En una sala del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en pleno Centro de Gobierno, en San Salvador, tres voceros de la Mara Salvatrucha, otros tres del Barrio 18 y dos de la Mara Máquina, pandilleros activos los ocho, se sentaron junto al mediador Raúl Mijango; el director de Prepaz, Santiago Flores, y el entonces Viceministro de Seguridad, Douglas Moreno. Corrían, según dice Raúl Mijango, los primeros días de abril.

Moreno había solicitado la reunión, según él con conocimiento y autorización del entonces ministro de justicia y seguridad David Munguía Payés y del presidente de la República, Mauricio Funes.

Antes de que el presidente anunciara la reorientación de fondos públicos para inversión en salud y educación en los municipios libres de violencia, como muestra del respaldo del Ejecutivo a la tregua -lo haría días después, el 18 de abril, durante un viaje a Estados Unidos-, Moreno necesitaba tener certeza de que el trabajo del gobierno en el terreno iba a ser posible; de que las pandillas, verdaderas dueñas del suelo en que viven miles de salvadoreños en esos municipios, no iban a obstaculizar el trabajo de los equipos comunitarios de salud (ecos) y de los trabajadores del Ministerio de Educación. El gobierno, y en su representación el viceministro, necesitaban el permiso de las pandillas para trabajar. Esa reunión era para pedir a los representantes –fuera de las cárceles- de la MS-13, la 18 y la Máquina que trasladaran a los líderes en las cárceles la solicitud de ese permiso.

Antes de siquiera comenzar a hablar, los ocho pandilleros pusieron una condición: tomarse una foto con los presentes. Conscientes del significado político de esa imagen, sabedores de que era una forma de coacción y la prueba gráfica de que sí, el gobierno de El Salvador se sentaba a dialogar directamente con pandilleros, los funcionarios accedieron a tomarse la fotografía. Cumplido el requisito, los invitados iniciaron la conversación con el ceremonial “Queda abierto el meeting”, la frase de uso habitual en la apertura de las reuniones de clica.

Douglas Moreno confirma haber solicitado y participado en aquella reunión, y confirma la forma en que se sucedieron los hechos. Dice, de hecho, haber participado en otras reuniones con líderes de pandillas para hacer operativos los Municipios Libres de Violencia.. “Nadie hace ninguna estrategia de prevención de violencia en El Salvador en un escritorio y hablando con párvulos. Se hace lo que se tiene que hacer”, se justifica.

Cuando se le pregunta si el entonces Ministro de Seguridad y el Presidente de la República autorizaron sus encuentros directos con pandilleros, el exviceministro asiente: “Mis jefes superiores estaban totalmente informados de esto”.

 

Sentarse, gobierno, mesa, pandillas…

El exviceministro de Justicia y Seguridad Pública confirma que la reunión celebrada en las instalaciones del Ministerio de Seguridad no fue la primera que sostenía con líderes pandilleros, ni sería la última. El 18 de abril por la mañana, en el salón de reuniones del concejo municipal de Ilopango, Moreno compartió mesa con el alcalde Salvador Ruano, el jefe de policía del municipio, el sacerdote Antonio Rodríguez – recién incorporado como miembro del equipo facilitador del proceso- y al menos una decena de líderes locales de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18.

Aquella reunión, de carácter privado, pero en la que estuvo también presente un reportero de El Faro, sirvió para que el viceministro explicara a los pandilleros la manera en que el gobierno de Funes se iba a comprometer con el proceso de tregua: les anunció que estaban listos para ofrecerles 400 plazas -200 para cada pandilla- en el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), que consiste en formación laboral y una ayuda económica de 100 dólares mensuales para cada persona, durante medio año. Se involucrarían también el Ministerio de Agricultura y Ganadería, capacitándolos para atender cultivos, criaderos de peces y granjas avícolas, y el Ministerio de Obras Públicas, que se comprometía a emplear pandilleros en las obras que realizara en el municipio.

Los pandilleros le pidieron detalles al viceministro sobre cómo operativizar el programa y este les solicitó que nombraran a dos representantes por pandilla para que integraran un comité de seguimiento.

El lunes 13 de mayo, luego de un encuentro en el mismo salón del concejo municipal, el alcalde Ruano le pidió que bajaran a la oficina del gerente de la alcaldía para tener una reunión con un grupo más reducido, en el que estaban al menos el representante de la MS-13, “Chino”, y el del Barrio 18, “Charly”. La reunión subió de tono cuando el alcalde y los homies lo presionaron para que se comprometiera a presentar una propuesta oficial para derogar o modificar la Ley de Proscripción de Pandillas: el viceministro se negó a prometerles esa gestión y tanto el alcalde como los pandilleros pusieron en duda la seriedad de su compromiso con el proceso de pacificación. Aquel día el viceministro abandonó la alcaldía visiblemente molesto.

La Ley de Proscripción de Pandillas, aprobada en 2010, establece que ser pandillero es un delito -la ley hace mención expresa de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, pero abarca otras pandillas-, y por lo tanto, las autoridades están obligadas a capturar a cuanto pandillero tengan al alcance de sus manos. El Faro ha hecho público en varias ocasiones que en los Municipios Libres de Violencia este deber legal ha sido soslayado repetidas veces por el gobierno en aras de procurar la sostenibilidad de la tregua.

Hasta su renuncia al cargo, el 5 de junio, Moreno sostuvo este tipo de reuniones con pandilleros en varios municipios del país, con la misión oficial de llevar el proceso de pacificación a las localidades y afinar detalles operativos con los líderes municipales y con los jefes de las clicas de las pandillas.

La primera reunión de esta índole sostenida entre pandilleros y el entonces viceministro Moreno se celebró a inicios de noviembre de 2012, días antes de que el presidente Funes inaugurara el Centro de Convivencia para la Formación en Protección Civil y Cultura de Paz (Convive) de la colonia Santa Lucía, de Ilopango. La reunión preparatoria fue en la parroquia de la colonia, y a ella asistieron, además de Moreno, voceros nacionales de las pandillas y familiares de pandilleros de Ilopango. El objetivo de la misma fue, precisamente, afinar la incorporación de pandilleros a los proyectos de formación en protección civil que iba a desarrollar el Centro de Convivencia de Ilopango.

En los meses siguientes, jefes de clica y voceros nacionales de las pandillas tuvieron reuniones similares con Moreno al menos en Sonsonate, Puerto de la Libertad y Ciudad Delgado, siempre días antes del lanzamiento oficial de estos municipios como Libres de Violencia. En todos estos lugares el viceministro se sentó con líderes de clicas locales y en ocasiones con voceros nacionales de las diferentes pandillas, para garantizar su respaldo al aterrizaje en estas localidades de la “segunda fase de la tregua”, como el ministro Munguía Payés denominó a los Municipios Libres de Violencia.

Raúl Mijango acepta haber estado en varias reuniones entre Douglas Moreno y líderes de las pandillas en la calle, y también admite haber organizado el encuentro de abril en las instalaciones del Ministerio de Seguridad. Confirma también que esta fue una solicitud directa del entonces viceministro, interesado en que la cúpula de las pandillas permitiera hacer operativa la decisión presidencial de focalizar recursos en los Municipios Libres de Violencia.

“Él (Moreno) era el comisionado presidencial encargado de llevar adelante esos procesos, y antes de ir a hablar con las estructuras locales era necesario contar con apoyo a otro nivel”, dice el mediador, en referencia a la importancia de tener un aval de los dirigentes pandilleros en la cárcel. “La reunión era para solicitar que el liderazgo nacional acompañara los procesos locales, contribuyera a administrar ansiedades y de alguna manera acompañara el proceso”, dice. “Para operativizar los Municipios Libres de Violencia eso era vital”, agrega. 

Mijango dimensiona también la importancia que aquella reunión tuvo para la dirigencia de las pandillas: “Al menos expresaba un nivel de intervención más directa del gobierno en el proceso, apoyando el proceso, y eso tiene su valor”, dice. Alertado de esta publicación el mediador telefoneó a El Faro para insistir en que este artículo incluyera la aclaración de que, dijo, los pandilleros que participaron en el encuentro de abril en el ministerio “eran parte del equipo de facilitadores que está trabajando con los mediadores de la tregua, y no tienen cuentas pendientes con la justicia”.

“El gobierno de El Salvador no se sienta con criminales ”

A través de su programa radial semanal, el presidente de la República, Mauricio Funes, negó tener conocimiento o haber autorizado estos encuentros entre Moreno y líderes pandilleros. “El presidente de la República y el ministro General David Munguía Payés, ni él ni yo, teníamos conocimiento de que se dio esa reunión. Y si hubiéramos tenido conocimiento no se lo hubiéramos autorizado. Y si hubiéramos conocimiento de que se hizo yo hubiera dado la orden de destitución del viceministro por estar atentando contra este proceso (la tregua)”, dijo. “Hemos sido claros: el Gobierno no se reúne con jefes de pandilla para autorizar nada”.

En su afán por desmarcarse de las actuaciones de Moreno, al que él personalmente encargó en febrero de 2012 coordinar la estrategia gubernamental de prevención sin pasar por el cauce de Munguía Payés, el presidente llegó a afirmar en radio que los Municipios Libres de Violencia “no tienen nada que ver con las pandillas”. “Es un programa que se haya diseñado para darles oportunidades a jóvenes en general”, afirmó, a pesar de que en su momento los mediadores, los alcaldes involucrados e incluso el mismo Munguía Payés presentaron esta iniciativa como “la segunda fase de la tregua”. “No me puedo hacer cargo de los acuerdos a los que llegó Douglas”, advirtió Funes

Consultado por las reuniones confirmadas por Raúl Mijango y Douglas Moreno, el exministro David Munguía Payés también rechazó haber tenido conocimiento de este tipo de encuentros y afirmó que nunca los autorizó: “Nunca tuve conocimiento y de haberlo sabido nunca lo hubiera permitido. No era nuestra política reunirnos con ellos (con los pandilleros), nunca ha habido, que yo sepa, contacto de titulares del ministerio con pandilleros”.

Una vez recogida la versión del presidente Funes y de Munguía Payés, El Faro volvió a hablar con Moreno para hacerle saber que el hoy ministro de Defensa niega haber avalado su encuentro con pandilleros, pero el exviceministro repitió: “Ya he dicho que mis jefes superiores estaban totalmente informados de esto”.

También el actual ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, que cuando se celebraron las reuniones era director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y por tanto parte del gabinete de seguridad, negó a El Faro haber sabido nunca de estos contactos entre Douglas Moreno y representantes de las pandillas.

Desde marzo del año pasado, cuando El Faro hizo pública la existencia de una negociación entre las pandillas y el gobierno, que derivó en un súbito desplome de los homicidios en el país, el gobierno ha hecho lo posible por desmarcarse del acuerdo.

La primera versión oficial sobre lo ocurrido –pronunciada dos días después de la publicación, por el entonces ministro de Seguridad Pública, Munguía Payés- aseguraba que 30 líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 habían sido trasladados del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca a penales de menor rigor debido a una mezcla de razones humanitarias, imperativos legales y para desarticular un plan de fuga con cohetes antitanque LAW . Seis días después, la versión cambió: era la Iglesia Católica la que había conseguido un acuerdo entre las dos pandillas para que abandonaran la guerra que libraban desde hace más de 20 años, ayudada por Raúl Mijango, quien se presentó como un “representante de la sociedad civil”. Una semana después, en su primera aparición pública luego de revelado el acuerdo, el presidente Funes fue tajante: “Quiero reafirmar que el gobierno de la República no ha negociado, ni negocia, ni negociará con ninguna de las pandillas existentes en el país”.

Incluso cuando en septiembre el ministro Munguía Payés y Raúl Mijango admitieron haber mentido y aseguraron que fueron ellos dos, con el respaldo de Funes, quienes planearon la estrategia de diálogo con pandilleros y que la Iglesia Católica fue incluida después para legitimar el acuerdo, Funes dijo que esa versión era “la más grande mentira” escrita sobre el asunto.

El 4 de abril de 2013, el presidente ofreció una entrevista a la cadena estadounidense Fox en la que habló de la tregua entre pandillas. En aquella ocasión volvió a repetir que el gobierno simplemente facilitaba el trabajo de la Iglesia Católica. “Este presidente y las autoridades de Seguridad Pública no se han sentado a negociar con pandillas”, dijo, y cerró, contundente: “El gobierno de El Salvador no se sienta a negociar con criminales, porque (las pandillas) están en el mundo de la criminalidad…” Cuando Funes dijo esto, el viceministro de Seguridad Pública tenía, según su propio relato, al menos cinco meses de estar en contacto directo con líderes pandilleros.