Seis meses después de que iniciara la tregua entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, los gestores de este proceso se decidieron a contar a El Faro una versión distinta a todos los relatos que habían ofrecido anteriormente sobre este experimento. El exguerrillero y exdiputado Raúl Mijango, monseñor Fabio Colindres y el propio ministro de seguridad y justicia, David Munguía Payés, describen hoy una estrategia que fue elaborada desde un primer momento en el despacho ministerial, bajo la explícita autorización del presidente de la República, Mauricio Funes.

Ni Mijango ni Colindres habían puesto antes del 9 de febrero de 2012 un pie al interior del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y lejos de la versión en la que se aseguraba que ambos habían resultado involucrados como mediadores debido a que coincidieron en labores humanitarias al interior de las cárceles, ahora reconocen que la presencia de Colindres fue cuidadosamente diseñada por el ministro y el ex guerrillero como una herramienta para proteger y legitimar el plan.

Si en un primer momento se aseguró, primero, que la reducción de homicidios no estaba vinculada con el traslado de 30 líderes de las dos pandillas y, después, que este es un gesto que estas organizaciones ofrecían a la sociedad a cambio de nada. Ahora se explica que desde un primer momento hubo un pliego de “demandas” a cambio de las cuales las pandillas ofrecían no matar.

Munguía Payés lo explica: “En marzo El Faro develó algo que nosotros no queríamos develar”, y atribuye al revuelo causado el 14 de marzo por la publicación de este medio el zigzagueo errático de las primeras versiones que Gobierno y mediadores ofrecieron.

Debido a la notoria ausencia de un plan de comunicación, Mijango dice ahora que solicitó ayuda del reportero de El Diario de Hoy Paolo Lüers, quien desde mayo se sumó a los esfuerzos por apuntalar el proceso.

Esta es la nueva versión de cómo se fraguó un cese al fuego sin precedentes, entre organizaciones que llevan más de dos décadas enfrentadas a muerte.

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El diálogo no lo iniciaron los pandilleros ni arrancó en septiembre y octubre, al contrario de lo que Mijango y Colindres han sostenido anteriormente en entrevistas con este y otros medios de comunicación. Mijango asegura ahora que los primeros contactos que él personalmente sostuvo con palabreros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 para hablar del cese de la violencia fueron en enero, cuando Munguía Payés ya llevaba más de un mes como ministro de Seguridad Pública y Justicia. Y dice que buscó esos contactos como parte de un plan discutido con el ministro. “No fue posible sino hasta que él ocupó el puesto”, dice Mijango.

En noviembre de 2011 el presidente Mauricio Funes había destituido a Manuel Melgar de la cartera de Seguridad Pública, presionado por los pobres resultados en el área de seguridad y por la embajada de los Estados Unidos, que consideraba al excomandante del FMLN “una persona con las manos manchadas de sangre”. Lo había sustituido por un militar, el general Munguía Payés, desde 2009 ministro de Defensa y abiertamente crítico con la gestión de Melgar. Munguía Payés prometía políticas antidelincuenciales más duras. Antes de llegar al cargo había hablado de la posibilidad de intervenir militarmente a las comunidades controladas por las pandillas y de suspender temporalmente en esos territorios las garantías constitucionales.

 

Sin embargo, Mijango afirma que durante todo 2011, un tiempo en el que él estaba contratado por el ministerio de Defensa como asesor de Munguía Payés, ambos habían discutido ampliamente la posibilidad de una negociación con las pandillas como clave para reducir los homicidios. “David estaba claro de que este fenómeno no se podía resolver por la vía de la represión”, dice el negociador. “Y la posibilidad se abre cuando es nombrado (al frente de Seguridad).”

Desde su despacho, viendo en retrospectiva, Munguía Payés explica ahora el axioma que motivó su proceso de diálogo con las pandillas: “Quien controlara la guerra entre pandillas iba a controlar el 75% de muertes (en el pais)”, dice.

La llegada del general al cargo implicó un alud de cambios en todas las instituciones vinculadas a la seguridad pública: en pocas semanas fueron sustituidos el director de la Policía Nacional Civil (PNC) y el del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). El secretario de asuntos estratégicos de la presidencia, Hato Hasbún, que hasta ese momento había sido coordinador del gabinete de Seguridad, quedó fuera de esta área. David Munguía Payés se convirtió en una especie de súper ministro y designó para todos los puestos relevantes de la rama de seguridad a gente de su confianza, militares la mayoría.

En ese escenario de control de las instituciones implicadas, el general decidió echar a andar su plan de diálogo. Tanto Mijango como el mismo Munguía Payés afirman que el presidente Funes conoció desde un primer momento los planes de diálogo con las pandillas, y los aprobó.

El siguiente paso, según afirma Mijango y confirma Munguía Payés, fue decidir a quiénes deberían incluir en su equipo para echar a andar las conversaciones. Ambos pensaron en la Iglesia.

“Arribamos a la necesidad de contar con una figura de prestigio y credibilidad”, dice Mijango, que explica que la presencia de un sacerdote en el equipo de mediación no fue algo casual, sino algo calculado para dar respaldo moral al proceso.

Al mismo tiempo, esa maniobra servía para proteger la negociación del ataque de sectores influyentes del país. Una persona vinculada con el empresariado del país y que trabajó en dos gobiernos de Arena explica de la siguiente forma lo acertada que fue esa decisión: “Entre los empresarios de este país hay gente a la que le pones a un sacerdote delante, o a la Iglesia, y es como si se les desconectara una parte del cerebro: dejan de hacer preguntas”.

Mijango cuenta ahora que Munguía Payés y él dedicaron diciembre a encontrar a la persona correcta para cumplir esa función. Decidieron buscar por la vía más institucional e invitaron en primer lugar al arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas. Este declinó participar. El siguiente fue el obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, que tampoco aceptó se mediador. Después tocaron la puerta de monseñor Rafael Urrutia, párroco de la Colonia Miramonte y encargado de la causa de canonización de monseñor Óscar Romero. Por tercera vez Mijango y el ministro de Seguridad Pública recibieron un no por respuesta.

Finalmente buscaron a monseñor Fabio Colindres. Mijango asegura que en un primer momento “no era la mejor figura, porque estaba vinculada con el Ejército y la Policía”. Sin embargo, dice que el capellán castrense y policial entró inmediatamente en sintonía con el proyecto y aceptó sumarse al esfuerzo. “Monseñor llega cuando ya habíamos avanzado mucho y llega a llenar el vacío de credibilidad que había”, afirma Mijango.

“No creo que por estar yo aquí esto tenga más o menos credibilidad”, dice ahora Colindres, que está al tanto de las gestiones que Mijango y Munguía Payés dicen haber hecho. “Monseñor Escobar Alas, monseñor Rosa Chávez o el padre Urrutia lo podrían haber hecho tan bien como yo. O mejor”.

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Raúl Mijango dice que su primera acción para buscar el diálogo fue revivir su relación con algunos palabreros de ambas pandillas que había forjado en los días en que dirigió un negocio de distribución de cilindros de gas. El ex diputado del FMLN ha dicho en anteriores entrevistas que la primera relación que tuvo con las pandillas fue como extorsionado, que como gran parte de los comerciantes del país que distribuyen mercadería en áreas controladas por pandillas, negociaba a diario con los homeboys. “Ahí me doy cuenta de que son gente con la que se puede hablar y llegar a acuerdos”, afirma.

En enero de 2012 hacía cuatro meses, dice, que había dejado ese negocio, pero necesitaba identificar a los principales líderes de la MS-13 y la 18 y los penales en los que estos estaban recluidos. Mijango asegura que habló con los palabreros de las clicas de la comunidad Nueva Israel, controlada por la Mara Salvatrucha, y Las Cabañas de la Roma y Las Palmas, controladas por el Barrio 18. Ellos le dijeron que la mayoría de líderes guardaban prisión en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca. Con esos mismos palabreros Mijango dice que les envió mensajes en nombre de Munguía Payés.

En aquel momento, el director de Centros Penales, Douglas Moreno, era el único funcionario cercano al exministro Manuel Melgar que había conseguido mantenerse en el cargo luego de la llegada del general Munguía Payés al ministerio y se especulaba que sería despedido en cualquier momento. Moreno y el ministro habían tenido una relación áspera cuando Munguía Payés estaba al frente de la cartera de Defensa, debido a desacuerdos sobre las labores de seguridad que los militares desarrollaban en las cárceles. El 7 de febrero, Moreno fue nombrado viceministro de Seguridad Pública y su cargo al frente de prisiones lo asumió el hasta entonces subdirector, Nelson Rauda. El plan de Munguía Payés y Mijango ya tenía vía libre.

Los dos negociadores, Mijango y Colindres, coinciden ahora en que la primera vez que pusieron un pie dentro del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca fue el 9 de febrero, dos días después de la sustitución de Douglas Moreno. Colindres acepta que era su primera vez en ese penal. Aunque él afirma que “desde que era seminarista” visita habitualmente otros centros penales del país, varias fuentes vinculadas a la Pastoral Penitenciaria de El Salvador aseguran sin embargo que el obispo castrense nunca se ha destacado por el trabajo en cárceles ni era un visitante regular de estas.

Mijango dice que la primera reunión de diálogo fue solo con líderes de la Mara Salvatrucha. Colindres recuerda: “Nos sorprendió que nos conocían a los dos, a mí me dijeron: usted es el obispo castrense y a Raúl, usted es exguerrillero y exdiputado”.

En los días siguientes los mediadores dicen que sostuvieron pláticas individuales con las tres facciones del Barrio 18. Desde 2006 la pandilla 18 se encuentra dividida producto de pugnas por el poder, lo que derivó en dos grandes grupos enemistados a muerte, autodenominados “sureños” y “revolucionarios”. La ruptura produjo un tercer grupo, conformado por exlíderes que quedaron marginados tras el rompimiento.

Mijango dice que comprendió el problema de ser interlocutor de una pandilla dividida en tres para echar a andar su plan. “Para mí, presentar a una 18 dividida era factor de debilidad de ese acuerdo, y era importante que ellos tuvieran en consideración que para que el proceso fuera consistente y creíble tenían que presentarse como un solo bloque, les dije: si ustedes se presentan ante la MS divididos eso les hace a ellos perder confianza en ustedes, ustedes se tienen que presentar como números y punto”, explica.

Las reuniones con las pandillas se sostuvieron a un ritmo diario y los negociadores dicen que se encontraron con un terreno fértil.

Borromeo Henríquez, uno de los líderes y vocero de la MS-13, y Carlos Ernesto Mojica Lechuga, del Barrio 18, han declarado a El Faro que desde hace al menos cinco años han estado dispuestos a someterse a un proceso de diálogo de este tipo, pero que no habían encontrado el eco necesario en ningún representante de los gobiernos anteriores. Tanto la 18 como la Mara Salvatrucha aseguran de hecho haber sostenido negociaciones formales con el gobierno de Antonio Saca, pero que estas terminaron fracasando.

Una vez que las tres facciones de la 18 acordaron presentarse como un solo bloque y que el ánimo conciliador de las dos pandillas era similar, Mijango y Colindres decidieron concertar la primera reunión conjunta entre dos grupos de personas con una larga tradición de odios y enfrentamientos. La reunión tendría lugar el 20 de febrero.

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Aquel día, Raúl Mijango se retrasó comprando el almuerzo. “Descubrí la magia del Pollo Campero, ¡puta, eso resuelve conflictos! Para ellos eso era manjar de cardenales. Entonces yo compraba las porciones de pollo para el almuerzo y cada reunión se hacía en medio de una comida. Eso es un truco que aprendí de los brasileños: una buena mesa resuelve conflictos”, asegura.

La reunión con los dos bandos estaba pactada para las 10 de la mañana y cuando Mijango llegó al penal con unos minutos de retraso el ambiente estaba tenso y en el aire se respiraban residuos de gas lacrimógeno.

Dentro de sus medidas de seguridad, el penal de Zacatecoluca tiene una celda especial a la que llaman “la exclusa”. Cada vez que un interno regresa al penal de una audiencia o una visita al hospital, debe permanecer tres días en la exclusa antes de ingresar de nuevo a su celda. La medida está diseñada para que los prisioneros defequen antes de ingresar, para evitar que lleven dentro de su cuerpo algún ilícito como drogas, armas o mensajes. Aquella mañana, por un error en el procedimiento de seguridad, habían coincidido en la exclusa un miembro de la MS-13 y uno del Barrio 18 y se habían enzarzado en una pelea a puños. Tuvieron que intervenir los militares responsables de la custodia de la cárcel para separarlos con palos y gases para evitar que la trifulca tuviera eco entre los otros presos.

En opinión del coronel responsable de la seguridad de “Zacatraz”, dice Mijango, aquel no era el mejor día para juntar en un mismo salón a casi una veintena de pandilleros rivales. Sin embargo, el militar sabía que Mijango gozaba de la autorización del ministro Munguía Payés para tomar decisiones y según el criterio del mediador la reunión debía realizarse como estaba pactada. Poco podía hacer al respecto el coronel, que dispuso a más de un centenar de hombres listos para actuar en caso de que aquel episodio terminara mal.

El coronel no era el único que pensaba que aquello era una imprudencia. Cuando el líder de la Mara Salvatrucha, Borromeo Henríquez, “El Diablito”, se encontró con el mediador, lo reprendió: “Has precipitado las cosas, no era el momento”.

Al salón de visitas entraron nueve miembros de la Mara Salvatrucha y diez de la pandilla 18. Cada facción se sentó a un extremo de la mesa que había sido dispuesta para el encuentro, y en el centro de la misma, como una frontera frágil, se colocaron Mijango y monseñor Colindres. Cuando un reo es sacado de su celda para una entrevista en la sala de audiencias, el procedimiento de seguridad indica que deberá usar esposas en todo momento y que la conversación deberá ser custodiada por al menos seis elementos de seguridad. Sin embargo, Mijango tenía la autoridad delegada por el ministro para disponer desatender los protocolos de seguridad y encerrarse con un grupo de internos sin grilletes y sin un solo custodio dentro del salón.

Como todas las sesiones, aquella inició con una oración religiosa dirigida por Colindres; luego se sirvieron los almuerzos y Mijango exhortó a los pandilleros presentes a dejar de lado el incidente de la mañana y seguir el curso del proceso, que tenía por objetivo reducir los homicidios en el país.

En un momento de receso, El Diablito se puso de pie y comenzó a caminar hacia el extremo de la mesa en el que estaba sentada la delegación de la pandilla 18. Se dirigió directamente a Carlos Mojica Lechuga, “Viejo Lin”, quien también se puso de pie. El rostro moreno y de cejas pobladas de El Diablito se acercaba cada vez más a la cabeza afeitada y de rostro delgado de Lin, mientras el resto miraba en silencio aquella maniobra. Los dos líderes pandilleros se estrecharon las manos y comenzaron a conversar. En seguida el resto de miembros de la Mara Salvatrucha imitó el gesto y se armó una bola informal de pandilleros rivales enzarzados en una plática. Los mediadores se levantaron de sus sillas y se apartaron a un rincón para no interrumpir aquella reunión inédita.

Esa sesión rompió el hielo entre los viejos enemigos y terminaron tomándose fotos con los mediadores y en grupos donde estaban mezclados los números y las letras. “Se había logrado lo más importante”, recuerda Mijango.

El 24 de febrero se reunieron nuevamente para elaborar un primer borrador del acuerdo y se dieron un plazo para consultarlo con sus compañeros de pandilla encerrados en Zacatecoluca. El 29 consensuaron un breve documento de seis puntos básicos, escrito a mano, en el que acordaban un “pacto de no agresión” durante un período de tres meses “el cual podrá ser prorrogado según la evaluación positiva que hagamos de la evolución del proceso y el cumplimiento del compromiso de cada una de las partes.” En el documento se expresa la voluntad de las “delegaciones de representantes” de la MS-13 y el Barrio 18 de entrar en un proceso de diálogo.

El punto cuarto del documento reza: “Que la presencia a su más alto nivel de la Iglesia Católica y representantes de la sociedad civil como facilitadores y mediadores en el diálogo privado nos inspira la confianza suficiente para considerar que el proceso abierto cuenta con la mayor seriedad y responsabilidad y ello nos compromete a respetar, confiar, y actuar con el mismo nivel de responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos que hemos propuesto asumir, en el caso de que nuestras demandas cuenten con respuestas positivas por parte de las autoridades”.

El documento no detalla cuáles eran esas peticiones, sin embargo, Mijango aclara ahora que esas demandas iniciales eran las mismas que luego se plasmaron en lo que se dio a conocer como “documento marco para la búsqueda de la paz”, que los pandilleros entregaron al secretario general de la OEA, que incluía la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, el acuartelamiento del ejército, el cese de los operativos policiales en los territorios controlados por las pandillas, la derogación de la figura del testigo criteriado y una serie de mejoras en la calidad de vida de los privados de libertad.

Según el ministro y Mijango, el presidente Funes estuvo al tanto de cada parte del proceso.

El manuscrito está firmado de parte de la MS-13 por Dionisio Arístides Umanzor, “El Sirra”; Carlos Tiberio, “Snyder”; Marvin Adaly Quintanilla, “Piwi”; Saúl Antonio Turcios, “El 13”; Élmer Canales Rivera, “Crook”; Joaquín Moisés Cruz López, “Chele”; Dany Fredi Ramos; Borromeo Henrríquez, “El Diablito”, y Carlos Vélez, “Cerebro”.

De parte de la 18 firmaron Víctor García Cerón, “Duke”; Andrés Roberto Barillas, “Lágrima”; César Daniel Renderos Días, “Cementerio”; Jefri Isaac Corvera, “Xochilt”; César Enrique Ábrego González, “Cuyo”; Rubén Toledo Cea, “Humilde”; Óscar René Moreira Palacios, “Pollo”; José Heriberto Henríquez, “Eddie Boy”; José Timoteo Mendoza, “Chory”, y Carlos Ernesto Mojica Lechuga, “Viejo Lin”.

Mijango asegura que había un punto adicional: el proceso, sus actores y los acuerdos debían permanecer en absoluto secreto, en espera de que hubiera resultados sostenibles que mostrar.

Con el documento firmado, el ministro, Mijango y Colindres decidieron congelar el proceso. Consideraron que era mejor esperar que el país diera vuelta a la página de las elecciones venideras de alcaldes y diputados para evitar que lo que habían conseguido fuera a contaminarse de la fiebre política. Faltaban 11 días para los comicios y la idea era esperar a que los resultados estuvieran en firme y comenzar a operativizar el primero de los acuerdos: los líderes de las dos pandillas deberían ser sacados del aislamiento de Zacatecoluca y trasladados a los penales donde están recluidos los pandilleros para que pudieran trasmitirles a sus bases los acuerdos que habían alcanzado. El traslado de internos desde Zacatecoluca no se haría de un solo golpe, sino que los traslados tomarían su tiempo, movilizando pequeños grupos de pandilleros en operaciones discretas para evitar que aquel experimento saliera a la luz pública.

Sin embargo, el domingo 4 de marzo, una semana exacta antes de las elecciones, Mijango cuenta que recibió un mensaje de Zacatecoluca: era urgente que llegara al penal. Se reunió con el rostro más representativo de la MS, Borromeo Henríquez, y con los representantes de las dos grandes facciones de la 18: Carlos Mojica Lechuga y Victor García Cerón. Los pandilleros tenían una advertencia que hacerle: sus homeboys en la calle y los líderes operativos de las clicas tenían un plan para boicotear las elecciones. Las dos pandillas se habían puesto de acuerdo para generar un paro de transporte y amenazas durante los días 10, 11 y 12 de marzo, es decir el día previo, el propio día de las elecciones y el día siguiente.

Con esa información, Mijango acudió al despacho del ministro. Había dos posibilidades: las pandillas mentían y se trataba solo de un ardid para acelerar los traslados y la otra es que dijeran la verdad. En el segundo escenario no solo estaba en riesgo el proceso electoral, sino que sabían que, de ser verdad, aquel boicot echaría a perder cualquier posibilidad de que el experimento tuviera alguna aceptación entre la sociedad. Si la amenaza era real, los esfuerzos habrían sido en vano. Decidieron acelerar el proceso y desordenar el calculado esquema de traslados que habían diseñado. Accedieron a trasladar a todos los líderes en solo dos días para que desactivaran la amenaza, antes de que se estropeara el proceso de forma irreversible. Tanto el ministro como Mijango aseguran que el presidente Funes estuvo de acuerdo.

Lo que iba a ser un proceso gradual se transformó en autobuses llenos de pandilleros siendo trasladados de madrugada. El día 8 de marzo, a las 2 de la mañana, Raúl Mijango y monseñor Colindres se presentaron en el penal de Zacatecoluca. A los 19 pandilleros que participaron en el proceso desde el principio se sumaron 11 más, hasta completar 15 personas por cada estructura. Ese día serían trasladados los líderes nacionales de la Mara Salvatrucha y los dos mediadores los acompañarían dentro de los autobuses como garantía de que el Estado les procuraría seguridad. Al día siguiente hicieron lo mismo con los miembros del Barrio 18 para llevarlos a otros penales. Entre la primera reunión de diálogo con los pandilleros y los traslados de los mismos fuera de Zacatecoluca había pasado exactamente un mes.

Hasta entonces, marzo promediaba 13.6 asesinatos diarios. El sábado 10, solo un día después de que fueron trasladados los pandilleros, hubo 10 homicidios. Al siguiente día, hubo dos. Al siguiente, tres, al siguiente, cinco… en cuatro días los líderes de la MS-13 y de la 18 habían dado muestras del poderoso control que ejercen sobre sus estructuras, de su capacidad no ya para matar sino para lograr algo mucho más difícil: domar y contener a sus gatilleros. Y habían dado la primera señal de su voluntad de hacer cumplir lo pactado. El promedio de homicidios en El Salvador se había desplomado a un nivel que se mantiene estable seis meses después.

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El miércoles 14 de marzo, David Munguía Payés se negó a tomar una llamada telefónica. Periodistas de El Faro le acababan de explicar a la jefa de comunicaciones del ministro que estaban listos para publicar una nota titulada “Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios” y querían incluir su versión de los hechos. La noticia del traslado de los líderes de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 había llegado a las redacciones de varios medios de comunicación durante el fin de semana en el que se desarrollaron las elecciones de alcaldes y diputados. Tras consultar a casi una docena de fuentes, los reporteros habían logrado atar los cabos que llevaban hasta el Ministerio. Munguía Payés, como aseguraría meses después, no esperaba verse descubierto y no había previsto el escenario de tener que dar explicaciones en público.

-¿Por qué no contestó aquella llamada, ministro? -le preguntamos a Munguía Payés seis meses después.

Estamos en su despacho, desde el que ha gerenciado este proceso rebautizado como “de paz”. Está mucho más relajado que en aquellos días, en los que improvisó respuestas y acusó a los periodistas de mentir, de “escribir novelas”.

-Porque me iban a preguntar: “¿Por qué sacó de máxima seguridad a los 30 asesinos más despiadados del país?”. Y yo no iba a poder responder.

El desconcierto del Ejecutivo al verse descubierto se convirtió en un silencio de casi 48 horas y en inesperadas tensiones al interior del gobierno. El ministro Munguía Payés dice que la presión que recibió de su entorno y de Funes fue enorme: “Tan grande como para haber abortado el plan”. No le fue fácil, dice, convencer al mandatario de seguir adelante. Cuando lo logró, volvió a pensar en cómo encarar a los medios de comunicación y decidió que lo primero debía ser hablar con los propietarios y jefes de redacción de los principales periódicos y canales de televisión del país. Los invitó a un desayuno para el viernes 16.

Ese viernes, a las 6 de la mañana, el reportero de El Diario de Hoy Paolo Lüers recibió una llamada de Munguía Payés. Le pedía que acudiera también a ese desayuno. Lüers reaccionó extrañado y esquivo: “Yo no tengo qué hacer ahí. No soy director de medio”. “Te lo pido como un favor personal”, asegura Lüers que le dijo el ministro. Aceptó asistir.

En esa reunión participaron alrededor de 25 personas. Rostros conocidos como el de Narciso Castillo, entonces director de canal 33; Jorge Hernández, entrevistador de la Telecorporación Salvadoreña; Fabricio Altamirano, director de El Diario de Hoy; o Gabriel Trillos, gerente editorial de La Prensa Gráfica. Ellos escucharon al general Munguía Payés negar una y otra vez que se estuviera desarrollando cualquier negociación y explicar el traslado de los pandilleros con una serie de argumentos confusos convertidos en versión oficial. Nadie de El Faro fue invitado a esa reunión, a pesar de que la cita tenía como propósito desmentir a este periódico y advertir sobre supuestas amenazas a la seguridad de sus periodistas.

Una vez acordado que lo que allí se dijera sería off the record, el ministro quiso convencer a los presentes de que informes de inteligencia alertaban de un posible ataque con misiles law a la cárcel de Zacatecoluca para propiciar una fuga; de que algunos de los internos trasladados padecían enfermedades terminales y el movimiento respondía a razones humanitarias; y de que en otros casos se estaba haciendo cumplir la ley penitenciaria, que, dijo, no permitía que un preso cumpliera más del 10% de su pena en una cárcel de máxima seguridad.

Los tres argumentos eran falsos. La arquitectura de Zacatecoluca -las celdas están en el subsuelo de una construcción cuyas paredes dan a un patio circular- impide que alguien se fugue derribando su muro perimetral. Ninguno de los pandilleros trasladados padecía enfermedades especialmente graves que explicaran el movimiento, y en todo caso habían sido reubicados en penales cuyas condiciones higiénicas y de atención médica son mucho peores que las de Zacatecoluca. La ley, en realidad, no establece el 10% de la pena como el tiempo máximo de reclusión en aislamiento, sino como el mínimo que debe permanecer en Zacatecoluca un preso castigado a soportar el régimen de máxima seguridad.

“Estaba diciendo una sarta de disparates, de pajas. Nadie le creyó”, recuerda Lüers. “Era obvio que no sabía qué decir. Cuando salimos de allí, nadie le había creído lo que había dicho”. El reportero estaba convencido de que la versión del ministro no iba a aplacar la polémica, sino a acrecentarla. Los periodistas iban a seguir haciendo preguntas incómodas. “Era como mostrarle carne roja a unos perros y luego esconderla, y esperar que no escarbaran”, explica.

Al salir de aquel desayuno, Lüers llamó a Raúl Mijango, amigo suyo y viejo camarada en el ERP durante la guerra. El reportero asegura que no tenía conocimiento de que Mijango estuviera involucrado en este proceso, pero que sabía que era -o lo había sido en los últimos tiempos- asesor y amigo de Munguía Payés. Quería darle un consejo: que el ministro no diera la conferencia de prensa que tenía prevista para esa tarde, que no repitiera en público las excusas que había dado esa mañana en privado. “Que no dé esa conferencia de prensa, Raúl. Lo van a destazar.”

 

Munguía sí celebró la conferencia de prensa y negó en público que hubiera alguna relación entre los traslados y el repentino descenso de homicidios. La caída de las cifras de muertes violentas se debía, dijo, al fuerte despliegue policial y a la mayor “operatividad” de su gabinete de Seguridad. Mijango, consciente de que su estrategia de comunicaciones hacía aguas por todas partes, acudió esa misma tarde a La Ventana, el bar que regenta Lüers y le mostró sus cartas ocultas. Le explicó por qué mentía Munguía Payés. Le reveló los detalles del diálogo y del acuerdo firmado por las pandillas. Le pidió su ayuda para que el proceso, que consideraban en riesgo a causa de la publicación de El Faro, siguiera en pie.

Lüers aceptó y se convirtió, desde ese momento, en parte del equipo que trabaja para sostener el proceso.

Su primera tarea fue difundir en forma de nota periodística un comunicado de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, fechado el lunes 19 de marzo, en el que también ambas pandillas negaban cualquier negociación con el gobierno y anunciaban su decisión de reducir los asesinatos a cambio de nada.

Pese a que, en la versión de Mijango, el documento que firmaron los pandilleros el 29 de marzo hablaba de “demandas”, la MS-13 y la 18 aseguraban que era una acción unilateral: “No hemos negociado nada con este gobierno, ni pedimos hacerlo”, se leía en el documento. El texto no explicaba, sin embargo, si las pandillas habían decidido dejar de matarse entre ellas o si la tregua incluía a cualquier ciudadano. Esta duda, que las autoridades no supieron o quisieron aclarar durante meses, sigue en la mente de muchos salvadoreños aún hoy.

Los líderes pandilleros sí especificaban haber girado órdenes para “cancelar (...) los atentados en contra de militares, policías y custodios”, ampliamente denunciados por las autoridades durante el año previo. Esos atentados eran, según el ministro, una represalia por la acción policial y la participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad , especialmente, en la seguridad perimetral de las cárceles y el registro de entrada a los familiares de los presos.

En ese documento, las pandillas acusaban a El Faro de mentir y de poner en riesgo la vida de sus líderes al citar -en boca de fuentes de los distintos cuerpos de inteligencia del Estado- la posibilidad de que hubiera dinero involucrado en el cese el fuego acordado. El asunto del dinero se convertiría, durante las semanas siguientes, en un argumento utilizado por el Ejecutivo para desacreditar a los periodistas que destaparon la negociación, y en un motivo de roce entre el periódico y ambas pandillas. En realidad, la nota de El Faro nunca aseguró que el gobierno hubiera pagado a los pandilleros o sus familias a cambio de frenar los homicidios, sino que lo reseñó como una de las posibles cartas de cambio sugeridas por distintas fuentes. Aun así, la mera mención del dinero en la nota generó fuertes tensiones entre mandos medios de ambas pandillas y sus líderes, que llegaron a temer, según aseguran varios de ellos, por su autoridad interna y por su vida.

Tanto las autoridades como la cúpula de las pandillas han repetido durante los últimos seis meses que no hubo ningún tipo de pago. El ministro Munguía Payés ha asegurado que los agentes de inteligencia que dieron esa información estaban molestos con su nombramiento y que pretendían atacarle y boicotear su gestión. Luego de la publicación de este medio, el ministro ordenó investigaciones al interior de sus aparatos de inteligencia, dando como resultado el despido o la marginación a tareas irrelevantes de agentes sospechosos de filtrar información.

Mijango entregó a Lüers el comunicado de las pandillas en exclusiva dos días antes de que este se acabara filtrando al país a través de la emisora de radio YSKL y el Canal 33 de televisión. También le facilitó, con la colaboración del director de Centros Penales, Nelson Rauda, acceso a las cárceles de Ciudad Barrios y Cojutepeque, donde entrevistó en exclusiva a líderes de la MS-13 y la 18. El resultado fue una nota titulada “Hablan las maras” y fechada el 23 de marzo.

Sobre aquella publicación, Lüers dice: “Raúl me pidió que cuando lo destaparan les ayudara validando el comunicado que iban a hacer públicas las pandillas. Por eso fui a las dos cárceles. Porque necesitaba validar el comunicado. Así me metí, como un favor, porque se les había complicado (el proceso) y no sabían qué decir”.

El ministro Munguía Payés explica ahora las razones por las que ofreció versiones oficiales que no se correspondían con la realidad:

-La publicación de El Faro comenzó a deslegitimar el proceso y a generar dudas, porque ante la opinión pública yo no iba a tener respaldo -argumenta.

-¿De dónde salió, por ejemplo, la versión de los misiles law?

-Mirá, eso no es que fuera mentira... eran hipótesis que ya teníamos de antes; sabíamos que habían entrado misiles law al país y una de las hipótesis era que eran para atacar algún penal.

-¿Pero por qué no dijo la verdad?

-¿Qué iba a decir yo? ¿Que los habíamos trasladado por un experimento? Ja ja ja ja... ¡Olvidate! ¡Nos comen vivos! Teníamos que tener resultados para poder presentarlo. ¿Quién te iba a avalar que movieras a los principales cabecillas de las pandillas?

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Los obispos de El Salvador fueron los primeros en saber, fuera del círculo de colaboradores del ministro de Seguridad, que Fabio Colindres y Raúl Mijango habían sido mediadores del alto el fuego de las pandillas. Lo supieron el 20 de marzo por la mañana, un par de horas antes que el resto de salvadoreños, en una reunión solicitada por Colindres y que contó con la presencia del nuncio apostólico, Luigi Pezzuto. “La conferencia episcopal no estaba informada antes de ese martes de que Fabio Colindres estaba mediando”, dice el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez. “Habría que ver si el arzobispo lo supo antes, pero los demás lo supimos ese día, el mismo martes que se lo dijeron al país”.

La reunión se celebró en un clima distendido, y en ella el vicario castrense y el nuncio expusieron lo mismo que dirían luego en una conferencia pública esa misma tarde: que habían visto la situación de los prisioneros e intercedido por ellos; que los pandilleros de El Salvador habían expresado su deseo de hacer gestos de buena voluntad y reducir los homicidios; que la labor de Colindres no había sido de mediación, sino meramente humanitaria; que el Ejecutivo no tenía nada que ver con el asunto y simplemente había facilitado acceso a los centros penales. El resto de obispos recibieron la noticia con satisfacción y les expresaron su respaldo, sin demasiadas preguntas.

 

La conferencia de prensa posterior, celebrada en la Nunciatura -la embajada de El Vaticano en El Salvador-, supuso el primer giro radical en la versión oficial sobre lo sucedido. Sentado junto a Pezzuto y Raúl Mijango -este aparecía por primera vez en escena-, Colindres se presentó como mediador entre ambas pandillas y afirmó que las autoridades de Seguridad habían avalado su labor, la habían facilitado, y habían accedido a trasladar a esos 30 líderes pandilleros con el fin explícito de que dieran órdenes a sus bases de aplicar el alto el fuego. Los misiles, las enfermedades terminales, los años de pena cumplida, daban paso a versiones con un poco más de sentido. En aquella conferencia de prensa, el obispo aseguró desconocer los nombres de las personas que habían sido trasladadas, puesto que él simplemente había pedido por algunos en particular que estaban gravemente enfermos.

Ahora, desde su oficina, Colindres reconoce que durante el proceso de mediación llegó a dialogar con ellos “uno por uno”. “Conocí a sus familias. Fue una cosa muy personalizada”, dice. Cuando se le recuerda que en aquella conferencia de prensa aseguró no recordar los nombres de los pandilleros con los que había conversado, se ríe diciendo que no mintió, que lo que él tenía en la cabeza en realidad eran sus apodos pandilleriles y no sus nombres.

El director de Centros Penales, Nelson Rauda, en una entrevista en la que intentó la tarea imposible de ser sincero sin alejarse de la versión oficial, aceptaría días después que, mediante el traslado, el Estado había devuelto a los líderes el pleno control operativo de sus pandillas -mermado por las condiciones de aislamiento del penal de Zacatecoluca- con la confianza de que estos, como habían prometido, dieran orden de detener la sangría en las calles.

El vínculo directo entre los traslados y el descenso de homicidios quedaba probado, pero a medida que se conocían los primeros detalles de lo sucedido se multiplicaban las preguntas: ¿Qué riesgos colaterales a largo plazo suponía fortalecer el liderazgo de los pandilleros trasladados? ¿Cómo afectaba la tregua a la división entre los diferentes grupos del Barrio 18? ¿Hasta dónde llegaba el protagonismo del ministro en un proceso presentado como independiente pero cuyos mediadores eran un amigo y exasesor suyo y el obispo de la milicia, sometido por jerarquía a la autoridad del generalato y del ministro de Defensa? ¿Cómo interpretar este “gesto de buena voluntad” de las pandillas mientras seguían extorsionando a vecinos y comerciantes de todo el país y trabajando para redes de venta de droga? ¿Qué recibirían a cambio de ese gesto?

Aquella conferencia de prensa no ofreció muchas respuestas pero dejaría para la posteridad dos anécdotas: una, la explicación de Mijango de que los líderes de las pandillas le habían llamado como mediador, a título personal, porque eran asiduos lectores de sus libros y por recomendación de Mario Belloso, el tirador que en julio de 2006 asesinó a dos policías durante una jornada de protestas frente a la Universidad de El Salvador; otra, la aparición de la palabra “milagro” asociada a la tregua. “He sido testigo de la construcción de un milagro”, dijo el ex guerrilero, y con ello levantaba una barrera más para quien tratara de someter a la negociación al escrutinio de los detalles: los milagros no se explican.

Ahora, sentado a la mesa de un restaurante, Mijango recuerda divertido: “¡Cómo me jodió un montón de gente por eso del milagro! Yo no soy religioso. Lo que tenía en mente era la manera sorprendente en que ocurrieron las cosas”.

Además, que aquel anuncio se hiciera en la nunciatura y en presencia de Pezzuto, representante del Estado del Vaticano, reforzaba la idea de que la Iglesia Católica asumía institucionalmente la responsabilidad sobre la mediación, y liberaba al Ejecutivo de la carga de defenderla y explicar la tregua.

Hasta el día de hoy, para hablar de Mijango y Colindres, las autoridades y los líderes de las pandillas dicen “la sociedad civil y la Iglesia”.

Monseñor Rosa Chávez asegura, sin embargo, que se trata de una construcción, de una apariencia: “La Iglesia como tal no ha entrado en el proceso”, dice. “Solo ha entrado un obispo que actúa intramuros, no en nombre de todos nosotros ni coordinado con nosotros. Creo que debo decirlo, por honestidad”. Cuando se le pregunta por qué el arzobispado no ha sido rotundo al aclarar ese punto, el obispo auxiliar responde: “Tocaría al obispo (Colindres) aclarar eso”.

Colindres, como respuesta, alude a un comunicado lanzado por la conferencia episcopal a comienzos de abril, y leído por el arzobispo Escobar Alas el domingo 8 de ese mes, en el que los obispos en conjunto, incluido Rosa Chávez, expresaron su respaldo a la labor del capellán castrense y pedían a los salvadoreños apoyo para su mediación: “A todos los salvadoreños les pedimos como pastores que abran su mente y su corazón con generosidad a los nuevos signos de los tiempos, a los nuevos caminos para la paz que el Señor está abriendo en nuestra nación”, decía el documento.

“Hasta el momento, la conferencia episcopal no ha expresado un cambio de postura”, reclama Colindres.

Rosa Chávez insiste: “Nos pareció buena la iniciativa, y se la apoyó en dos momentos, en un comunicado de todos los obispos y luego el arzobispo en una conferencia de prensa. Pero yo esperaba que el proceso tuviera una dinámica envolvente aprovechando la experiencia de la Iglesia y su capilaridad. Sin embargo, en el proceso posterior a aquel anuncio la Iglesia no ha estado informada ni involucrada. La pregunta es: ¿como Iglesia estamos simplemente legitimando o estamos haciendo más que eso?”

Varias personas vinculadas al arzobispado confirman que la labor de mediación de Fabio Colindres se ha desarrollado, desde marzo, sin comunicación con el resto de obispos y sin colaboración del personal de la Pastoral Penitenciaria, la rama de la Iglesia ligada al trabajo con presos y a la lucha por la mejora de sus condiciones de vida. El sacerdote de congregación de los mercedarios, Juan Carlos Fortón, que desde 2009 encabeza esa labor en El Salvador, apenas ha participado en el proceso. Se le vio únicamente junto a Colindres en una eucaristía que ambos celebraron en el penal de Mariona a comienzos de mayo, cuando los presos comunes, inquietos por la oportunidad de mejoras carcelarias y reinserción que el gobierno estaba prometiendo a los pandilleros, exigieron unirse al diálogo. Hasta hoy la participación de estos presos comunes ha sido, sin embargo, solo testimonial.

Fuentes del arzobispado aseguran, de hecho, que Escobar Alas trató de evitar que Fortón participara en aquella eucaristía y le envió la orden expresa de no asistir y “mantenerse al margen” del proceso liderado por Colindres. El domingo 20 de mayo el arzobispo afirmo públicamente que a la Iglesia ya no le correspondía seguir con la labor de mediación e insinuó que Colindres debía apartarse, aunque días después matizó sus palabras. Desde entonces, se ha mantenido en silencio. Se trató de gestionar una entrevista con el arzobispo para abordar con más profundidad este asunto, pero su asistente alegó falta de tiempo y remitió a su habitual conferencia de prensa dominical. Rosa Chávez define la actual postura de la conferencia episcopal de “prudente”: “Estamos en un compás de espera, tomando distancia y siguiendo con atención a lo que está pasando”.

Desde el otro lado de esa distancia, Fabio Colindres acepta que la relación con el resto de la Iglesia y con otros sectores de la sociedad ha sido, en lo que se refiere a esta negociación, fría. Cuando se le pide que defina las sensaciones vinculadas al trabajo de mediación que ha realizado, habla de “soledad” y “rechazo”.

Personas cercanas a Colindres sugieren que en la base de esa fría relación entre la conferencia episcopal y el proceso de mediación hay un conflicto de protagonismo, avivado por la idea de que alguno de los obispos salvadoreños podría ser nombrado cardenal por el Papa Joseph Ratzinger, y que la notoriedad que ha cobrado Colindres podría ponerlo a la cabeza de los elegibles. Cuando se le menciona esta idea, el capellán castrense arquea las cejas y se pregunta: “¿Quién en su sano juicio buscaría un ascenso metiéndose en las cárceles y relacionándose con delincuentes?”.

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El domingo 9 de septiembre se cumplieron seis meses exactos desde los traslados de Zacatecoluca y el inicio formal del alto el fuego decretado por los líderes de la Mara Salvatrucha y las diferentes facciones del Barrio 18. Se han superado con mucho los tres meses -prorrogables- que establecía el acuerdo inicial entre el Gobierno y las pandillas. Desde marzo, las pandillas han lanzado cinco comunicados conjuntos en los que se comprometen, además de a reducir los homicidios, a dejar de operar en las escuelas, a cesar los reclutamientos forzosos y a no ejercer violencia sobre mujeres. El cumplimiento de estas promesas no ha sido absoluto, pero se ha traducido en resultados evidentes: el promedio de homicidios en El Salvador, que antes del 9 de marzo era de 13.6 diarios, ha caído a un promedio de 5.5 diarios desde esa fecha. Si en los primeros ocho meses de 2010 se cometieron 2,868 homicidios, en el mismo periodo de 2012 la cifra es de 1,867. Mil personas menos.

A cambio, en todas las cárceles del país se han tomado medidas para hacer menos duro el día a día de los internos. Se ha aumentado la duración y frecuencia de la visita de familiares, se ha restituido el derecho a visita conyugal nocturna, se ha aumentado la cantidad de dinero que se puede entregar a los internos, se ha autorizado la tenencia de ciertos electrodomésticos, y se han instalado nuevos televisores en patios de recreo.

Estas concesiones, enmarcadas todas dentro de la legalidad, no impiden que los presos salvadoreños sigan viviendo en condiciones inhumanas de hacinamiento y falta de higiene. La cárcel de Ciudad Barrios, ocupada por miembros de la MS-13 y donde están recluidos sus líderes, alberga a cerca de 2,500 hombres pese a tener capacidad para 800, y hace pocas semanas que tiene suministro eléctrico, y por tanto iluminación, en todos los sectores.

Mucho más relevante es que en abril, curiosamente durante las vacaciones de Semana Santa, el Gobierno decidiera retirar a la Fuerza Armada de los controles de acceso y registro de visitantes a las cárceles. Aunque las autoridades dijeron que esta medida no estaba vinculada a la negociación, el repliegue de la Fuerza Armada estaba entre las demandas iniciales que las pandillas hicieron al Gobierno en las reuniones de negociación celebradas en Zacatecoluca en febrero, según asegura Mijango.

Acciones como estas alimentan las durísimas críticas que la negociación entre la administración Funes y las pandillas sigue enfrentando, por parte de quienes la consideran una concesión a grupos criminales o advierten que legitima a las pandillas en un momento en el que éstas comienzan a tomar conciencia de su evidente poder político. El Ejecutivo, sin embargo, rehúye cualquier debate técnico. Ni el Presidente -que prometió personalmente una entrevista a El Faro para hablar de este tema y no la ha concedido- ni el Ministro de Seguridad han respondido a quienes denuncian la posibilidad de que la reducción de la violencia esconda el tránsito de estos grupos a formas más sofisticadas de actividad criminal y trata de cerrar la discusión sobre un único punto: las cifras.

En ese terreno, quienes han tratado de desvirtuar los resultados de la negociación asegurando que el descenso de homicidios vino acompañado de un aumento de las desapariciones, han tropezado en la falta de asideros: tanto según los datos de la Policía como según los del Instituto Nacional de Medicina legal, que se ha mostrado muy crítico con el proceso de diálogo, las desapariciones han disminuido desde el inicio de la tregua.

Más complicado resulta adivinar el futuro del proceso en su conjunto. Aunque los líderes de la MS-13 y la 18 aseguran en público que su compromiso con la reducción de la violencia es permanente y no depende del cumplimiento de su pliego de condiciones, tanto las autoridades como fuentes cercanas a las pandillas afirman que desde las cárceles de Ciudad Barrios, Cojutepeque o Quezaltepeque se siguen ordenando asesinatos como medida disciplinaria para aquellos pandilleros o clicas que no están acatando la orden de alto el fuego. Las pandillas tratan de afianzar, matando, la orden de no matar.

Por su parte, el Ejecutivo ha trabajado desde marzo para tratar de sumar apoyos internos y externos a la negociación. El pasado julio logró que la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciara públicamente su respaldo al proceso y que su secretario general, José Miguel Insulza, que visitó el país por invitación gubernamental, se comprometiera a verificar el cumplimiento de los compromisos de las partes. Funcionarios de este organismo supervisarán a finales de septiembre la entrega de 3,000 armas, anunciada por la MS-13 y la 18. La OEA ha anunciado también la creación de una mesa técnica destinada a poner en marcha planes de prevención de violencia, mejora del sistema carcelario y reinserción de pandilleros. Esa mesa estará integrada por representantes de la OEA, del Gobierno de El Salvador, de agencias de cooperación internacional y del sector privado.

La reinserción, en el caso de que el diálogo con las pandillas llegue a acuerdos estables, es otro punto de difícil cumplimiento. Por la cantidad de personas implicadas en el proceso -se estima que hay alrededor de 60,000 pandilleros en El Salvador- y por la falta de oportunidades y recursos en un país en el que más del 50% de la población urbana no tiene un empleo formal. El presidente Funes invitó en marzo a buscar un gran acuerdo nacional por la seguridad destinado a definir, consensuar y viabilizar estrategias en este campo, y ha sostenido desde entonces reuniones preliminares con diversos sectores del país. Sin embargo, en paralelo, se estaba desarrollando una labor de búsqueda de apoyos.

Paolo Lüers recuerda que en mayo le invitaron a una cena en la residencia del nuncio apostólico, Luigi Pezzuto. A ella asistieron, entre otros, los economistas Roberto Rubio y William Pleytez, y los empresarios Roberto Kriete, presidente de AviancaTaca, Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), y Antonio Cabrales, influyente ganadero y durante varios años presidente de Fusades. Estaba también presente el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. De esa reunión, dice, nació un grupo de trabajo al que se bautizó como Comisión Humanitaria, destinado a lograr entre los empresarios respaldo -sobre todo económico- a la tregua.

“Soy parte de un equipo que básicamente yo he construido”, explica Lüers. “Comencé a hablar con empresarios. Algunos me mandaron a la mierda porque decían que eso (financiar planes de reinserción o prevención) era hacerle el trabajo al Estado. Otros me aceptaron. Y en ese proceso es que yo me volví un intermediario entre los empresarios y Raúl y los otros (Colindres y Munguía Payés).”

Cuando se le pregunta a Paolo Lüers si es, en lo que respecta a la negociación con las pandillas, un activista o un periodista, él responde: “No lo sé, no lo sé. Es una mescolanza rara. Yo estoy ahí en una mescolanza rara.” Lüers asegura que la dirección de El Diario de Hoy ha estado siempre consciente de su rol como impulsor de la negociación.

Ricardo Chacón, jefe de redacción de El Diario de Hoy, confirma esta versión: “Que Paolo tenga su compromiso particular es cosa de él. Es como si formara parte de un partido (político). Siempre que hemos publicado hemos contrastado y cuando él ha hecho una entrevista ha sido en buena lid informativa. No le estamos haciendo favores a nadie. Las publicaciones han sido siempre con los estándares de este periódico”.

* * *

Aquel ya lejano martes 20 de marzo, mientras el país digería la noticia de que un obispo y un exdiputado del FMLN habían negociado un alto el fuego de las pandillas, el entonces subdirector del Organismo de Inteligencia del Estado, coronel Simón Molina Montoya, llamó al celular del periodista de El Faro Sergio Arauz. El militar, parte del círculo de colaboradores más cercano a Munguía Payés, reclamaba porque en la primera nota del periódico sobre la negociación una fuente le señalaba como el coordinador del proceso de diálogo. Ahora que Mijango salía de los entretelones hacia la luz, Molina Montoya se animaba a reclamar por ello: “Ahora ya saben quién es el que está detrás de esto. Aclárenlo”.

Aun hoy, meses después de aquella conferencia de prensa de Mijango y Colindres, resulta complicado afirmar quién es quién en el proceso de negociación con las pandillas. Muchos funcionarios de esta administración aseguran saber poco más de lo que han leído en los periódicos, y altos cargos policiales aclaran que en las decisiones de comienzo de año nadie consultó a la cúpula policial. La negociación se ha gestionado, hasta hoy, en secreto y con un pequeño grupo de colaboradores. La misma palabra, ne-go-cia-ción, es negada por aquellos que confiesan que, bajo la coordinación del ministro de Seguridad, fueron a hablar con los líderes de las dos principales pandillas del país y les animaron a firmar un acuerdo que está condicionado a que el Estado cumpla sus demandas.

El pasado 22 de junio, a través de Mijango, los líderes de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 hicieron llegar formalmente al presidente una propuesta de negociación pública. En realidad, era una reedición de las demandas que ya habían hecho en secreto desde Zacatecoluca, convertida en un llamado a transparentar el diálogo e incorporar a observadores internacionales. Más de dos meses después, no han tenido respuesta.

A Raúl Mijango, sin embargo, ese hermetismo y la permanente negativa del Ejecutivo a asumir su autoría del proceso, empiezan a incomodarle. “El gobierno en esto está siendo muy ambiguo, esto se ha hecho parecer cosa de monseñor Colindres y mía”, se queja.

El silencio del presidente contrasta con lo expresado por los negociadores nombrados por su ministro: Raúl Mijango ya advirtió el 25 de junio que el siguiente paso en el proceso debía ser una mesa formal de negociación. Fabio Colindres asegura también que el proceso debe culminar en una mesa “y en acuerdos formales, muy similares a los acuerdos de paz (de 1992)”. “Hablamos de 70,000 hombres que, si el narcotráfico los arma, no hay ejército en la región que los pueda combatir”, dice. El mismo partido FMLN, por boca de su diputado Benito Lara, insinúa que ha llegado el momento de dar ese paso.

La llegada de la etapa preelectoral, sin embargo, parece condicionar los pasos de los diferentes implicados en el proceso, temerosos a partes iguales de que la tregua se convierta en arma arrojadiza de campaña y de una opinión pública que, asumen, no ve con buenos ojos el diálogo con los pandilleros. Cuando le preguntamos al ministro Munguía Payés, por ejemplo, si el lanzamiento del grupo policial antipandillas, en plena negociación, fue una estrategia comunicacional, asiente de inmediato: “Claro. Teníamos que dar ese mensaje, porque la gente lo estaba pidiendo. En ese momento había tantas cosas que no se podían develar... porque no teníamos argumentos entendibles”.

Ahora, los impulsores de la negociación han decidido que necesitan transparentarla. El pasado día 1 de septiembre se hizo pública la existencia del Comité Humanitario y el trabajo de Paolo Lüers, por ejemplo, pasó a ser de dominio público. “Ahora que nos ha aceptado (Antonio) Cabrales, tengo para ir a buscar a (Alfredo) Cristiani y a Norman (Quijano)”, dice Lüers. “La intención es pedirles que no estropeen esto, que no se vayan a posicionar antes de saber bien en qué consiste esto”.