado, y que no en un pleito familiar se vuelva loco. La legislación, por rigurosa que sea, no va a poder controlar el tráfico ilegal de armas de fuego, que en muchos casos circulan en ese país porque han sido perdidas, robadas o vendidas deliberadamente, especialmente por agentes de las empresas de seguridad, y se meten en el mercado ilegal. El mercado legal de armas de fuego es un contribuyente importante al circulante de armas de fuego ilegales: gente que las roba, gente que las vende y no las reporta o, como hay muchos casos en Costa Rica, donde el vigilante de seguridad es sorprendido y le quitan el arma. En la mayoría de casos no lo han sorprendido, es un cuento para justificar que vendió el arma, gente que tenía una semana trabajando en esa empresa y luego se incorpora a otra, el negocio de hacerse emplear y luego hacerse robar. Armas de 300 o más dólares.

Acerca de eso del perfil sicológico, las pruebas de tiro y los antecedentes penales, todos los países de Centroamérica lo hacen, tienen esas pruebas, verifican antecedentes.
Sí, estoy seguro de que intentan hacerlo, que lo hagan bien… Mire, aquí acaba de haber una investigación sobre los exámenes de idoneidad para portar armas realizados por sicólogos que han estudiado en universidades reconocidas, que el ejercicio de sus actividades lo controla el colegio profesional de ese gremio, y se ha demostrado estadísticamente que hay uno o dos sicólogos que en períodos de tiempo realmente cortos han hecho 2,500 o 3,000 exámenes. O sea, que probablemente han hecho una cosa superficial de cinco o diez minutitos. Si le pregunto: ¿usted se siente en capacidad de usar un arma? ¿Usted es capaz de controlar sus impulsos si lo insultan? Usted dirá que sí. No hay una prueba rigurosa. Las policías dirán que cumplen con la ley. El tema es cuál es la rigurosidad. La prueba práctica de tiro, por ejemplo, cualquiera puede pasar esa prueba. Hay niveles de improvisación, de corrupción importantes en todos estos casos. Conocemos de leyes que en la letra son intachables, pero en la implementación, no. La capacidad de algunos estados está desbordada para dar seguridad a la gente, también para controlar a las empresas de seguridad, como algunas que se instalan en una oficina, le dan un uniforme a sus agentes, cero entrenamiento, les dan un arma… Y los controles de la policía sobre los inventarios, las armas, municiones, antecedentes delictivos de esos agentes, nada, todo eso se pierde.

Si usted fuera candidato a cargo público de seguridad en Centroamérica perdería de lejos con todo eso de disminuir las empresas de seguridad y poner más controles para la compra de armas.
Absolutamente, igual si dijera que no hay que vender armas a los ciudadanos. No me eligen para nada, no habría posibilidades de ganar un cargo de elección popular. La gente está muerta de miedo. Hay que ser realistas. En las alcaldías, por ejemplo, y El Salvador es uno de esos casos, muchos municipios establecen vedas, sobre todo los fines de semana que la gente se echa sus tragos, se va de fiesta. Eso es mucho más efectivo que cualquier legislación. Basta que la ley permita restricciones temporales y otorgue facultades a algunas autoridades para establecer medidas de reducción de la inseguridad, basta que un alcalde se plante y diga: entre el jueves y el fin de semana, prohibida la portación en lugares públicos, y ponga multas importantes, revocatorias de permiso… Los índices se reducen. A lo sumo, el pleito termina en una trompada. ¿Qué si eso resuelve el problema? No, hay que atenderlo desde diferentes dimensiones: desestimular el uso de armas de fuego con educación ciudadana, con legislación restrictiva,  limitar a casos excepcionales la portación, y establecer vedas temporales de portación. Todas esas medidas, en el largo plazo pueden reducir la violencia armada. La reducción de la criminalidad requiere otros esfuerzos además, educación, desarrollo humano. En el corto plazo lo que se necesita son fuerzas de policía bien entrenadas y honestas.

O sea, reducir el número de personas que andan caminando por ahí con un arma legal. Póngalo en cifras. ¿Cómo está de armada Centroamérica?
Hasta los dientes. Las armas registradas, según los datos oficiales en América Central, andan en un promedio de 350 mil. ¿Y cómo calcular las que circulan ilegalmente? Estimaciones conservadoras nos dirían que en América Central deben circular unos 3 millones de armas de bajo calibre, incluyendo las registradas. ¿Quién tiene control sobre eso? ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Para qué las están usando? Las estadísticas son fatales. Los centroamericanos tenemos el dudoso honor de ser la subregión más peligrosa del mundo. El promedio de homicidios en América Central es 11 veces más alto que el promedio mundial, y claro, hay países que rebajan el promedio y otros que lo suben. Eso sí, entre los que matan mucho y menos no hay quien no mate de manera epidémica. Los costos de la violencia armada representan en promedio cerca de un 10% de la riqueza centroamericana. Eso le cuesta a los estados atender a los heridos por arma de fuego en un hospital por un balazo accidental en la pierna, o el intento de revivir a alguien que ha recibido impactos. No solo nos estamos matando, sino que nos está costando una fortuna. Un estudio reciente habla de que el costo en seguridad de las empresas en la región anda en el orden de 4 mil millones de dólares en costos de seguridad: alarmas, puertas de seguridad y agentes en todas las entradas de centros comerciales.

Cuando menciona cifras como estas o como las de la probabilidad de morir si uno anda armado, pareciera que es demostrable matemáticamente que leyes como la de portación matan inocentes.
Absolutamente. Es demostrable, es verificable, las fuentes son múltiples y confiables: cifras de la Organización Mundial de la Salud, de universidades respetables, de Naciones Unidas. Gente a la que le duele presentar una investigación que diga que su país es el más violento del mundo, como en Honduras y El Salvador. Si los legisladores no ponen atención son corresponsables. ¿O será que creen que solo pasa en otros países?

¿O será que defienden ese millonario negocio de armas?
No me extrañaría, porque la contundencia de estos datos es incontrastable. Es decir, si yo no reacciono a esos datos y aún así me presto a legislar de una manera contraria a las estadísticas, no puedo más que concluir que mis intereses personales son diferentes a los intereses nacionales. Porque yo no puedo creer que sea gente que no entiende. No hay que ser un genio para leer estos números y decir: este texto que tengo aquí que me preparó mi asesor, lo comparo con estos números… Esto no va a funcionar. Son cifras de una región que está híper-diagnosticada en las causas de la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la inseguridad. Desafortunadamente, todos los estudios son negativos, pero no puede ser que uno no pueda entender si la legislación que va a aprobar ayuda a enfrentar esas causas o no. Si legislo de manera contraria a todo lo que los estudios están diciendo, solo puedo tener dos problemas: o soy un perfecto estúpido y no entendí, o mis intereses personales son inconfesables y no legislo de esa manera porque no me conviene.

Lleva años en el lobby del TCA, que no prohíbe la portación de armas, que solo transparenta las transferencias internacionales de país a país. Ni siquiera tiene un consenso centroamericano al respecto. ¿No lo frustra su trabajo?
La frustración en un trabajo como este debe ser pasajera, porque si se queda, se fregó la cosa. El TCA no impide que la gente compre armas, ni siquiera impide que los países produzcan, ni obliga a que produzcan menos. Les estamos pidiendo que controlen sus transferencias. ¿A quién le venden? Si al que le estoy vendiendo tengo alguna indicación de que va a hacer una venta a un tercero, debería de preocuparme de marcar mis armas y mis municiones, para saber a dónde terminaron. Una buena cantidad de minas antipersonales que se descubrieron en Libia antes de que la comunidad internacional pudiera sacar a ese déspota, se fabricaron en Brasil. ¿Cómo llegaron si hay miles de kilómetros? Y no es culpa de los brasileños, si hace más de 15 años que no producen esas minas. Un buen registro de transferencias debió haber permitido a los brasileños decir que hace diez años le vendieron a un país, y este a otro, y así hasta que terminaron en Libia. Claro que es frustrante, pero no nos puede paralizar. A mí me parece inconcebible que cuatro países centroamericanos en la subregión más violenta del mundo aún no se hayan pronunciado sobre el TCA: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

¿Ninguno de los dos países más violentos del mundo, Honduras y El Salvador, se han pronunciado sobre el TCA?
Solo Guatemala (en la región). Sin reserva, con toda decisión, solo Guatemala, está apuntado al tratado más riguroso de control, lo apoya.

Le recuerdo que en Guatemala acaba de ser electo como presidente un militar en retiro que promete aumentar el número de militares y de armas para estos.
Bueno, solo esperemos que no cambie de posición. Seguramente nos hace falta más esfuerzo, más tiempo para que los estados adopten decisiones, pero me parece inconcebible que Centroamérica no tenga una posición común y a favor. Vamos a darle poco espacio a la frustración, que ciertamente es recurrente.

Busco un argumento para decir no al TCA, y solo se me ocurre pensar en que algunos no quieren más claridad en las transferencias, porque eso les implicaría poder comprar menos o poder vender menos. ¿Ponen sobre la mesa otros argumentos?
Bueno, es que si no te estamos pidiendo que vendás menos, que deshagás tu negocio que te deja tanto dinero, solo te estamos pidiendo que hagamos transparentes todos los movimientos. Soy muy tajante en esto. Quien no quiere transparencia en las transferencias de armas de fuego es un corrupto, así de simple. Y es lo único que estamos pidiendo, ojalá que pudiéramos pedirles otras cosas, como que no le vendan a fulano, que produzcan menos, en fin… Ojo, no todas las negociaciones de compra y venta de armas se producen entre operadores privados, es decir, una fábrica privada en algún lugar de Europa y un comprador privado; no, hay producción por Estados, por fábricas estatales que están vendiendo a otros estados. ¿Cómo pueden decir que la transparencia en el comercio de armas no es necesario? ¡Por dios! Razonablemente hablando, en cualquier actividad donde se involucren fondos públicos, nadie puede decir que no es deseable la transparencia. Resulta que las actividades de compra y venta de armamentos con fondos públicos son muy cuantiosas. ¡Claro que se necesita transparencia, si es la plata de toda la gente!

Póngale cifras a esa plata.
El gasto militar en el año 2010 alcanzó los 1 mil 630 millones de millones de dólares en el mundo. Con menos de un 10% de ese gasto militar podríamos haber cumplido con todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se supone que tenemos que cumplir para 2015. ¡Por supuesto que no los vamos a alcanzar! En Centroamérica, esa cifra anda en el orden de los 2 mil millones de dólares en el 2010. Gasto en general: compra de armamentos, pago de sus fuerzas armadas, pago de pensiones. Pero vamos a ver, uno de los países más pobres de América Latina, con niveles de desempleo del 60%, con ingreso per cápita que cuando mucho llega a 800 dólares, con flujos migratorios importantes como Nicaragua, acaba de anunciar las intenciones de compra de aviones de combate y unidades de patrullaje marítimo con el pretexto de combatir el narcotráfico. ¿Desde cuándo se enfrenta al narcotráfico con aviones de combate? ¿Acaso hay combates aire-mar o aire-tierra contra los narcotraficantes? Mientras uno no le meta mano a las finanzas de los narcotraficantes, la lucha armada es un recuento de víctimas de los dos frentes y capturas sonadas. Hay que controlar las finanzas, y claro, el acceso a las armas. Buena parte de las armas del narco vienen de Estados Unidos, de cerca de las 10,000 tiendas que, como si fueran supermercados, están en la línea fronteriza con México y le venden a cualquiera. Los narcos ni tienen que preocuparse por comprar un M-16 usado, si lo puede comprar nuevo, y todo el mundo quiere estrenar.

Ya dijimos que con el TCA cualquiera podrá seguir armado en la calle, que es solo transparentar las transacciones internacionales para establecer responsabilidades. En tanto eso, me suena a que es como si un padre le dijera a su hijo mayor: está bien, seguí golpeando al chiquito, solo que con la luz encendida.
Sí, sí, sí, el TCA puede terminar siendo un espejismo. El secreto va a estar en la implementación, en la verificabilidad del cumplimiento. Es como otras leyes que uno lee y dice: qué bárbaros, qué buena ley, que dicha que la aprobaron, felicidades. Eso nos puede ocurrir. Tenemos que tener la capacidad de darle garras y colmillos a una oficina que se encargue de verificar esas transferencias, que pesque a alguien cuando se dé cuenta que un país compró y vendió a un tercero y esa transferencia no se registró. Si no hay un organismo que verifique y haga controles cruzados de diferente naturaleza, se quedó en letra muerta. Sería como seguir pegándole al chiquito solo que con la luz encendida, o decirle: pegale, solo que contame que le pegaste. Sería muy fácil adoptar un TCA suavecito, que no nos complique la vida. El TCA del que hablamos tiene que tener sanciones, no solo decirle que por favor no lo vuelva a hacer. Sanciones como las de la Organización Mundial de Comercio, así como se imponen los embargos internacionales.

Dijo hoy Óscar Arias que en el mundo solo los banqueros son más poderosos que los vendedores de armas. Viendo a quiénes se enfrenta, le pido que construya una metáfora sobre su poder de lobby internacional frente al poder  que tienen estos empresarios.
La metáfora sería esta: los lobbystas de las armas son el Barcelona y los lobbystas de la regulación son el FAS, de El Salvador. No hay comparación con esos galácticos, tienen toda la plata, las destrezas, el tiempo. Esa gente juega y trafica con el miedo de la gente, son los lobbystas del miedo: ¿cómo se te ocurre? tenés derecho constitucional de defenderte, de defender a tu familia, ¿cómo que solo un arma? Podés comprar todas las que querás comprar. Están detrás de una industria multimillonaria. El elemento miedo es difícil de manejar.

Cuando se escuchan los discursos de los burócratas, como algunos de este encuentro, da la impresión de que se indignarían hasta el llanto las familias de las víctimas mortales de Centroamérica al ver cómo se negoció la bala de su desgracia.
Sería muy frustrante enterarse que el arma se la vendieron a un tipo que nunca probó su idoneidad. Se sentirían muy mal. Podría sentirse bien, aunque no recobre a su ser querido, si se da cuenta de que hay muchos países a favor, pero unos cuantos en contra es suficiente para que cualquiera se sienta muy mal. Hasta ahora en mi experiencia de vinculación con el tema no he escuchado ni un solo argumento convincente, ni uno solo en el que dijera: ¡carajo, en esto sí que no había pensado! Los argumentos son las cosas de la burocracia más impresionantes. Dicen que ya hay suficientes herramientas. Mentira, no hay ninguna. Hay herramientas para regular ciertas regiones del mundo, 15 países, ocho por allá, cuatro por aquí, pero algo que aplique parejo a todo el mundo no existe. Que las ventas de armas son suficientemente transparentes. Eso es mentira. ¿Acaso hay la obligación de reportar todos esos movimientos en el mundo? ¿Acaso hay seguimiento? ¿Acaso hay un organismo imparcial que controla quién le vende a quién?

¿Y lo de dejar a tanta gente sin empleo?
Si se quiere, es el único argumento atendible. ¿Pero cuánto representa la industria armamentista en la riqueza de cada país, en el producto interno bruto? No es la principal actividad de la gran mayoría de países. En la mayoría de países no sería una tragedia que se regulara. Y vamos de nuevo, nadie les pide que limiten la producción, nadie les quita el empleo, solo que la transparenten. A menos de que eso reduzca las ventas, lo que sería importante para sacar conclusiones.