Opinión /
La lección mexicana: la otra militarización

Fecha inválida
Óscar Martínez

David C. Martínez-Amador. Ex Becario Fulbright-Laspay y Profesor Universitario titular del curso Rituales de Sangre: Mafia, Cárteles y Crimen Organizado Transnacional

 He cubierto por casi 6 años a la fecha el desarrollo del proceso de violentización ocurrido a raíz de la militarización del conflicto contra las drogas en el territorio mexicano. He recorrido los estados de Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Nuevo León así cómo la frontera de Ciudad Cuauhtémoc, México, con Huehuetenango, en Guatemala; el norteño departamento guatemalteco del Petén y también Puerto Limón, en Costa Rica. Conozco la ruta narco y sus formas nuevas de muerte. Mi interés es el estudio de la mutación sucedida hacia adentro de las organizaciones criminales mexicanas utilizando las herramientas propias de la antropología clásica.  Pero hoy intento responder a una pregunta compleja: ¿Cuáles serían los efectos posibles que podría tener la eventual militarización del combate contra las drogas en Guatemala y El Salvador?  Esto lo afirmo en relación a dos hechos: a) el nombramiento de un exmilitar cómo ministro de Justicia y Seguridad en El Salvador; y b) la decisión del presidente electo de Guatemala (general en retiro Otto Pérez Molina) para utilizar fuerzas especiales militares para el combate antinarcóticos.

A manera de prolegómenos quiero presentar los siguientes argumentos. Es menester plantear que metodológicamente no es válido trasladar un escenario (el mexicano) hacia Centroamérica. Dicho eso, es también importante considerar:

a) La violencia en México es anterior a la militarización del conflicto y la creación de la iniciativa Mérida. Solamente las muertes atribuidas al Grande, y a la Barbie  en tan sólo 6 meses  (estos dos últimos bajo el mando del Barbas cuando éste era leal a su primo el Chapo) sumarían más de 3,000. Lo mismo se podría decir de la guerra entre los Arellano Félix y Joaquín Guzmán Loera por el control de Tijuana.  Más de 1000 muertos. Todo esto antes del 2006.  Como resultado, cuando el Estado militarizó el conflicto los grupos mexicanos tenían ya una experiencia militar considerable. No así, el Ejército mexicano.  

b) En México la presencia del Ejército es permanente sin un pacto político para justificar su estancia. 

c) En México se ha militarizado el ingreso y egreso en cada punto importante en los Estados del norte, con lo cual la población civil es constantemente escrutada por personal militar escasamente preparado en materia de Derechos Humanos.

d) En México, la radiografía del terreno muestra 7 cárteles claramente identificables con tendencia territorial y un número desconocido de células satélites que operan sin ninguna autoridad.  En Guatemala, las operaciones de la DEA están atomizando los cárteles tradicionales, pero queda la pregunta de cómo se están reconfigurando los liderazgos.

e) En lo que respecta, entonces,  a Guatemala y El Salvador, sigue siendo lamentable que se piense en la incorruptibilidad de los ejércitos.  La predecible agenda de la militarización del combate a las drogas en la región acercará el ejército al narco, terminando por corromper a la tropa y a todos los mandos.  Y no sería nada extraño que los efectivos militares ante lo sangriento del futuro ¨agarrón¨ decidan pasarse al lado oscuro.  No sería la primera vez ni la última.

Con estos elementos en mente, intentaré describir lo que sucede en el terreno centroamericano.  Primero, la vecindad mexicana hacia el sur. Guatemala ha visto cómo todos los grupos de narcotraficantes locales y tradicionales han sido afectados por el embate de las fuerzas de seguridad. Militarizar la forma de abordaje de este problema requiere entender que la respuesta que los grupos mexicanos operando en el país (Sinaloa y los Zetas) no será tan pusilánime cómo los grupos locales, sobre todo cuando pueden importar miembros que provengan de las áreas mexicanas donde se libran actualmente las batallas más sangrientas. 

Segundo, los grupos mexicanos han replicado el entrenamiento militar de élite por lo cual habría poca sorpresa en su uso con los grupos mexicanos. Tanto el cártel de Sinaloa, (con su brazo armado denominado Gente Nueva) y el grupo menos tradicional -Los Zetas– son ahora estructuras atomizadas que saben operar con células no mayores a los 6 miembros y bajo códigos de violencia nunca antes vistos en ningún grupo étnico del crimen organizado. Si bien es cierto que los grupos mexicanos tendrían la desventaja inicial –al operar en Centroamérica- de no conocer perfectamente el terreno, podrían muy bien replicar algunos hechos lamentables.

Tres son entonces mis preocupaciones puntuales:

a) Que quienes diseñan la nueva estrategia olviden que están frente a grupos criminales (los cárteles mexicanos) acostumbrados afectar a la población civil a manera de castigo (recuérdese la quema del Casino Royale en Monterrey, con personas dentro).

b) Centroamérica podría muy bien ser el terreno probatorio para que estos grupos criminales mexicanos –que ahora replican entrenamiento de carácter subversivo– se atrevan a llevar a cabo acciones que aún no suceden en México.  Recuérdese que los actuales Zetas heredaron el entrenamiento de los originales GAFES que desertaron del Ejército mexicano.  Eso quiere decir que también son capaces de operar con explosivos y atreverse a generar atentados con bombas. ¿Será Centroamérica la 'escuelita' del narco-terrorismo mexicano?

c) Los efectivos militares en México –hoy- operan bajo un grado de stress y paranoia, lo mismo sucede con los narcotraficantes. En conclusión: Los abusos contra la población civil vendrán por parte de los dos ejércitos en conflicto. Ante la militarización en Centroamérica los grupos mexicanos importarían personal con experiencia bélica y con una tendencia natural por dañar a la población civil (por razones de guerra o placer).

Los Estados en Centroamérica pueden militarizar el conflicto contra las drogas, pero ningún estado puede blindar totalmente a la población civil. Militarizar es fácil, pero depurar las fiscalías y perseguir a los operadores financieros de las organizaciones Zetas, Sinaloa y Del Golfo que opera en Guatemala y El Salvador es una tarea muy difícil porque mostraría la colusión de los sectores financieros y empresariales con el narco. Militarizar por el lado de los estados es fácil, pero la militarización de los 'malandros' genera legiones de terror que nadie puede detener. Esa es la gran lección mexicana. 

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