Dentro de una hora y media, cuando las grabadoras se hayan apagado, el director general de Centros Penales, Douglas Moreno, nos regalará una última confesión: “Para mí es muy importante dormir tranquilo”. Hoy por hoy, nos asegurará, duerme tranquilo. Lo dirá con un tono firme y convincente, y logrará transmitir esa sensación de tranquilidad consigo mismo con su determinación por llamar a las cosas por su nombre. Douglas Moreno huirá de lo políticamente correcto y llamará escusados –o sea: retretes, toilettes, letrinas, cagaderos– a las cárceles bajo su responsabilidad, admitirá que siguen siendo centros de operación del crimen organizado y que en ellas se violan los derechos humanos.

Moreno va camino de los tres años en el cargo y cuesta poco echarle en cara la lista de medidas que ha propuesto por gusto. Propuso brazaletes, y nada; propuso la excarcelación de ancianos, enfermos terminales y reos con delitos menores, y nada; propuso ampliar la capacidad con contenedores de metal, y nada; propuso más y mejores cárceles, y nada; propuso... El sistema penitenciario salvadoreño está más hacinado que nunca –arriba del 300% de su capacidad–, un mal que se ha extendido a las bartolinas policiales, y el director de Centros Penales admitirá que esta situación no mejorará sustancialmente antes de junio de 2014, cuando en teoría finaliza su mandato.

Pero hoy por hoy, nos asegurará, duerme tranquilo: “Yo me estoy rompiendo para que esto se transforme, y el presidente de la República, al menos hasta este día, me apoya”.

Quizá sea ese apoyo de sus superiores que vende como incondicional –incluido el del nuevo ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés– el que le permitirá llamar escusados a las cárceles o admitir que el mandato constitucional de la rehabilitación es una utopía. Irá incluso varios pasos más allá, al acusar a la gran empresa privada de tener intereses en que las cárceles revienten, para proponer luego su privatización.

“Aunque después de esta entrevista puede que ya no tenga el trabajo”, nos dirá.

Hace más de un año nos dijo que las cárceles eran centros de operación del crimen organizado. ¿Lo siguen siendo?
Sí… pero ahora les cuesta más.

¿En qué lo nota?
Hoy interceptamos más información a través de notas escritas, y que estén escribiendo más significa que algo les está fallando en los sistemas tradicionales de comunicación.

También dijo que la corrupción afectaba no solo a los custodios, sino a médicos, abogados, maestros, pastores, incluso a los militares. ¿Sigue la corrupción en todos estos segmentos?
Sí. Lo último que nos pasó, hace unos días, es que a un grupo de profesores del penal de San Francisco Gotera se les incautaron en sus escritorios 1,500 dólares y paquetitos para ocultar teléfonos. Cada teléfono celular o cada paquetito con droga que encontramos en las requisas son la prueba de que la corrupción sigue.

Han usado bloqueadores de señal, los militares hacen registros y han graduado a nuevos custodios, pero pareciera que nada surte efecto.
La corrupción ha disminuido en Zacatecoluca, en Ilopango y en Quezaltepeque, que es donde hemos cambiado a los custodios, pero todavía se sigue rompiendo el cerco y entran teléfonos: eso quiere decir que hay que seguir trabajando.

Se ha cumplido ya la mitad de la gestión del presidente Mauricio Funes. ¿Qué tenía presupuestado haber logrado para estas fechas y qué de todo eso no ha conseguido?
En primer lugar, algo que yo no tenía presupuestado conseguir era que las cárceles se convirtieran en un tema de debate nacional. Y ha pasado. Tampoco tenía presupuestado que el nivel de corrupción casi fuera total. Antes de llegar pensé que la corrupción se mantenía no más en cierto nivel de agentes de seguridad, pero no, esto es como hacer un agujero en arena, que por más que escarbés siempre se vuelve a llenar. Aún sigue siendo muy duro el nivel de corrupción.

¿Ha mejorado en algo el sistema penitenciario?
Lo dicho: que se convirtiera en una discusión nacional para mí es altamente positivo.

Veamos: usted vende como logro haber puesto el tema en la agenda pública, pero si, cumplida la mitad de su período, nos dice que la corrupción no ha cesado...
Entonces hay que seguir luchando, porque es un tema estructural sumamente complicado, aunque para la mayoría sea un tema marginal, algo que debería estar escondido… Muchas personas de poder lo manejan de esa forma.

Usted ha solicitado brazaletes, ha propuesto más cárceles, sugirió usar contenedores… pero pasa el tiempo y el hacinamiento bate récords. Da la impresión de que tampoco dentro del gabinete de seguridad se le está escuchando.
Es por la complejidad del problema. Si al comenzar la cosa estuviera desde cero, lo avanzado sería más dos o más cinco, pero el problema no estaba en cero, sino en menos seis. Obviamente todo lo que hemos avanzado no se alcanza a ver, porque era una situación tan desbaratada que había primero que estructurarla y ordenarla. Aún debe construirse la política pública sobre el sistema penitenciario, algo que espero terminar en esta gestión.

Denos una señal de que al gabinete de seguridad le han interesado sus propuestas.
Bueno, miren, eso depende de la forma en la que se percibe. Ustedes tienen el legítimo derecho de percibir que el gabinete no me respalda, pero apoyar un proceso de depuración no es fácil, y el presidente de la República me ha dado el aval para depurar.

¿Y qué iba a hacer el presidente? ¿Decirle: Douglas, no depure?
Hay que mirarlo desde la perspectiva de todo lo que estamos enfrentando, que es muy complejo, y que supone que, cuando se depura, hay primeras planas que, lejos de aplaudir la medida, la critican. Se necesita un respaldo político para lo que se hace, porque también se tocan intereses de personas y sectores que no están contentas con los cambios.

¿Se siente satisfecho con el respaldo que le han brindado sus superiores?
El respaldo político es fuerte, aunque el problema de escasez de recursos es distinto. Lo de los brazaletes, por ejemplo, ¿cómo hago para lograr fondos si la competencia es contra programas de educación y salud? El Salvador es un país pobre, y la prioridad deben ser salud y educación.

Dice que hay sectores que se oponen. ¿A qué se refiere exactamente?
Sectores. En el poder judicial, por ejemplo, hay magistrados que no quieren depurar a determinados jueces. Por eso digo que hay que tener un apoyo político fuerte cuando se hace una depuración, porque en mi caso hasta he recibido llamadas para que no despida a algunas personas.

¿Llamadas de políticos?
Sí, políticos y diputados llamándome para que no se despidiera a determinadas personas, y ante eso hubo un apoyo muy fuerte del exministro Manuel Melgar para decir que no íbamos a retroceder.

¿Diputados presionando para que no despidiera a corruptos? ¿De qué partidos?
No creo que me alcance el apoyo político para responder a eso…

¿A qué sectores les interesa que el sistema penitenciario no mejore?
Han sido evidentes las discusiones que se han tenido a nivel macro para que este país no camine en muchas cosas, y lo acabamos de vivir con la reforma fiscal. Yo creo que si alguien habla de avanzar en productividad o en seguridad, pero el tema de cárceles se sigue viendo como una cloaca, está perdiendo la visión.

Pensamos que se refería a intereses específicos para que el tema penitenciario no avance, no a los grandes debates nacionales…
Es que es bien complicado…

¿Decirlo?
Correcto.

Queremos apuntillar esto porque puede echar a volar la imaginación del lector. Cuando dice que el presidente lo respalda, ¿contra qué fuerzas lo tiene que respaldar?
Sectores. Hay un partido político, por ejemplo, que ha aglutinado a todos los empleados destituidos. Sesionan cada semana con ellos.

¿Qué partido?
No se lo voy a decir. Piensen quién será.

* * *

En este punto de la entrevista comenzamos a enumerar una interminable lista de defectos y violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario salvadoreño –consecuencia directa de lo observado en nuestras visitas de campo a las cárceles–, cuando suena con insistencia una de las puertas del despacho. Al instante entra un funcionario con el gesto nervioso, y Douglas Moreno salta de su silla. El funcionario nos dirige una sonrisita cortés, espera a que su jefe se acerque y los dos hablan en susurros durante varios minutos en una esquina.

Moreno regresa ceñudo a la mesa de reuniones, no dice nada sobre la plática con su subordinado y estira el brazo para alcanzar una página en blanco. Antes siquiera de permitirnos repetir nuestra larguísima pregunta, comienza a dibujar y a explicar sus dibujos: “Este es Estados Unidos, esta es Colombia, en medio quedan Centroamérica y México…”. El sucedáneo de mapa regional de las venas del crimen organizado comienza a tomar forma, con sus flujos de narcóticos, con sus bandas rivales. Hasta que llega a El Salvador. Ahí aparecen una Policía Nacional Civil con carencias, una Fiscalía General sobresaturada y no exenta de sospechas, un Órgano Judicial imposible de sanear. De garabato en garabato Douglas Moreno llega a una esquinita de la hoja de papel. Ahí escribe en pequeño la sigla DGCP: Dirección General de Centros Penales. Se detiene para estar seguro de que hemos notado cuán pequeñita ha dibujado aquellas letras dentro del organigrama general.

Entendemos que Centros Penales es solo un eslabón en una cadena, pero, en ese escenario, ¿qué entendería por éxito y qué entendería por fracaso al final de su gestión?
Vamos a ver... En un tema de calidades y no de cantidades, para mí sería un éxito que realmente llegue información al pueblo de cómo es nuestro sistema carcelario. En la actualidad tenemos escuelas, recintos municipales para bolos e instalaciones militares que terminaron convertidas en cárceles, pero que no fueron concebidas como cárceles. Eso es lo primero que hay que decir: que en un país con una delincuencia de primer nivel, similar a la que enfrentan Estados Unidos o México, nuestras cárceles son lo que son. Pero la empresa privada dice: “No, a mí no me interesa discutir sobre cárceles si no las privatizamos”. Eso han dicho públicamente, que quieren convertir las cárceles en un negocio.

Entonces, para usted será un logro de un quinquenio explicar a la gente lo que tenemos.
Hacer una pedagogía de lo que existe, sí.

¿Qué más va a entender por éxito?
Los internos tienen que cumplir su sanción, pero en una situación como la que tenemos es complicado mantener el control de las cárceles. Y para que se cumplan las sanciones necesitamos tener el control. Si se recupera el control, se habrá avanzado mucho.

¿Qué hay de construir nuevas instalaciones?
A estas alturas me conformo con tener una política pública penitenciaria que incluya la infraestructura como uno de sus ángulos. Ningún país del mundo civilizado permite que un privado de libertad pase a la fase de cumplimiento sin al menos intentar que se cumpla el propósito de la rehabilitación. No podés hacer cárceles solo para la custodia, sin contemplar la rehabilitación desde su diseño.

¿Y qué entendería por fracaso?
Que este tema se vuelva a oscurecer y que no interese a nadie. Que no dejemos un marco abierto para iniciar el proceso de cambio.

Da por sentado que hasta 2014 se seguirá incumpliendo el artículo 27 de la Constitución, que establece que el sistema penitenciario es para la readaptación de…
Es que si todo eso no se toma en cuenta, si no hacemos esa revisión sincera, ni siquiera tenemos un sistema. No tenemos nada.

Pero...
¡Es que no hay sistema penitenciario! Tenemos cosas que llamamos cárceles, pero no son cárceles. Al llegar al cargo yo las llamé bodegas, pero fue solo porque la palabra escusado iba a resultar muy fuerte para algunas personas e irrespetuosa para los privados de libertad. Pero eso es lo que tenemos realmente: escusados. En El Salvador y en buena parte de América Latina las cárceles se ven así, como escusados.

¿Se ve con posibilidades reales de sentar esas bases de transformación?
Sí, veo posible poner el tema en discusión y decirle al país: estos son escusados y hay que transformarlos en un verdadero sistema penitenciario. Yo percibo que tengo la fuerza para hacerlo... aunque después de esta entrevista puede que ya no tenga el trabajo.

¿El cambio de ministro puede afectarle?
Cuando cambia un ministro, el nuevo puede apoyarte o no, y David Munguía Payés me está apoyando, me ha dicho que siga adelante.

¿Hay un giro perceptible en la manera en la que Munguía Payés entiende el papel del sistema penitenciario en su esquema de seguridad respecto al exministro Melgar?
No casarse con dogmas es importante. La visión del nuevo ministro la hemos venido discutiendo desde hace cuatro o cinco años, y yo he aprendido del enfoque que él tiene sobre la delincuencia, y he visto que su enfoque y el mío pueden fusionarse bien.

¿Tenía más diferencias con Munguía Payés cuando era ministro de Defensa?
Yo con David, con el ministro de Defensa y ahora con el ministro de Justicia y Seguridad, he tenido a lo largo del tiempo grandes coincidencias, y las diferencias normales en el proceso de juicio crítico de dos personas que piensan y que no se aferran a dogmas.

Usted propuso que los militares dieran seguridad perimetral a las cárceles, pero antes nos dijo que ha permeado la corrupción entre ellos. ¿Se arrepiente de esa medida?
No. Fue una decisión dura, difícil, complicada… todo eso ya lo he dicho en público… pero era una medida necesaria.

¿Siente que se está corrompiendo la Fuerza Armada?
Tal vez algunos soldados, individualmente, pero no la Fuerza Armada.

El solo hecho de la presencia de militares en la seguridad perimetral, ¿no refuerza la idea de que cuando las instituciones civiles no funcionan hay que llamar a la Fuerza Armada?
Es algo contemplado en la Constitución. Y yo lo sigo defendiendo como una excepción, circunscrita únicamente al perímetro y consciente de que tiene costos y riesgos. Aún tenemos una situación excepcional en los centros penales: hay que depurar, formar al nuevo personal y enfrentar a los privados de libertad más peligrosos, y no podemos llevar al mismo tiempo los tres procesos sin reforzar la seguridad.

¿El nuevo ministro coincide en que es una medida excepcional y temporal?
Hasta donde sé, sí.

Volvamos al tema de la privatización. ¿Insinúa que hay interés en que el sistema colapse con el único objetivo de privatizarlo?
Hay grupos que han dicho públicamente que solo van a colaborar si se privatizan las cárceles.

Pero eso no necesariamente implica que deseen que el sistema fracase.
Yo eso es lo que veo, que quieren que no funcione para que lo privaticemos. Esa es su única alternativa.

¿Cree que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) quiere que el sistema colapse?
Sí, para privatizarlo. Quieren administrarlo y que al Estado le cueste 30 dólares diarios cada reo que el sector privado tenga en custodia.

¿Hay algún problema en que eso sea así?
Que se convierte en negocio, y entonces los que administran las cárceles no quieren que la población reclusa disminuya, sino que cada vez haya más y más. Y en esa lógica, una política de seguridad que prive de libertad a más gente es mejor, porque es más negocio. De hecho, que en la actualidad siga aumentando el número de reos ya supone más negocio para Aliprac, la empresa que abastece de comida las cárceles…

* * *

Un silencio acentuado por el ruido del aire acondicionado se apodera de la sala por unos instantes. Los tres entrevistadores nos miramos, pero ninguno se decide a tomar la palabra. No lograremos consensuar cuál es la razón de fondo, pero al salir de este despacho glacial los tres concluiremos que Douglas Moreno aceptó esta plática porque quería ser especialmente crudo en sus declaraciones. Llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos, algo poco habitual en un funcionario de alto nivel, en especial cuando se refiere a instituciones como la ANEP, con un incuestionable peso entre los líderes de opinión y los tomadores de decisiones de este país.

Es el propio Douglas Moreno el que decide romper el silencio cuando comienza a tornarse incómodo… “Qué silencio más yuca”, dice.

Es que le íbamos a preguntar cómo es su relación con la empresa privada, pero después de lo que ha dicho no tiene mucho sentido...
Un momento, yo he hablado de la ANEP, no de toda la empresa privada. Hay que hacer una distinción. A la ANEP le interesa privatizar las cárceles, pero los dirigentes de la ANEP no son toda la empresa privada. Nosotros trabajamos muy bien con otro tipo de empresarios. Los hay que contratan a privados de libertad.

Trabajos de tipo…
No quisiera mencionar marcas ni nada, pero una empresa nos pidió fabricar mil bolos, para jugar boliche. Y no es cualquier cosa: cada pieza tenía que ser con un peso, una calidad… La mano de obra se negoció, y no es todavía el mínimo, pero tampoco se pagó algo indignante. No tengo duda de que fue un buen gesto de ese empresario, una manera de tratar de ayudar.

Y esos mismos empresarios le piden que no de sus nombres…
Así es. Ustedes saben que hay una sociedad resentida con los privados de libertad.

Usted ha cuantificado en 247 millones de dólares sus necesidades más inmediatas. Con esa cárcava financiera sobre la mesa, ¿cómo se explica que haya empresarios que crean que pueden lucrarse con el manejo de las cárceles?
Es por la usura en la que vivimos. ¿Qué hacen los usureros, pues? Ellos logran mucha rentabilidad exprimiendo a la gente. Incluso a Marx le costaría entenderlo, porque nuestro capitalismo no llega ni a eso: capitalismo. En El Salvador lo que tenemos es rapiña y usura, no capitalismo.

¿La ANEP pretende ser un grupo de usura y rapiña con el sistema penitenciario?
Sí… sí.

De todos modos, cuesta imaginar que alguien tome las riendas de Mariona y lo vuelva un negocio rentable.
Pero ellos no quieren agarrar Mariona. Su idea es construir una cárcel para 300, pedir los 300 mejor portados, y que el Estado les pague por tenerlos. Pero bajo sus condiciones: 300 presos, no 301, y nada de agarrar Zacatecoluca, no.

Pero sí ve viable que un privado construya una cárcel y se la alquile al Estado.
En el proyecto público-privado eso es lo máximo a lo que se puede llegar: que el privado construya, que se lo rente al Estado y que al cabo de unos años pase a manos del Estado. Yo solo hasta ahí podría llegar. Y el ministro está de acuerdo en esto.

Ha sido muy explícito para oponerse a la privatización y a que la presencia de los militares vaya más allá del perímetro. ¿Renunciaría si cambiaran esos puntos?
Ya no tendría nada que hacer aquí.

¿Cómo es su relación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)?
Excelente. Es excelente… en serio. Podemos tener diferencias sobre algún punto concreto pero, al igual que el señor procurador, yo estoy convencido de que el límite que debe tener todo Estado es el respeto a los derechos humanos, aunque es un hecho que como institución los estamos violando.

Si, digamos, una asociación de familiares de reos demandara al Estado por violación a los derechos humanos, ¿podría tener éxito?
¿Y no hemos dicho que las cárceles salvadoreñas son escusados?

¿Es estrictamente necesario realizar registros vaginales o anales a las visitas?
Sí, porque las visitas siguen introduciendo ilícitos que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos de El Salvador. Pero hay un matiz importante: el registro vaginal o anal solo se realiza cuando existe la sospecha fuerte de que la visita está introduciendo ilícitos, y en muchas de esas ocasiones no nos hemos equivocado.

¿No ha habido excesos?
Hasta ahorita no tengo una resolución de la PDDH que me diga que nos hemos excedido.

Cuando ocurren asesinatos en un centro penal, ¿el Estado se preocupa por buscar responsables?
La Fiscalía llega a investigar, pero si algo así sucede en un sector donde hay 300 internos, parece bastante complicado individualizar.

¿No es el propio Estado el primero en desinteresarse por lo que ocurre en sus “escusados”?
Eso habría que preguntárselo al fiscal general. Lo que a mí me consta es que cuando ocurre algo así, llegan los fiscales, preguntan, ven, investigan, hablan con los internos… pero si ese fiscal cree o no en lo que está haciendo, eso no lo puedo saber. 

La rehabilitación, cuando se da, ¿no es una decisión estrictamente personal más que algo inducido por el Estado?
Hoy por hoy el Estado salvadoreño no ofrece las condiciones para la rehabilitación. Nadie se rehabilita en un escusado.

¿Cree que se puede afrontar el problema de seguridad que tiene el país si la prioridad es el respeto a los derechos de los privados de libertad?
Yo me siento con la fuerza para dejar las bases para la construcción de una política pública para el sistema carcelario, no para transformar todo. Cuando digo que tenemos escusados es porque eso es exactamente lo que tenemos, y hablar de valoraciones mínimas sobre los derechos humanos está un poco fuera de lugar.

¿Las oenegés que trabajan en cárceles se prestan a la corrupción?
Sí. Hay oenegés creadas propiamente para corromper, que actúan como las relaciones públicas de las pandillas. Algunas incluso son financiadas por pandilleros.

Ante un problema de seguridad pública tan complejo como el que tenemos, ¿cree que las oenegés tienen una visión demasiado romántica?
Sin duda.

¿En qué lo nota?
Muchos privados manipulan a las oenegés y a las iglesias que, en general, tienen una visión muy romántica del fenómeno de la violencia. Ya lo decía monseñor Romero: hay que trabajar, hay que luchar, hay que orarle a Dios para que nos ilumine, pero las situaciones propias de un país deben enfrentarse con un proyecto político.

¿Romántica le parece una palabra adecuada para definir la visión de las oenegés?
Sí, románticas…

¿Cree que la sociedad salvadoreña vive de espaldas a sus reos? ¿Llena de prejuicios?
La sociedad salvadoreña no sabe lo que sucede en las cárceles porque desde siempre se le ocultó la situación real de los escusados, y por eso para mí es tan importante que al final de mi gestión cualquier ciudadano tenga una opinión, sea a favor o en contra, sobre las condiciones reales en los centros penales.

Un viejo dicho asegura que si se quiere conocer realmente un país, hay que visitar sus cárceles.
Lo comparto totalmente.

¿Y cómo sería El Salvador?
Lo que son las cárceles. Un escusado.