Raúl Mijango, el principal mediador de la tregua entre pandillas, cree que el proceso atraviesa ahora su crisis más severa desde que se inició en marzo de 2012, e incluso ve condiciones para que el acuerdo que permitió reducir drásticamente el número de homicidios en El Salvador se rompa.

Por más de dos años, Mijango ha defendido públicamente que las pandillas –y sobre todo sus líderes- están firmemente convencidos de seguir adelante con el proceso pese a las adversidades, a los detractores y a los obstáculos institucionales. Sin embargo, ahora, por primera vez, asegura que las pandillas experimentan “pérdida de entusiasmo y de confianza” ante la falta de compromiso de las autoridades con la tregua.

Estas declaraciones tienen lugar en medio de un recrudecimiento de la violencia en El Salvador, que ha encontrado su manifestación más escandalosa en una serie de ataques armados a la Policía Nacional Civil (PNC), que han dejado a un agente asesinado, dos ataques a carros policiales y el ametrallamiento de un puesto de la PNC. Las autoridades responsabilizaron de inmediato a las pandillas por los ataques, e incluso, el miércoles 9 de abril, un noticiario difundió que un pandillero que sirve como testigo protegido a la Fiscalía había asegurado que uno de esos ataques fue ordenado por Mijango.

El mediador contestó de inmediato al canal 19 de televisión a través de un comunicado en el que niega esa afirmación, que se declara a sí mismo un perseguido político del actual gobierno y responsabiliza al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, de haber difundido esa versión: “Califico (las acusaciones) como una acción política desesperada, sucia, canalla y vil del actual ministro (…) Perdomo, quien está buscando con desesperación chivos expiatorios para justificar los fracasos de su gestión y a su vez presionar a los nuevos gobernantes electos el nueve de marzo recién pasado (para) que le permitan continuar en el nuevo periodo al frente de esa cartera de Estado”, dice el texto.

Para desmarcarse del ataque contra una patrulla y una delegación policial en Quezaltepeque, del que supuestamente se le acusa, Mijango llegó incluso a asegurar que si existieran pruebas de que el hecho fue cometido por pandillas, él consideraría que estas organizaciones han violado uno de los acuerdos fundacionales de la tregua, que consistía en no atacar a policías ni militares y que por lo tanto él abandonaría su rol de mediador. Cuando se le dijo que había pandilleros detenidos por el hecho, Mijango matizó que él no se refiere “a cualquiera que se haya saltado la tranca”, sino a si se llegase a demostrar que los ataques a la Policía son ordenados “por el liderazgo” de estas estructuras.

El Faro consultó vía telefónica con uno de los líderes de una de las dos principales pandillas que opera en el país y este admitió que los ataques habían sido perpetrados por pandilleros, pero aseguró que los hechores actuaron al margen de las directrices giradas por las ranflas o cúpulas nacionales.

Este pandillero afirma que la escalada de violencia se debe a que el gobierno ha dificultado los mecanismos que los líderes tenían al inicio del proceso para controlar a sus miembros a nivel nacional y a que ha incumplido las promesas hechas por el propio presidente Mauricio Funes de destinar recursos para programas sociales que dieran soporte al proceso: “Si tuviéramos las herramientas de cómo detenerlo (los ataques a la Policía) lo haríamos, pero ahorita ¿cómo?, si el gobierno no ha dado nada de los programas de prevención que iban a dar. Estas son las consecuencias”, contestó el pandillero.

También acusó a la Policía de tener una campaña de acoso a los miembros de pandillas, que debilita la voluntad de las clicas: “Esto es consecuencia de tanta represión, ¿cómo voy a detener a la gente si están provocándolos?”, cuestionó.

En una carta dirigida a Mijango, el obispo Fabio Colindres, quien también ha figurado como mediador en la tregua, se solidarizó con su compañero: “Nada me daría más honor que compartir con usted, por esta causa, la experiencia de ser ambos privados de libertad”, escribe el sacerdote, contemplando la posibilidad de que los señalamientos hechos en contra de Mijango les acarreen a ambos procesos judiciales.

Este episodio es el último de la malograda relación entre los mediadores de la tregua y el ministro Perdomo, quien desde su llegada al cargo en junio de 2013 ha desconocido a Mijango como interlocutor e incluso ha intentado sustituirlo por su propio equipo de mediadores, entre los que se encuentra el sacerdote Antonio Rodríguez.

Perdomo es de la idea que el proceso de paz encierra intereses oscuros, como los de distraer la atención nacional para potenciar a grupos de narcotraficantes, y ha insinuado que su antecesor, el general David Munguía Payés, hoy ministro de Defensa, era cómplice de esta estrategia.

Mijango pone en duda que lo que queda del pacto entre pandillas pueda sobrevivir si el futuro presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, elegido el pasado 9 de marzo y que tomará posesión el 1 de junio, no envía a las pandillas mensajes claros en la dirección de que está dispuesto a retomar el proceso: “Veo difícil que sobreviva porque la actual administración puede cometer errores que pongan más difíciles las cosas. Yo creo que aunque no hayan asumido (las nuevas autoridades) pueden pedir a las autoridades actuales que no les compliquen más las cosas”, dijo.