Héctor Silva Ávalos es el hijo del político de centroizquierda Héctor Silva, dos veces alcalde de San Salvador y un presidente que nunca fue. Pero es, sobre todo, uno de los periodistas insignia de la primera gran camada de periodistas de academia que parió El Salvador de posguerra. Empezó en La Prensa Gráfica cubriendo para la sección de espectáculos –Silva Ávalos es cinéfilo y de vez en cuando sigue escribiendo alguna que otra crítica de cine- y más tarde llegó a liderar junto a un grupo de editores jóvenes, quizá a una de las maquinarias periodísticas más extrañas de El Salvador: a falta de una sola figura para liderar un periódico, José Roberto Dutriz delegó en sus jóvenes editores el timón.

En su etapa como periodista y editor, Silva lideró algunas de las primeras incursiones del periodismo salvadoreño en temas que hablaban de narcolanchas en el litoral salvadoreño, de robafurgones y de transportistas de carga que luego se convirtieron en narcotraficantes. Hablamos de Los Perrones, la primera gran estructura del narcotráfico salvadoreño que saltó al ruedo en el primer lustro del nuevo siglo. En esa etapa Silva dice haberse topado con un descubrimiento: la Policía salvadoreña también es corrupta y está infiltrada. Hasta los tuétanos.

Años más tarde, para cuando Mauricio Funes ganó la presidencia en 2009, Silva dio un salto que para los puristas en el oficio es un viaje sin retorno: se quitó el chaleco de periodista y se convirtió en funcionario de gobierno. Viajó a Washington, a la embajada, primero como ministro consejero y luego como jefe de misión adjunto. Su principal objetivo era abordar con Washington, D.C. un tema que conocía bien: la política de seguridad pública del gobierno salvadoreño, con especial énfasis en las reformas a la Policía Nacional Civil.

En un principio, Silva fue feliz en su nuevo rol. El primer gabinete de Seguridad del presidente Funes prometía profundas reformas al sistema de justicia, que pasaban por una depuración en la Policía y apuestas valientes por montar en El Salvador una comisión de investigación similar a la CICIG de Guatemala, que destrabó parte de la red de corrupción policial, fiscal y judicial, con apoyo de Naciones Unidas. Pero a medio camino el presidente Mauricio Funes cambió a todo su gabinete de Seguridad, instaló al general Munguía Payés como ministro de Seguridad Pública y derrumbó el muro que empezaba a construirse. Al punto de desconocerlo. Para Silva, la sorpresa fue mayúscula cuando comprobó cómo fueron retornando a puestos de poder aquellos oficiales que él había denunciado primero como periodista y luego como funcionario, cuando Casa Presidencial pedía su opinión. El fin llegó cuando sufrió una amenaza de muerte, que él sospecha vino de policías, y no de las pandillas, como alguna vez se lo dijo el general Munguía Payés.

Tiempo después de quitarse su chaleco de funcionario, Silva vuelve a las andadas, apoyado por la American University de Washington D.C. y UCA Editores. Regresa haciendo libro sus 10 años de investigaciones sobre la relación entre el narcotráfico y las autoridades policiales. Infiltrados, crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013) se llama su libro.

En Infiltrados, Silva relata una negociación bajo la mesa entre el gobierno de Alfredo Cristiani y el FMLN, que permitió que viejas estructuras y prácticas para ocultar el delito se enquistaran en la nueva institución. Una de las conclusiones del  libro es que todo el Estado vive en connivencia con el crimen, y una de las grandes puertas por el que el crimen ha entrado ha sido por la de la Policía. Tanta es la relación entre esas estructuras oscuras e irregulares, que Silva Ávalos establece que Herbert Saca, ese misterioso operador político del gobierno del presidente Antonio Saca, señalado por tener vínculos con Los Perrones, llegó a cruzar llamadas con el celular del presidente Mauricio Funes hasta en cuatro ocasiones, según reportes del Organismo de Inteligencia del Estado. Si ya se rumoraba que Herbert Saca asesoraba a Funes, este hecho cuestiona aún más el camino que recorrió Funes en la segunda mitad de su mandato. Pero antes de llegar a esa escena, y como todo siempre tiene un principio, esta entrevista arranca con el primer gran descubrimiento que propone Silva.

¿Entonces la Policía nace con un pecado original?
Sí, pero vale aclarar que pese a lo que siempre se ha creído, el pecado original no es la repartición de cuotas para crear a la Policía (20 % para la guerrilla, 20 % para el ejército y 60 % para no excombatientes) aprobada en los Acuerdo de Paz. El pecado original es cómo se ejecuta la idea porque ahí hubo trampa desde el principio. Primero: la élite militar nunca aceptó el 20 % por ciento. Previó llenar su cuota del 20 %, pero además utilizó la cuota del 60 % de civiles para, por vías subrepticias, meter más gente que incluso había sido depurada de la Policía Nacional. ¡Hermano, si estabas depurado de la Policía Nacional, realmente había un problema con vos!

¿Qué pasaba con los del Frente?
El Frente no cumple con su cuota completamente, sobre todo en el nivel ejecutivo, porque había requisitos académicos que la gente del Frente no tenía, aparte de algunos profesionales que estaban en la guerrilla. Ahí hay un desbalance, pero el problema no es el desbalance per se, el problema es que esa élite militar se las ingenia para meter a oficiales provenientes de los antiguos cuerpos sin que pasasen por ningún filtro.

¿Qué buscaba esa élite militar? 
Pensá en el contexto: la depuración es efectiva de la Fuerza Armada, con una jerarquía militar sumamente cuestionada, debilitada porque ya no tiene los apoyos políticos que la hicieron poderosa los 10, 15 años anteriores, sobre todo el apoyo político de los Estados Unidos. Recién ha ocurrido la masacre de los jesuitas, que pone al descubierto no solo el problema de irrespeto a los derechos humanos sino el problema de corrupción dentro de esas élites. Es decir, la élite militar se da cuenta de que con el Acuerdo de Paz va a perder buena parte de su poder, y las élites políticas -que han sido las socias históricas de esta élite militar- también se dan cuenta de que no pueden darse el lujo de perder a la institución que va a quedar convertida en la única fuerza pública de El Salvador.

¿Fue un complot para copar la Policía?
No estoy diciendo que es una toma indiscriminada, pero sí garantizan desde el principio colocar a oficiales que han sido parte de ese tema de poder en los mandos que van a formar esa policía, que van a crear esa policía. Buscan oficiales de confianza de la élite política y la élite militar, incluso, de los Estados Unidos. Hay varias figuras, pero la persona que representa eso con más cabalidad es el mayor Óscar Peña Durán.

Un oficial mimado por Estados Unidos.
Peña Durán fue uno de los intentos de reforma de los Estados Unidos dentro del ejército. Estados Unidos crea la Unidad Especial Antinarcóticos (UEA) en los 80 como una forma de modernizar la Fuerza Armada y lo entrena, y lo vende en Washington como un oficial moderado, un oficial cuyo principal entrenamiento no es perseguir al enemigo interno sino enfrentar desde una concepción moderna el crimen.

En tu libro hablás de varios oficiales ligados a esos estamentos que querían copar a la Policía.
No solo era él, había otro grupo de oficiales que entran con él y se ponen a cargo de la nueva institución, forman a los nuevos cuadros, son los responsables territoriales de la nueva institución. Quien mejor me define qué significaba esto, en ese contexto, es Juan Faroppa, un funcionario uruguayo que en aquel momento recorrió todo el proceso de paz salvadoreño con Onusal (la Misión de Observadores de Naciones Unidas). Él me lo pone así: en este proceso lo que pasó es que la élite se dio cuenta de que iba requerir de la fuerza pública para garantizar el ejercicio del poder en un contexto de posguerra.

¿Es decir, una Policía concebida para garantizar la estabilidad del poder político?
Acordate que se genera un reacomodo en el poder. La élite militar lo pierde, y con eso estás hablando de quitarle el control del Estado a las élites que lo han tenido durante toda la vida republicana de este país. Entonces a la Policía, estas élites la perciben como un instrumento de poder, no como un instrumento de seguridad pública al principio. Ese es el pecado original: la Policía se convierte en un instrumento de poder político, y en el principio en una Policía ineficiente en el combate al crimen porque no está entrenada para eso.

Y todo se origina, según tu investigación, con 25 oficiales del ejército avalados por Estados Unidos que entraron de manera irregular a la Policía Nacional Civil.
No te puedo decir que a todos los avalaba Estados Unidos porque no lo sé, pero sí que avalaba a Peña Durán. Uno de los oficiales que en aquella época estaba en la Embajada me dijo: Peña Durán era un oficial eficiente, capaz de montar una policía. Ellos juran que hasta donde investigaron, Peña Durán no tenía problemas de antecedentes delincuenciales. Eso lo aseguran ellos, pero otros protagonistas del proceso como Gino Costa dice en su libro (Policía Nacional Civil de El Salvador, 1990-1997. UCA Editores) que eso no es así. Y otros protagonistas salvadoreños que conocieron a Peña Durán antes y después del acuerdo aseguran que su unidad, la UEA, estaba relacionada con el narcotráfico en aquellos años. Estamos hablando de los años de las bodegas San Jorge, estás hablando de los años de Pozo Aparicio, estás hablando del tema de Los Perrones, cuando investigamos que aquellos contrabandistas de oriente también tenían vínculos con esos militares que traficaban droga en Ilopango.

¿Cómo es que pese a esas sospechas alguien como Peña Durán logró colarse?
Los Estados Unidos decía que no eran ciertas las acusaciones contra Peña Durán. Incluso hay cables donde el embajador William Walker dice: “Todas las acusaciones que hay contra Peña Durán son producto de la envidia que hay entre oficiales en el ejército a quienes él ha perseguido”. El embajador te está diciendo hay un problema de narcotráfico en el ejército de El Salvador, pero este hombre no es parte de eso, este lo está combatiendo. Eso es muy difícil de creer porque estos viejos oficiales eran los que mandaban, eran los que crearon la UEA. Peña Durán era un operador de esos oficiales.

En esa lista de 25 oficiales que vos descubrís, ¿todos tenían el mismo perfil?
Peña Durán es mayor cuando se da de baja, entre los otros oficiales hay capitanes, hay tenientes y subtenientes. La mayoría de los hoy comisionados eran tenientes. Había capitanes, dos de ellos importantes, que son Luis Núñez Cárcamo, de alta en la Policía -y que no hace mucho estuvo a punto de ser enlace policial en Washington, avalado por el gabinete de Seguridad de Funes-; y el teniente Marín López, de quienes los informes confidenciales de la ONU decían que sí habían estado como sospechosos de violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Los otros son tenientes que en aquel momento eran jóvenes, pero hay una cosa en la que no hay que perderse: este grupo de 25 es la tercera promoción. Antes de ellos hay dos promociones que son la vieja plana. Ahí están Tobar Prieto, por ejemplo; Ascencio, Ramírez Landaverde… ellos pasaron por los filtros, pasaron por la Academia, otra cosa es si los filtros eran buenos o no, pero esos oficiales pasaron por esos filtros. En cambio, estos 25 no. Y el descubrimiento es que mientras el gobierno de Cristiani le estaba diciendo a Naciones unidas: “estos oficiales se habían dado de baja”, la verdad es que no se habían dado de baja. Es más, Peña Durán llega a ser subdirector de operaciones siendo militar de alta. Él se da de baja un mes después de renunciar a la Policía, pasa toda su administración siendo militar, igual que los otros 24.

¿Más allá que hayan entrado vestidos de militar a la Policía, el resquemor con estos 25 es la relación con hechos oscuros durante la guerra, llámese narcotráfico, llámese violaciones de derechos humanos?
De algunos…

¿Podemos decir: esta gente respondía a intereses creados de grupos militares oscuros? La Tandona, por ejemplo.
Yo creo que algunos de ellos sí, pero no lo veo como un esquema de conspiración que siguió intacto. Pensá que estos son organismos en evolución constante. Repito, el alto mando militar durante los primeros años de la posguerra no tenía el poder para tomarse de lleno la Policía. Lo que creo que pasa es que ese afán de controlar la fuerza pública lo aprovechan estos oficiales. No porque viniesen a representar un cártel que ya funcionaba en la Fuerza Armada y que se trasladó a la Policía, no. Lo que sucede es que todas las decisiones políticas en aquel momento crean una institucionalidad muy débil. Ojo: injusto sería decir “ellos llegan como parte de una conspiración, como que son asalariados del Cártel de Medellín”. Pero a la vuelta de 20 años, ellos mandan y han estado involucrados en hechos de corrupción investigados una vez, y otra vez, y otra vez por la Inspectoría General. No solo una, ¡por cuatro inspectorías! Y por la Fiscalía General… han sido depurados de la institución y vueltos a llevar a la institución…

Y el hecho de que militares de alta estuvieron en la Policía, ¿es una falla administrativa? ¿Una corruptela para cobrar dos salarios? ¿Un delito?
No sé delito, lo que sí sé es que hubo un irrespeto expreso al acuerdo de paz y ojo, hemos hablado mucho de la administración de Alfredo Cristiani, pero esto tuvo el aval del FMLN desde el principio.

¿¡El Fmln avaló el ingreso irregular de militares cuestionados a la Policía?
Llegados a diciembre de 1992, con la paz firmada, con la Policía Nacional Civil empezando, con la Policía Nacional controlando el territorio, investigando el crimen con inyecciones de dinero desde el ejecutivo, con una academia y una policía nueva sin mucha plata, por lo menos desde el ejecutivo… en ese contexto, el FMLN tiene ante sí una gran disyuntiva: centenas y centenas de excombatientes, de mandos guerrilleros que están reclamando: “hey, firmamos la paz, ¿y nosotros qué ondas?”. Entonces el Frente identifica 600 mandos e intercede para que se cree el plan 600, que es un plan para dar beneficios económicos a 600 mandos guerrilleros. Naciones Unidas dice “lo vamos a hacer”, pero el FMLN está urgido. Entonces, el FMLN se reúne, sin Naciones unidas, con la administración Cristiani y el 22 de diciembre de 1992 acuerda darle vida al plan 600. Por darle plata a estos mandos guerrilleros, el Frente accede a que la administración Cristiani lleve a cabo su propuesta de incorporar casi intactas a la UEA y la División de Investigación Criminal (DIC) dentro de la nueva PNC, bajo el argumento de que antinarcotráfico y la investigación tienen que ser los pilares de la nueva institucionalidad. Y el Frente tiene reparos de algunos oficiales, pero dice: “¡denle!”. El Frente avala eso.

Y ya si las partes lo pactaron, ¿quién se oponía?
La ONU dice: “esto es un problema, esto va generar un problema porque esto va a empoderar a oficiales de los que no estamos seguros y oficiales que no garantizan que aquí se construya una nueva cultura de respeto de derechos humanos, pero tampoco una cultura de investigación criminal”.

Cristiani supongo que no era ningún ignorante. Es decir, sabía a quiénes metió ahí.
Él conocía a Peña Durán, sabía quién era Peña Durán, claro que lo sabía, y también el Frente sabía quién era Peña Durán y tanto lo sabían que ellos mismos vetaron a algunos de esos oficiales al principio. Pero insisto: es incorrecto decir que desde el principio estos entraban con un plan quinquenal, un plan de 20 años, no tenían eso. Lo que sí tenían era la intención de copar los mandos. Y se queja la ONU, y ahí no solo hay documentos oficiales sino que hay cartas, memos de diplomáticos, conversaciones, entrevistas que le hacían a funcionarios, las entrevistas que el mismo Rodrigo Ávila, que fue el tercer director de la Policía, le daba a investigadores del Congreso de los Estados Unidos y les decía: “¡esto es un problema!” Hugo Barrera, viceministro de seguridad de Calderón Sol y luego ministro, dice: “aquí hay un problema, la PN es el cuerpo de seguridad más corrupto en la historia de este país y sus oficiales están metidos con crimen organizado”, dice Hugo Barrera. Y lo dice públicamente, pero esos oficiales ya tienen copada la policía. Peña Durán una de las primeras decisiones que toma es ordenar a todas las regionales y delegaciones que no dejen entrar a observadores de Onusal a verificar el trabajo y los despliegues. Eso ya no solo viola los acuerdos, eso viola resoluciones de Naciones Unidas. Delito penal no sé si hay, pero irrespeto a resoluciones de Naciones Unidas sí había y eso te lo dicen los oficiales de la ONU. 

¿La conducción de la Policía hacia el lado oscuro se hereda de las élites militares corruptas o se aprendió sobre la marcha?
Yo creo que ambas cosas. Quizá el ejemplo de la herencia y del aprendizaje es más claro en la DIC que en la UEA, donde no tiene relación directa Peña Durán, ahí son otros protagonistas. La DIC es la heredera de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD). Ahí hay otro oficial del ejército que es el coronel Manuel Rivas Mejía, otro oficial visto por Estados Unidos como un reformador, como un profesional. El coronel Rivas Mejía es el designado por el ex presidente Cristiani como el investigador del caso jesuitas.

¿La CIHD solo le respondía al presidente?
Le respondía también al alto mando. Rivas Mejía no hacía nada sin consultarlo primero. Y eso te lo dicen los estadounidenses, en el tema jesuitas. El informe de la comisión Moakley, que es el informe que dice sin equívocos 'a estos señores los mataron los militares, con el conocimiento del alto mando'. Incluso el informe pondera la investigación de la CIHD, pero luego investigadores independientes como Marta Doggett -que escribe un libro sobre esto- hablan del “mito del buen trabajo policial”. Y descubren vía desclasificación de archivos, testimonios, que en realidad lo que Rivas Mejía hizo fue encubrir. El esquema era: partamos de que no hay forma de decir que no fue el ejército, entonces estos son los responsables y ahí muere. Incluso, al principio, jugando con la posibilidad de la duda: ¿fue el ejército o no? Una de las señales más claras de eso, una señal de actuación policial para encubrir, fue la actuación con testigos y la intimidación de testigos. A la vuelta de 20 años esa sigue siendo una práctica normal. Bueno, veamos la figura del testigo criteriado.

Rivas Mejía aparece involucrado, en plena integración de las policías, en el asalto al Banco de Comercio.
Al final de la administración Cristiani, con muchas reticencias de desplegar completamente a la PNC, y con la PN en el terreno y dueña de la investigación criminal ocurre en asalto al Banco de Comercio. ¿Y quién asalta? El jefe de la CIHD. ¡El jefe, hermano! Cuando entra el presidente Calderón Sol (en 1994), la Policía ya tenía un golpe de gracia.

¿El gobierno de Calderón Sol tuvo que haber parado estos síntomas?
Los hechos no le dejaban otro camino. O sea: el jefe de la investigación criminal está asaltando un banco y mueren seis personas... No tenía otro camino. Ojo, la supervisión estaba ahí, estábamos ante los ojos del mundo... Y cuando entra Calderón Sol y desmantela la Policía, hay un discurso de agresividad positiva de 'esto hay que limpiarlo'. El problema es que ya Peña Durán había puesto a toda su gente. El problema es que toda esa cultura ya se había inoculado en la Policía, el problema es que ya se había creado la DIC... ¿Qué pasa después? Matan a Francisco Velis (exjefe guerrillero), matan a Mauricio García Prieto (joven empresario), a Adriano Vilanova (joven asesinado en los Planes de Renderos). ¿Quién investiga? La DIC. ¿Y cuál es el resultado de esas investigaciones? Bueno, ¿quién mata a Velis? Romero Alfaro.

Un asesor policial de esa DIC.
¿Y quiénes eran asesores jurídicos de esa DIC? Romeo Barahona y Mendoza Jerez, a la postre fiscales generales de la República. A lo que voy es a que ahí hay un modo de hacer, un modo de encubrir, un modo de ejercer investigación criminal para encubrir, para culpar a otros, en nuestro lenguaje “armar tamales”. En eso se especializa esa DIC. Ahí la ONU habla del primer momento en el que está en peligro el proceso y crea el Grupo Conjunto (para investigar los grupos armados ilegales, que entregó su informe al presidente Calderón Sol en 1995) y la DICO (División de Investigación contra el Crimen Organizado).

Por lo que contás, pareciera que Calderón Sol ya llega tarde a corregir errores.
Es que yo creo que siempre se hace todo para que sea tarde. Los intentos de enmienda o son superficiales o están condenados al fracaso desde el principio. Son, como lo fueron la UEA y la CIHD, pantallas para dar la impresión. Es decir, el viejo truco de cambiar un poco para no cambiar nada. El gran momento en el que parece que las cosas van a cambiar, todavía con la ONU aquí, es cuando se crea la DICO.

¿Quién controlaba esto?
La ONU, completamente. La ONU veta a todos los oficiales. Ahí no entra el mando policial. La DICO destraba lo de Velis, comienza a investigar García Prieto, la DICO destraba ese grupo de sicariato en la DIC. O al menos a uno de los grupos de sicariato que había en la DIC. Pero la DICO se desintegra porque la final del primer mandato no le dan dinero, recursos... Ese es el modus operandi: a lo nuevo no le dan suficiente oxígeno para dejar que lo viejo sobreviva. La reforma incompleta de la Policía condena el tema de la investigación criminal y a la impartición de justicia.

Ahora, en esta segunda etapa, ¿el poder político por inercias se topa con un muro que no puede sortear o practica la connivencia con policías irregulares?
En el discurso político inicial hay mucha agresividad y hay hechos. La creación de la DICO que Rodrigo Ávila apoya, y Hugo Barrera también (en principio, porque después ya no); la rotación de algunos mandos; cerrar el capítulo de Peña Durán, exiliarlo de la Policía. Pero luego Hugo Barrera crea la Unidad de Análisis, cuyo principal asesor es Víctor Rivera (Zacarías). Un oscuro comisario venezolano que después aparece donde aparece. Que aquí lo conocemos por el caso Vilanova Velver, pero que en Guatemala lo matan ya por grandes ligas. Eso no se los heredó nadie. Zacarías llega ahí no por Peña Durán. Eso es nuevo, es cosecha propia de esa nueva administración. El sistema está tan contaminado, está hecho para no investigar, que al final es un eufemismo para decir que el sistema está hecho para obstruir la justicia.

¿Ese mando policial feo, oscuro, le tenía pisados los talones a todo mundo, y eso les daba poder antirreforma? Ese, por ejemplo, es uno de los argumento que los hondureños más ocupan para explicar la corrupción en su policía.
Creo que en El Salvador eso es muchísimo más sutil. Hay una relación de connivencia entre unos y otros donde no hay... Creo que más bien el poder político controló siempre a la Policía y no al revés. Al menos en nuestro caso. Hombre, visto a la luz de 20 años uno dice: suficientemente listos y poderosos han sido para mantenerse en el poder estos 20 años. Incluso con el primer gobierno de izquierda. Pero creo que son circunstancias diferentes. El caso de Honduras no lo conozco a profundidad pero creo que se explica en buena manera en que el poder de los militares hondureños sigue sin que nadie lo haya tocado. Aquí volvemos al momento en el que el poder real de la Fuerza Armada disminuye y se crea esta nueva élite.

Pero uno no deja de tener estas dudas: un poder militar que conoce demasiados secretos, aunque pierda fuerza, logra colar a sus operativos en los mandos policiales.
Es que el poder político nunca quiere, y recordá que va cambiando. Cuando te hablo de connivencia es que de repente surge otro grupo de poder, dentro de los grupos de poder político en la derecha, que empatan en relaciones con oficiales que ya tienen suficiente poder dentro de la Policía. Y no es que se sepan mucho, es que actúan juntos. Y los ejemplos de eso saltan a la vista ahorita, y ahí ya hablamos de narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado. Y eso también empieza a gestarse desde entonces, y no con narcotráfico necesariamente, sino con robo de furgones. En los últimos años de los noventa, principios del 2000, cuando estaban en boga las bandas robafurgones. Esas bandas eran protegidas por oficiales de la Policía. Hay testimonios de grupos de policías que estaban dando protección en los lugares con los furgones desmantelados. Y con los tipos diciéndoles: 'yo esto me entendí con el comisionado tal...'

¿Al mismo tiempo que un grupo de contrabandistas se convierten en narcotraficantes, la Policía evolucionó para ser el nexo entre los malos y la “autoridad”?
Hay una evolución paralela. Los sindicatos del crimen, esos grupos del crimen organizado, crecieron junto a estos policías infiltrados. Eso lo planteo en los primeros capítulos: ¿cuáles son las garantías de la impunidad y la infiltración? Es la naturaleza de los grupos de crimen organizado que hoy conocemos. Vos, Efren, conocés muy bien el caso de Los Perrones. Empiezan siendo contrabandistas -no de droga- de poca monta, o de mucha monta, en el oriente. ¿Y qué necesitan? Ellos necesitan pistear al tipo de finanzas que está en La Unión, en El Amatillo, en San Miguel... Es poquiteo, vamos a decirlo así. Ellos mismos te lo dicen. Y cuando uno pregunta, ellos te lo dicen. ¿Y Usted cómo? 'No, a mí me llevaron a un burdel, me regalaron cerveza, un bluejean, me daban 70 colones, o 700 colones, o mil colones por un furgón'. Así empiezan. Mientras van corrompiéndose esas nuevas unidades de la Policía desplegada en el terreno, estos van creciendo. El que mejor me lo dijo fue un narco salvadoreño, socio de Los Perrones. “Estos existen porque estos existen. Ellos no hubieran podido crecer, ni nosotros hubiéramos podido crecer, si nosotros no hubiéramos tenido esas cantidades de dinero y estos no nos las hubieran agarrado'. Así de fácil. Es un negocio de conveniencia. Texis es lo mismo. El Burro Herrera es lo mismo. “Yo aquí opero con el comisionado tal. Quiten a este policía tal porque se está poniendo pendejo. ¿Y quién es el que no se pone pendejo? El comisionado Mendoza Cordero o el comisionado García Funes o la comisionada Corina Palma”. Coexisten, van creciendo juntos y funcionan bien.

¿Nunca hubo mecanismos de control interno fuertes?
¡Jamás! Nunca se hace la legislación -que ahora hay un acuerdo generalizado que tenía que haberse hecho- para sacar a la Inspectoría y convertirla en un ente autónomo. ¿Qué dicen los inspectores? Y ojo, esto lo dicen los inspectores. La primera se llamó Marta Zoila Uribe. Y la antepenúltima, Zaira Navas. Esas dos mujeres, en momentos diferentes de la historia policial, dicen esto: “el problema es que yo no puedo poner a policías a investigar a policías. No puedo. Porque aquí hay lealtades”.

Si el discurso político era de tope, ¿por qué Hugo Barrera llama a Zacarías? ¿Por qué junto a Rodrigo Ávila no logran limpiar la institución?
La explicación oficial es la misma de por qué se suponía que la Policía tenía que incorporar a los grandes y talentosos investigadores de la UEA y la CIHD. 'Porque estos saben investigar'. Zacarías, sus credenciales, se supone que eran de un gran investigador. Y la DIC tiene problemas, y entonces traigamos este hombre para que nos ayude. Pero lo que se crea es una Policía paralela y el caso que lo comprueba es el de Vilanova Velver. Y ojo, Zacarías era investigador de la Secretaría Nacional de Inteligencia del gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, donde también fue investigador el comisario Basilio (Luis Posada Carriles). Esa era la escuela.

¿Hay un hecho que evidencia cómo y cuándo el narcotráfico y la Policía se estrecharon la mano?
Al final de los 90 se abre la ruta del litoral pacífico y por las costas pasan más lanchas, se abren las puertas al trasiego. Pero hay un evento importante que es el decomiso de una avioneta en 1997 en una pista cercana a Comalapa. El entonces subjefe de la DAN, entonces subcomisionado José Luis Tobar Prieto, en ese descubrimiento, dice: “Es que es un problema real en este país. Los narcos aquí ocupan haciendas, pistas clandestinas, y las personas que dirigen esto son personas que tienen poder en El Salvador. Ahí hay militares, políticos y policías”, dice el director de la DAN en 1997. Hay otro incidente en 1999 en el occidente. Los medios lo cubren muy superficialmente.

Las lanchas en La Chepona.
En un fin de semana, unos pescadores de la Barra de Santiago llegan al puesto. Dicen: “Mire ahí acaba de atracar una lancha y se acaban de bajar dos tipos”. El cabo que dirige el puesto se va y captura a los dos tipos. Son extranjeros. Tienen acento extranjero. Los retiene pero no da parte al oficial que era su superior. Alguien de la Barra llama al que entonces era el jefe de la delegación de Ahuachapán, que era el subcomisionado Mendoza Cordero. Mendoza Cordero ordena que 'a estos dos tipos los vamos a deportar. Los extranjeros no tienen papeles y la lancha se la vamos a dar a la DAN'. El jefe de la DAN era en ese entonces Douglas Omar García Funes. A los tipos los deportan y la lancha no se sabe qué pasó con ella ni qué traía. No hay parte de eso. Eso se conoce luego por testimonios de aquellos oficiales, de aquellos policías que dicen: “Aquí había algo raro”.

¿Los Perrones aparecen en escena con Meneses, en el gobierno de Flores?
El caso de Los Perrones es el primero que refleja ya el viraje y toda la sofisticación que esto conlleva. Y en ese capítulo es cuando mejor se explica la rueda de caballito de la que me habló un investigador. Si un jefe está muy quemado, lo quitan y ponen a otro. El caso que mejor refleja eso es el caso de Meneses. Llega a ser director general, pero pasa por la DAN, por Finanzas y crea el “Centro de Inteligencia Policial”. Él lo crea. Cuando Meneses sale por la puerta de atrás, en la segunda administración de Rodrigo Ávila -que lo mandan a Washington- él deja a otro oficial que era su teniente. El actual jefe del CIP: el comisionado Óscar Aguilar.

¿Otro de esa rueda es Godofredo Miranda?
Godofredo salta a la vista pública en 1999 por la muerte de su sobrina, Katya. Cuando ocurre la muerte de su sobrina, es el subjefe de la DIC. Ese caso es importante. En ningún momento planteo que él tenga que ver con la muerte de su sobrina, pero hay cosas que no hizo bien. Primero lo plantea la PDDH y luego lo hace la FGR: siendo el jefe de la DIC no protegió la escena del crimen. Godofredo así se dio a conocer, luego es el director de la DAN que más tiempo ha estado en el puesto: ocho años, de 2000 a 2008. Durante los años en que estos grupos -por lo menos los grupos de Oriente- crecen y se convierten de grupos de contrabando y tráfico de personas en grupos de narcotráfico.

Contra él hubo denuncia de  negligencia en un caso de narcotráfico.
En el caso de Los Perrones existen pruebas judicializadas de trasiego de drogas: 2.4 toneladas y eso está judicializado. Hay dos hechos relacionados a este comisionado. El primero es las sospechas que tenían los fiscales que arman el tema de Los Perrones de que había filtración desde la policía hacia los cárteles. En 2008 se termina el reinado de Godofredo Miranda y lo mandan por la puerta de atrás a Chalatenango. Cualquiera sabe adentro que eso es un exilio, es como se dice en Washington. Es como García Funes y Mendoza Cordero en el congelador en la primera parte de la administración de Funes. Pero vuelven.

 

Mientras estos oficiales fueron saltando de un puesto importante a otro puesto importante, en esa rueda de caballitos, ¿qué pasaba con el resto de mandos? Gente como Howard Cotto, el mismo subdirector actual, Ramírez Landaverde, el exsubdirector Carlos Ascencio… ¿Esta gente vio y se quedó callada? ¿No supo qué hacer?
Conocimiento había. Aquí hay por lo menos pecado por complicidad. Es parte de la cultura institucional: no perseguir. Una de mis fuentes importantes para el libro me dijo: 'hemos creado un sistema para no investigar las cosas, nunca lo hemos hecho'. Hay una cultura. Todo el cuerpo tiene responsabilidad.

¿Qué papel han jugado los ministros?
Ministros de Estado de tres administraciones diferentes me dicen: “Yo me llevaba a estos tipos a la playa para poder hablar sin que nos oyera un fulano que era mando alto en la policía”.

Me llama la atención esto: al mismo tiempo que los niños malos van creciendo y que los infiltrados se van consolidando en la policía, el aparato político comienza a dar señas de estar en connivencia. Aparece el diputado Eliú Martínez, el dirigente partidario Adolfo Tórrez, el diputado Silva Perreira, Herbert Saca…
Es el patrón de impunidad. La cultura de impunidad garantizada desde la institucionalidad del Estado. Mi planteamiento es que la Policía es de las grietas más grandes de donde entra esa impunidad. Cada intento de reforma va muriendo. Porque la impunidad es institucional. No es un tipo malo. No es un bandido. Está el policía que agarra la droga y la mueve. Está el policía que quita el retén. Está el jefe que ordena eso. No procesa. Está el director que dice: “Mire, bueno, sí, pero es muy difícil.”

Sigo incrédulo de la idea de ministros de Seguridad con miedo a sus policías.
Ahí queda a la reflexión de cada quien: ¿qué tanto poder real tenían los ministros de aquella época? Formal lo tenían. Mirá el caso de Guatemala, la fiscal va para afuera, tecnicismos, legalidad, ya estuvo. Hoy la dejaron fuera formalmente. Claudia Paz y Paz está fuera. Guatemala sentó a un genocida, o a un supuesto genocida, en el banquillo; procesó a un expresidente por corrupción; sacó a buena parte del bando policial. ¿Antes había pasado eso? ¿Puede haber abuso de poder? Bueno, haga las gestiones y acuse a Claudia Paz y Paz de abuso de poder, pero no la quite. Es lo mismo que pasó acá con Zaira Navas. “Es que esto es político”. 20 investigaciones que se demeritan por la sospecha de que es una cacería política. La garantía está dada para que no funcione.

¿A qué puede temerle un todopoderoso ministro de Seguridad?
En los casos que conozco creo que la descripción más adecuada es primero miedo por su vida en algunos casos, luego miedo a no saber hasta dónde llega la podredumbre. No saber si al final del hilo está el jefe. No saber si al final del hilo está el chero del presidente. ¿Me entendés? Y te quedaste sin trabajo. Hay protección de ese tipo. En el caso de los ministros, creo que eso es. Luego hay un componente político. Sí, esos son corruptos. Lo que decía Roosevelt sobre Somoza: “es un hijueputa pero es nuestro hijueputa”.

Y a este primer gobierno de izquierdas, que intentó limpiar a la PNC pero luego se echó para atrás, ¿qué le pasó? ¿Por qué cambió el discurso? ¿Con qué se topó?
No tengo claras las razones. Lo que sí es que cambió el discurso. Este cambio se trasladó a acciones concretas. ¿Cuáles fueron? El nombramiento de dos militares cuestionados, los dos como autoridades máximas de seguridad pública: el general Munguía y el general Salinas. Sus primeras acciones fueron volver a mandar al basurero a la inspectoría, reintegrar a todos esos oficiales a puestos claves de mando. Los legalistas me dicen, 'pero es que no se les ha probado ningún delito'. Sí. Pero eso es un eufemismo, no se le ha probado porque no se le ha investigado nunca. Acusados sí están. Hay testimonios que los acusan, que la Fiscalía y que la Inspectoría no los haya querido investigar eso es otro pisto. Pero acusados están.

¿A Funes le torcerion el brazo?
Funes avaló el reinstalo de oficiales cuestionados. Vamos a los hechos: Texis. ¿Cuándo ocurren los operativos contra Texis? ¿Cuándo se dan los decomisos? ¿Cuándo se dan las capturas preventivas del Burro Herrera? ¿Cuándo se abren las investigaciones contra el alcalde de Metapán? En ese período. ¿Y cuándo se cierran? ¿Y cuándo empezás a oír en el discurso político “en este país no hay narcotráfico”? Después de la llegada de Munguía Payés y Salinas. Yo no puedo decir que haya connivencia del presidente, pero…

En tu investigación planteás un hecho alarmante si no es que grave. Decís que el OIE le encontró a Herbert Saca, en su bitácora de llamadas, cuatro intercambios telefónicos con el teléfono asignado al presidente de la República.
Así es. Los hechos son estos: Herbert Saca es un operador político de Arena y luego del partido Gana, y es un asesor del presidente de la república, de este presidente, por lo menos una persona cercana. ¿Y quién es este hombre? Este hombre tiene una relación probada por documentos legales de la Corte Suprema con abogados que han sido defensores de narcotraficantes en el oriente, con Los Perrones. El mismo abogado -ustedes también sacaron eso con aquel carro de la cocaína- pero ese abogado, cuyo bufete representó a Reynerio Flores, es el abogado también de Herbert Saca. Luego, fiscales y un operador de Los Perrones dice que era el que les cobraba peaje a ellos. Hay una fuente que habla de pagos, y eso aparece también en documentos de inteligencia policial. El primer pago de 200 mil dólares al Chele Tórrez, otros 80 mil a Herbert, otros 153 mil a Herbert… Esta persona, que tiene relación con esta otra gente, le habla al presidente de la República. Cuatro llamadas de su teléfono al presidente de la República descubrió el Organismo de Inteligencia del Estado. ¿Qué se dijeron? No sé, pero esas llamadas existieron.

¿Los cambios en el gabinete de Seguridad liderados por Munguía Payés explican connivencia con el crimen organizado?
Es la etapa en que todas las investigaciones se van a la basura. Es la etapa en que el discurso oficial pasa a “aquí no hay narcotráfico”. Tenés al jefe de la DAN diciendo aquí lo que queda es la 'drogardinada'. Y nuevamente tenés el discurso de: “aquí los narcotraficantes son las pandillas”. El Departamento de Estado lleva tres informes diciendo: 'Las pandillas salvadoreñas no son actores en el narcotráfico'. Lo mismo dice la Oficina Contra el Crimen de Naciones Unidas, pero la DAN aquí dice que sí.

La historia de este primer gobierno de izquierdas dice que en la era de Manuel Melgar, el viceministro Henry Campos, la inspectora Zaira Navas y el director Carlos Ascencio, se intentó depurar a la Policía. ¿Funes daba su apoyo rotundo?
Es que está dicho. Yo lo creo así porque así lo dijeron. Así lo dijo la inspectora. Así lo dijo el presidente. Se lo dijo a Naciones Unidas. El presidente dijo (lee): “La policía está infiltrada por el narcotráfico. Es preciso reconocer que los organismos estatales se encuentran infiltrados por el crimen organizado y que sin una decidida vocación para combatir esa infiltración en nuestra instituciones no nos será posible enfrentar los enormes retos que la realidad nos impone”. Se lo dijo a Naciones Unidas. Y cuando la comisión legislativa empezó a investigar a la inspectora dijo: “¿Qué se busca con echar un manto de sospecha contra quienes están ejecutando una labor tan importante para separar de la fuerza policial a los cómplices y colaboradores del crimen?'

Luego la historia dice que el cambio del Presidente es radical.
(Lee). “De los comisionados se dicen muchas cosas, las cosa es probarlas”, dice el Presidente cuando se le pregunta por el traslado ya aprobado por el director de la PNC de Núñez Cárcamo hacia Washington, pese al historial en su contra que va hasta antes del Acuerdo de Paz. Y el general Munguía Payés dice: “En la PNC cualquier persona tiene la posibilidad de poner una denuncia. El problema es probarla, pero eso no nos va a detener a nosotros para hacer los cambios que creemos que debemos hacer y poner a la persona idónea en el puesto que nosotros necesitamos”. ¿Idónea para qué? Para combatir el narcotráfico definitivamente no, porque, otra vez, es un delito que no existe. Es un fenómeno que 'no existe' en El Salvador. 

Pero en esta primera etapa de esta primera gesta de este primer gabinete de seguridad del primer gobierno de izquierda, vos estás dentro del gobierno. ¿Te sentías parte de esa gesta?
Sí, yo fui parte de ese esfuerzo. Participé en eso desde Washington, desde mi puesto en la embajada. Primero fui ministro consejero y luego el jefe de misión adjunto. Mi responsabilidad estaba relacionada con el portafolio de seguridad, digamos, donde un elemento importante era la Policía. Y empezaron muchas discusiones alrededor de la Policía, alrededor de la depuración. Parte de mi trabajo era defender esa depuración ante el estamento político de los Estados Unidos. Yo como funcionario creía en esa depuración. Había que explicarla en el Congreso porque desde la embajada había informes que decían: “Esta es una depuración política, porque son los oficiales del Frente aplicando o cuestionando a los oficiales del ejército'. Entonces, parte de mi trabajo era ir al Departamento de Estado y al Congreso y decirles: miren, la depuración se trata de esto, estos son los oficiales, estos son los casos que están abiertos, estas son las pruebas. Uno de los programas estrella de los Estados Unidos a través del FBI es el CAT (Centro Antipandillas). Estados Unidos insistía en que se mantuviera en el cargo al comisionado García Funes. Y la petición del gobierno de El Salvador era que no, porque estas autoridades no confían en ese comisionado. Entonces, sí, esa era parte de mi gestión, de mi labor.

¿Y cómo se toma esto en Washington, si García Funes sí era bien visto, pues?
Sí, pero luego pierde el apoyo y la nueva administración termina casi que mandándolo al congelador y lo quita de la regional. El Congreso reacciona muy mal. Y con razón. Es como el discurso de las pandillas. Un día son los enemigos número uno del Estado y el otro día son pacificadores. ¿Qué son? O son una cosa o son la otra. En este caso es igual. Un día estás diciendo: “Estos son los principales corruptores” y el otro día estás diciendo “estos son mis nuevos mandos”. Es una contradicción impresionante.

Parte de tu labor era tener un “careo” con el presidente de la república, con el director de la Policía, con el ministro de Seguridad. ¿Qué les decías vos a ellos?
Ellos me preguntaban: ¿Qué sabés de este oficial? Muchas de las preguntas que vos me has hecho: ¿Cómo es eso de Los Perrones? ¿Conocés de este hecho? Y sobre todo les explicaba las cosas que decía Washington sobre esta gente, esta visión, hay esta simpatías, hay estas antipatías.

¿Esto lo llegaste a hablar con el Presidente?
Esto lo llegué a hablar sobre todo con las autoridades de seguridad pública. Con el ministro Melgar, con el director Ascencio. Sobre todo con el director Ascencio y con el subdirector Cotto.

¿Y qué te respondieron?
Que por eso estaban abiertos los procesos en la Inspectoría. O sea, ellos le daban credibilidad a esto. Si uno de los principales valedores de ese proceso fue el director Ascencio. El show para mí es cuando se da el cambio de gabinete. Se lo dije al ministro de Relaciones Exteriores: “Yo creo que ahí va a haber un problema porque primero nosotros nos estamos contradiciendo como administración porque el presidente lo que ha dicho es esto –la depuración- pero ahora resulta que estos oficiales van de vuelta”. Pero además era grave porque el Partido Democráta, que fue el principal aliado de la administración Funes, estaba convencido de que con la llegada de Munguía Payés a Seguridad y Salinas a la Policía se contravenía el espíritu de los Acuerdos de Paz con el nombramiento de militares. Y yo que pensaba que la llegada de Munguía Payés suponía otra cosa, a la vuelta de tres años me convenzo de que ya había un plan del general para reubicar a los oficiales que habían sido marginados por las acusaciones en su contra. A la vuelta García Funes regresa a la regional de occidente y Mendoza Cordero a la subdirección de investigaciones.

Esa última vez que vos lo decís, ¿a quién se lo decís?
Al Presidente de la República a través de quien era su principal asesor de comunicaciones, Luis Verdi. Entonces Luis Verdi me preguntó a mí y con intención expresa de decírselo al presidente. Y yo lo retroalimenté. A los días dan los nombramientos, y un mes después me amenazan a mí.

En la época en que se quería depurar a la PNC, también se quería reformar todo el sistema de justicia. ¿Qué pasó con la propuesta de una CICIG salvadoreña?
Se murió por inacción. A ver, las conversaciones iniciaron, hubo reuniones a nivel de seguridad y de Cancillería y a nivel regional. Hubo pláticas informales con la ONU. La ONU elaboró un documento de trabajo que yo cito en este libro en el que hace planteamientos generales para la creación de un organismo regional que emule a la CICIG en El Salvador y en Honduras con un componente más de combate al crimen organizado que revisión de crímenes del pasado. Hay incluso planteamientos técnicos, hay planteamientos políticos sobre la ineficacia de la Fiscalía General. Los primeros pasos se dan, pero claro, si vos vas a la historia de cómo nace la CICIG, la CICIG es un esfuerzo titánico de un montón de cabildeos de la sociedad civil guatemalteca, y eso requiere un espaldarazo presidencial.

¿Funes tiró la toalla antes de iniciar seriamente la lucha?
Aquí eso se muere de muerte natural.

¿Quién lideraba estas negociaciones?
El viceministro de justicia en aquel momento fue el designado para empezar a dialogar de este tema. En las reuniones estuvo presente el ministro de relaciones exteriores de aquel momento, Hugo Martínez. Había seguimiento con la subsecretaria adjunta de Estado en las que se hablaba de este tema. Había reuniones de otros enviados de seguridad pública y de cancillería de países centroamericanos. Pero nunca se llegó al momento de decir: vaya, ¿cuánto pisto? Si es que eso lo dijo el canciller Martínez en su momento: que había iniciado esa discusión y que se le había planteado incluso a la Unión Europea y que a nadie le pareció una mala idea.

¿Quién bloqueó en el caso de El Salvador?
Hubo un escollo importante porque desde el principio el Fiscal General de entonces alegó en reuniones con Estados Unidos diciendo que aquí no se puede, que el monopolio de investigación por Constitución “lo tengo yo”. A ver, a ese nivel llegó la discusión técnica: Viceministerio de Justicia, Cancillería, Embajada, Washington, Seguridad Pública y Policía.

¿Se cae por Romeo Barahona?
Se cae por la falta de apoyo del presidente de la República.

¿Ya no apoyó la idea?
A esa idea la mató el silencio del presidente.

Y vos continuás en tu cargo en Washington. Se vienen las rotaciones, regresan los infiltrados a mandos de poder y luego recibís una amenaza.
Sí.

Una amenaza que te la cuenta el general Munguía Payés. Un supuesta wila (mensaje de las pandillas), pero vos le respondés que creés que viene de oficiales de la Policía.
Y acto seguido me llama el director del OIE, el actual ministro de Seguridad, y yo le digo lo mismo: 'Ricardo, yo no creo que venga de las pandillas ni de Los Perrones'; y él me dice: 'Sí, yo creo que puede haber un elemento, que puede provenir -lo plantea como una posibilidad- de elementos de la policía que tienen relación con el crimen organizado'.

Y luego ponés una denuncia ante la Fiscalía.
Y el fiscal Rodolfo Delgado, fiscal contra el crimen organizado, junto a otro fiscal me entrevista por Skype y comienza a decirme que “en esta investigación también aparecen otros subinspectores de la policía que también han sido amenazados y nuestra investigación indica que tal vez está eso relacionado con que ellos pueden haber estado hablando con usted'. Raro, porque yo en ese momento no era periodista, y sobre todo porque Rodolfo Delgado sabe que cuando un periodista habla con una fuente no revela quién es esa fuente. Yo no entendía qué pasaba. Al final me preguntaron si tenía sospechas de alguien en específico, y les digo: 'Miren, a a los que yo he nombrado cuando he hecho investigaciones y en mi trabajo en el gobierno son al comisionado García Funes y al comisionado Mendoza Cordero, pero usted me está preguntando por mi trabajo como periodista y ellos aparecen nombrados en mi trabajo como periodista. Eso ustedes lo tienen que investigar'.

¿Qué pasó luego?
Rodolgo Delgado me dice: 'Bueno, esto lo estamos procesando, esto es del conocimiento del comisionado Mendoza Cordero que es el subdirector de investigaciones'. ¡Ah,muy bien!, le dije. Y ahí se acabó esa entrevista. El caso muere cuando me di cuenta de que el general Munguía Payés nunca iba a declarar a la Fiscalía. Al final lo entrevistan y el general, que me había alertado, preocupado, dijo a la Fiscalía que dejaron de darle “credibilidad a la amenaza”. Ahí muere eso.

¿Eso obligó tu salida del gobierno?
Yo ahí le dije al embajador Altschul y al canciller Martínez: esto ya no es sano.

Y ahora estás presentando un libro en el que señalás a un grupo de oficiales, entre ellos a aquellos de quienes sospechás que te han amenazado de muerte. ¿Cómo le decís a tus eventuales lectores, que lo que va a leer no es la venganza de Héctor Silva?
En primer lugar es una investigación que abarca toda la historia de la Policía. Es una investigación en la que no está mencionado un comisionado o un subinspector, está mencionado un grupo de 24 oficiales en los que unos me aparecieron en investigaciones periodísticas, otros, no. Es una investigación donde están mencionados operadores políticos que no tienen nada que ver conmigo ni con el gobierno de Funes. Y además, es una investigación que está amparada en un método y como yo escribo en mi presentación: a lo que estoy obligado es a demostrar cada una de las palabras que está ahí escrita con las herramientas de la investigación periodística. Yo no soy fiscal, repito, no tengo que construir prueba penal. Tengo que construir una verdad periodística y me tardé un año en hacerlo. Y como digo ahí, mi salida está impulsada sí, por esos hechos, pero yo no empecé a investigar a estos policías después de salir del gobierno. Yo a estos policías los vengo investigando durante 10 años.

Al inicio del libro hacés un ejercicio de autoexorcismo. Explicanos cómo sorteas el dilema de investigar primero como periodista, luego recoger insumos como funcionario de Estado, para luego presentarnos una investigación periodística. ¿Puede un periodista quitarse el chaleco, volvérselo a poner, así nada más?
Yo no me sentía en esa disyuntiva. Porque el traje me lo había quitado antes de empezar esta investigación y es lo que digo aquí, regresé a ser un investigador. Y con esas herramientas empecé a investigar. Claro, haber conocido desde adentro el funcionamiento político de estas relaciones de poder que tienen que ver con el funcionamiento de la policía me dio elementos que no tenía antes. Pero yo no encontré ningún reparo ético ni metodológico para no utilizar ese conocimiento. Lo que sí he hecho es cuidarme mucho de escribir cosas que no puedo escribir porque estoy inhibido por ley a hacerlo (por haber sido funcionario diplomático).

En tu defensa de ese 'método', en la presentación, decís que conociste muchas cosas como funcionario. Cosas irregulares. ¿Qué cosas?
Hay cosas que no puedo decirte ni puedo escribir.

¿Como funcionario hiciste algo para que se corrigieran?
Los que hice fue denunciarlas internamente y lo otro que hice fue utilizar ese conocimiento para hacer mi trabajo en aquel momento. Y mi trabajo diplomático era precisamente explicar lo que no funcionaba en este país en el tema de seguridad pública, y explicar lo que el gobierno estaba tratando de hacer en el tema de seguridad pública. Eso es lo que yo hice. Trasladé ese conocimiento a las máximas autoridades con capacidad política y poder para tomar decisiones, hasta al presidente de la República. Y cuando entendí que ni como persona, ni ciudadano, ni funcionario, podía hacer eso, me fui. Eso es lo que hice.

¿En términos generales, qué denunciabas como funcionario?
Algunas de las cosas que se plantean aquí: la relación de este oficial que yo conocí es esta; que la investigación que hice en este caso, es esta; el mecanismo funcionaba así; o, incluso, en decir expresamente, cuando me pidieron la opinión: “No creo que sea buena idea nombrar a estos oficiales nuevamente en estos puestos”.

¿El gobierno de Funes gira su discurso de combate a la corrupción policial y al crimen organizado porque cree que la lucha es en vano o porque se vuelve parte del engranaje?
Yo creo que lo segundo. Esta administración termina convertida en una parte del sistema de impunidad. Lo perpetúa. Lo que este gobierno le va a entregar a sus sucesores -y lo que le ha entregado a la ciudadanía- es la perpetuación y la continuación de ese sistema de impunidad que empezó a donde empieza este libro. Es decir, la Inspectoría está desarmada, la policía no tiene mañana, los sistemas de control interno aparte de inspectoría, no existen, la cultura de impunidad es transversal.

¿Vale la pena decir que es el gobierno de Funes el que heredará este mal al gobierno del FMLN? ¿Vale la pena pensar que el FMLN ahora sí podrá hacer los cambios necesarios?
El Frente hacer lo mismo que hizo Funes no puede. O puede. Pero entonces preparémonos para el caos. No podés hacer lo mismo con la aproximación al tema de las maras, al tema de la tregua, al tema de la inseguridad en las comunidades. No podés. Si estamos en 10 homicidios diarios otra vez. El tema de las maras es más complejo hoy que antes. El crimen organizado está ahí. La cultura de impunidad y el caos está ahí. Sí es válido decir, en el tema de seguridad pública desde 2011 hasta 2014, la administración ha sido del ejército y de estos mismos policías. En el tema de la Policía sí, es válido decir qué es lo que esta administración entrega a la siguiente. Yo creo que sí es válido hacer esa distinción pero también es importante matizar y decir que no es solo lo que Funes hereda, es que Funes no pudo cambiar la herencia nefasta en la Policía, que viene de los cuatro ejecutivos anteriores. No solo son los 20 años de Arena, son los 20 años de Arena más los cinco de Funes.