El pasado mayo promedió 13 asesinatos cada día; junio, 12 diarios. Son cifras similares a las que El Salvador tenía antes de marzo de 2012, cuando las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 acordaron con el gobierno una tregua que supuso un desplome sin precedentes en los números tanto de la Policía Nacional Civil como del Instituto de Medicina Legal. Esa tregua ha permitido al país estar durante casi dos años en torno a los 180 homicidios al mes, y ahora de nuevo se ha instalado en la horquilla 350-400, con la que, si se mantuviera hasta diciembre, El Salvador tendría argumentos para disputar a Honduras el trono de 'país más violento del mundo'.

Para dimensionar la magnitud de la epidemia de violencia que afecta a la región, basta apuntar que en España, un país de 46 millones de habitantes, se cometieron 302 asesinatos en todo el año 2013.

Mario Vega es la cara visible de la influyente Misión Cristiana Elim, conocida popularmente como la Iglesia Elim, una de las denominaciones evangélicas más extendidas, con una acentuada implantación en suburbios y comunidades de Soyapango, Ilopango, San Martín, Apopa... los nombres de ciudades que menos cuesta relacionar con el fenómeno de las maras. Fue ordenado en julio de 1980, y estos 34 años los ha repartido 17 como pastor en la filial de Santa Ana y otros 17 como pastor general. En la actualidad es columnista de El Diario de Hoy, miembro de la Directiva Internacional de Church Growth International, y ha predicado ante multitudes en Brasil, México, Estados Unidos, España y Corea del Sur. No tiene la necesidad de ganar el protagonismo que parece guiar a otros líderes religiosos –quizá eso explique que tenga un perfil más bajo que otros colegas–, y mucho menos querría hacerlo en un tema tan espinoso e impopular como lo es el fenómeno de las pandillas.

“Ineludiblemente la resolución del problema de las pandillas pasa por el diálogo con ellos, pero ese es tan solo el primer paso, y luego hay que continuar dando pasos en materia social, que es lo difícil”, dice.

Ante problemas complejos como lo es la violencia generada por las maras, se agradece que haya líderes de opinión que hablan sin medias tintas. Uno puede estar de acuerdo o no con sus planteamientos, aplaudirlos o criticarlos con dureza, pero la franqueza con la que los plantea es una virtud. Quizá por eso las autoridades buscaron su opinión en los dos procesos de pacificación iniciados en el quinquenio anterior: el primero, el puesto en marcha por el exministro Manuel Melgar apenas llegó al cargo en junio de 2009; y el segundo, el capitaneado por el exministro David Munguía Payés, el que cuajó en la famosa tregua, que ahora parece hecha jirones, al punto que hay voces cada vez más sonoras que la dan por finiquitada.

¿La tregua está rota?
No, la tregua no se ha roto. Si se hubiese roto, la situación sería mucho peor que lo que estamos viviendo.

¿Peor que 12 salvadoreños asesinados cada día?
Podríamos llegar al doble de esa cifra. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas, por lo que se ha podido leer en los periódicos, es que durante la gestión del ministro Ricardo Perdono hubo una ruptura en las facilidades que se habían dado para que los dirigentes de las pandillas pudieran comunicarse con las bases, y contener así una buena cantidad de homicidios. Pero los cambios que hubo en el ministerio solo explican el aumento en parte, porque creo que las pandillas están usando el repunte como medida de presión por el cambio de gobierno y de autoridades. Ellos de alguna manera quieren indicar que el camino que debe seguirse no es el de la represión, que retomó el ministro Perdomo.

Entonces las maras están usando vidas humanas como moneda de cambio. ¿Una sociedad no debería rechazar a grupos así como interlocutores?
Lo que ocurre es que esa es una realidad establecida. Su fuerza precisamente son los asesinatos, las extorsiones; la violencia es una forma de comunicarse, es el medio para hacer oír su voz. Y cuando no son escuchados, se expresan de manera violenta. Es un hecho: así dialogan. La cosa no es si nos gusta o no nos gusta, si es válido o no es válido, si es correcto o no lo es. Así son las cosas. No es un juicio ético, sino pragmático. Esa es la realidad que tenemos que afrontar, y a la que tenemos que buscarle una solución.

Usted defendió a finales de 2012 que la tregua representaba una auténtica oportunidad. ¿Como sociedad hemos sabido aprovecharla?

No, no dimos valor a esta oportunidad. La sociedad salvadoreña tiene muy arraigada la cultura de la venganza, por razones históricas, y lo único que aceptamos es responder con más muerte a la muerte; entonces, cuesta aceptar una negociación con pandilleros, y eso es comprensible, por el sufrimiento, por los asesinatos, por el dolor... por el sistema de terror que las pandillas tienen en las comunidades. Uno entiende la reacción hostil de la sociedad, pero ahí es donde debe entrar el papel rector del Estado para definir políticas públicas y señalar el camino correcto, nos guste o no nos guste.

¿El gobierno estuvo a la altura?
De ninguna manera. Creo que las cosas se dejaron andar solas, queriendo aprovechar los resultados positivos de ese andar solo; apropiarse de la reducción en los homicidios, pero sin reconocer una participación en el proceso, y mucho menos empeñarse en fortalecer el esfuerzo.

'Aprovechar' la tregua puede tener muy distintas interpretaciones. Bajo su criterio, ¿qué es aprovechar un proceso así?
Para responder a eso hay que entender el problema de las pandillas en El Salvador, hay que verlo como lo que es, un fenómeno social, no una manifestación delincuencial. El accionar de las pandillas son delitos, sí, pero el fenómeno es social. Es un error quererlos analizar exclusivamente como delincuentes...

Esa afirmación, catalogar a los mareros como una expresión social y no como estrictos delincuentes, resulta provocadora para muchos.
Pero no soy el primero en decirlo ni seré el último. Las pandillas son un fenómeno social; eso es una realidad. Hoy se habla de que casi el 10 % de la población salvadoreña son pandilleros o están relacionados con ellos, directa o indirectamente. Esto ya no se trata de ubicar a los cabecillas y meterlos en prisión, porque las pandillas están diseñadas para la rotación perpetua; siempre va a haber alguien, y no se puede meter a 600,000 salvadoreños en la cárcel. Y aunque se pudiera, tampoco esa sería la solución.

A ver si no le he entendido mal: usted justifica que un Estado se siente a negociar con grupos delincuenciales con arraigo social, como también puede tenerlo un cártel.
No. Las pandillas son una manifestación violenta de la desigualdad social; lo que está a la base es esa desigualdad, que es una cuestión que requiere de mucho trabajo y no se va a resolver en cinco o 10 años. Pero un cártel de narcotraficantes, por mucho poder que tenga, es algo diferente: es un grupo cerrado. Una pandilla es abierta, todos en la comunidad saben quién es el palabrero de la clica, quién es el uno, el dos y el tres, porque están muy ligados con el tejido social... y esa es la realidad que tenemos en El Salvador. Un cártel sería como un tumor, que se puede extirpar; pero en el caso de las pandillas solo amputando el miembro, y no un miembro cualquiera, uno del que se pueda prescindir, porque estamos hablando del 10 % de la población. Por eso la misma receta no sirve para enfrentar a las pandillas y a otros grupos del crimen organizado. Ineludiblemente la resolución del problema de las pandillas pasa por el diálogo con ellos, pero ese es tan solo el primer paso, y luego hay que continuar dando pasos en materia social, que es lo difícil...

Le interrumpí cuando iba a explicarme qué es, a su juicio, 'aprovechar' la tregua.
Lo que se debió haber hecho es brindar oportunidades, invertir en desarrollo humano y urbano dentro de las comunidades, porque están bien focalizados los lugares donde hay los mayores brotes de violencia. El Estado habría aprovechado la tregua, creo yo, si hubiese abierto clínicas, mejorado las escuelas, si hubiese brindado oportunidades laborales para los jóvenes, espacios de recreación... todo lo que se sabe que previene la violencia, pero eso requiere inversión, requiere priorizar, y ese es el punto: ¿cuál es la concepción que el gobierno tiene de las principales necesidades de los salvadoreños?

Pero sospecho que no solo el gobierno se opone. El salvadoreño de clase media, que lleva sus hijos a colegios y tiene seguro médico, quizá también se resista a que un buen porcentaje de sus impuestos se destinen a servicios sociales que no disfruta.
El Estado hace muchas inversiones sin consultar a los ciudadanos. Yo creo que la inversión social debe ser una prioridad de cualquier Estado, casi una filosofía. Y nadie está hablando de invertir en los pandilleros, sino en las comunidades donde las pandillas se nutren; obvio que de alguna manera el pandillero, su familia y sus simpatizantes van a ser beneficiados, pero de eso se trata también, de neutralizar el atractivo que las pandillas tienen. Hoy por hoy, miles de jóvenes no tienen opciones para garantizar la subsistencia o recuperar la autoestima fuera de las pandillas, y la inversión social es para brindar esas opciones y cortar la raíz de donde se nutre el fenómeno. Siempre van a quedar las pandillas, erradicarlas creo que es imposible, pero se trata de que dejen de ser el fenómeno en el que se han convertido en El Salvador.

Clínicas, escuelas, espacios públicos, deporte, cultura... No suena tan imposible.
Es lo que debería estar haciendo el Estado, como ente rector, aunque no es labor solo del Estado. Para dar un empleo a alguien tatuado o que sale de la cárcel, la participación y el compromiso de la empresa privada resultan imprescindibles. El empresario tiene que estar dispuesto a dar trabajo a jóvenes con antecedentes penales; si no, es condenarlos a conseguir con violencia lo que no obtienen por otros medios. Y así, toda la sociedad. Todos tenemos que hacer un aporte para que la solución pueda visualizarse, siquiera en la lejanía.

¿Se equivocó el gobierno de Mauricio Funes al no asumir la paternidad de la tregua, su involucramiento en el proceso?
Hubo temor al costo político.

El expresidente Funes se fue jurando y perjurando que no tenía nada que ver con la tregua. ¿Usted qué cree?
Yo no tengo la más mínima duda, después de todo lo que se ha publicado y se ha dicho. Lo seguirán negando, pero los hechos hablan demasiado. Lo que se debió haber hecho en marzo de 2012 es lo que está haciendo el actual ministro de Justicia y Seguridad (Benito Lara), que abiertamente ha reconocido que dará facilidades para dialogar con los líderes de las pandillas si eso ayuda al proceso, y a nadie le ha dado un infarto. Eso faltó cuando inició la tregua: honestidad y decir las cosas de frente a la población.

¿Fueron problemas de comunicación o de voluntad de engaño?
A mí me da la impresión de que la intención del gobierno era que todo quedara en secreto, y adjudicarse la reducción de homicidios. Ese es el gran mérito del reportaje de El Faro que destapó el caso casi desde el inicio. Los que tuvieron más valor fueron monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango, mucho más que el ministro Munguía Payés y el presidente Funes, porque los mediadores se atrevieron a dar la cara.

En las primeras semanas hubo anuncios de inversiones sociales. ¿Qué ha hecho el gobierno en las comunidades en estos más de dos años de proceso?
Prácticamente nada. Lo poco que se ha hecho es a título personal, oenegés o iglesias, pero el gobierno, casi nada. En el tema de rehabilitación dentro las cárceles me atrevería a decir que, aparte de las clases que da el Ministerio de Educación en algunos centros, el único esfuerzo de rehabilitación importante es el trabajo que las distintas iglesias hacen, que va mucho más allá de la evangelización, ya que se organizan talleres de formación, manufacturas que permiten a algunos internos mantener a su familias.

Pero la tregua parece haber fortalecido el liderazgo de las pandillas. ¿Eso es bueno o es malo?
Ummm, yo no estoy tan convencido de que las pandillas se hayan estructurado de manera más vertical como consecuencia de la tregua. El Viejo Lin es el Viejo Lin desde hace más de una década; su liderazgo no viene de este proceso. Pero incluso si fuera cierto que los liderazgos se han fortalecido, no lo veo como algo negativo: para dialogar, es bueno que haya líderes, porque no se puede hablar de forma efectiva con 1,000 palabreros.

¿Hubo maquiavelismo en el uso del proceso de parte del gobierno?
Mauricio Funes fue a las Naciones Unidas a decir que su administración había logrado una importante reducción en los homicidios. Eso para mí es un uso político del proceso. No tiene otro nombre. Y yo no creo que sea malo el uso político si se adopta como política pública, y si se le da al proceso todos los elementos que se necesitan, pero nada de eso ocurrió.

A pesar del abrupto descenso en los homicidios, algo nunca visto en la historia reciente del país, la tregua es muy impopular entre los salvadoreños. ¿Por qué?
La mayoría de los salvadoreños están hartos, cansados de la violencia, y varios medios de comunicación se dedicaron a desvirtuar el tema de la tregua y cumplieron un papel importante para encender los ánimos. Por eso, aunque los datos indican que hubo una reducción importante en los homicidios, que incluso se redujeron las extorsiones y las desapariciones, las personas incluso se niegan a creerlo.

¿Pero quién tiene la responsabilidad de que la sociedad desconozca o no valore lo que ha ocurrido en El Salvador desde marzo de 2012?
Ha habido omisiones en muchos frentes. Las iglesias, por ejemplo, no hemos estado a la altura, porque requiere de valentía colocarse al frente y decir: este es el camino. Las iglesias tenemos una gran responsabilidad porque la Biblia establece el carácter sagrado de la vida, y si las vidas que se están salvando son de pandilleros o no, eso es lo que menos importa; y también porque el evangelio cree en la transformación de las personas sin importar el grado de maldad que el hombre haya alcanzado.

 

¿Y los partidos políticos?
A mí me gustó mucho la pasada campaña para las elecciones presidenciales. Los candidatos tuvieron que renunciar al discurso de la represión porque se les estaba volviendo en contra, y moderaron su lenguaje y adoptaron uno en el que nos decían que la prevención era el sendero adecuado. Sé que es contradictorio lo que estoy planteando, porque por un lado la población clama venganza y pide la pena de muerte, pero por otro lado esa misma población no apoyó al candidato que planteó una respuesta de fuerza ante el fenómeno, al punto que tuvieron que cambiar su discurso para la segunda vuelta.

No todos los salvadoreños sufrimos el fenómeno de las pandillas de igual forma.
No, obvio que no. En San Bartolo nadie vive una vida normal: los niños no pueden estudiar donde quieran o tener los amigos que quieran, los padres sufren el estado de terror que generan las pandillas...

¿Quién cree usted que tolera menos la idea de negociar con las pandillas: los que conviven con el problema o quienes residen en residenciales alejadas del bajomundo?
Hay de todo. En las comunidades hay muchas personas desencantadas, que han perdido a un ser querido y conocen a quien lo asesinó, pero no pueden hacer nada y saben que la Policía tampoco lo hará. Es comprensible su resentimiento, más incluso que el de las personas que viven en lugares con mayor seguridad, y que el único contacto que tienen con los pandilleros es cuando los ven en la televisión.

Y muchas veces son los que más se oponen a explorar alternativas a la represión, ¿no?
No, no creo. Yo diría que hay más resentimiento entre quienes tienen el problema cerca, y sobre todo entre quienes han sido o son víctimas de la violencia. Entre los que no tienen el problema en la puerta de su casa hay más indiferencia; incluso les da igual si hay cinco o 14 muertos, no les importa el sufrimiento diario de esas otras familias, y esa indiferencia hay que romperla, pero con discursos sinceros, no con búsqueda de protagonismos, sino con elementos que nos hagan sentir corresponsables de la situación, porque las pandillas son el resultado de lo que somos como sociedad. Es la sociedad la que tiene que ser transformada para que la realidad de las pandillas pueda cambiar.

Usted ya citó el rol de las iglesias. ¿Qué opinión le merece el absurdo afán de protagonismo que demuestran algunos sacerdotes y pastores en este tema de la tregua? ¿No es triste su papel?
Sí. No todos, obviamente, pero sé de líderes que nunca han realizado trabajo alguno con muchachos en problemas, pero tienen mucha sed de protagonismo y de participar en comisiones, aunque sea solo para tomarse la foto. Entrar con honestidad a un tema como este tiene un precio alto, como la posibilidad de ser llamado por la Fiscalía para testificar o incluso ser acusado. Pero no estoy seguro de que ciertos dirigentes religiosos estén dispuestos a asumir esos riesgos.

¿Qué opinión tiene de los mediadores más visibles: Raúl Mijango y Fabio Colindres?
Son los ideales. Deberían seguir.

A pesar de los cuestionamientos y de los anticuerpos que generan.
Puede ser. Tal vez Raúl Mijango genere rechazo, porque a monseñor Colindres creo que se le sigue respetando mucho, y lo suyo es un acto de valentía honesta seguir apoyando este proceso. Obvio que hay una guerra de desacreditaciones, pero a aquellos que desacreditan el proceso no les he escuchado una propuesta mejor. Ojalá surgiera una propuesta mejor que la tregua para solucionar el problema de violencia, pero al día de hoy no la hay.

¿Qué va a suceder a partir de ahora? El ministro Benito Lara parece dispuesto a reactivar el diálogo con los líderes pandilleros.
Yo tengo confianza en el trabajo que pueda realizar Benito Lara. Creo que él no ha llegado a improvisar ni para trabajarse un capital político. Pero precisamente por eso, los resultados van a tomar tiempo, porque no se puede de la noche a la mañana hacer un trabajo serio, ni de un mes para otro.

¿Los 100 primeros días de gobierno son un plazo razonable para empezar a ver resultados?
No, ese tiempo no da ni para colocar las bases de lo que me imagino que el ministro está tratando de construir en este momento. Con quiénes se está reuniendo estos días yo no lo sé, pero lo conozco, y no creo que esté sentado en su despacho. El hecho de que no esté teniendo mucha actividad pública yo lo interpreto como una señal positiva.

¿A usted lo han llamado como lo llamó el ministro Manuel Melgar cuando ensayó su propio proceso?
No.

A su juicio, ¿el problema de las pandillas tiene alguna solución que no pase por negociar con ellas?
El Salvador es un país pobre, de escasos recursos tanto humanos como económicos. Para mí hoy por hoy no existen condiciones para resolver el problema de otra manera que no sea tomar en cuenta a las pandillas y a sus portavoces. Estados Unidos quizá tiene recursos para afrontar este problema con otros métodos, pero El Salvador no.

Pasa entonces por sentarse con ellos.
Definitivamente.

¿Qué le diría usted a esos cientos de miles de salvadoreños que se ofenden con la sola posibilidad de que el gobierno entable un diálogo con las maras?
A esas personas les pediría que me plantearan sus propuestas, y que las fundamenten. Porque pedir la pena de muerte es fácil, pero no hay un solo lugar en el mundo en el que medidas de ese tipo hayan dado resultados. Si alguien fundamenta otra propuesta viable, yo con gusto me sumo, pero mientras no existan esas otras propuestas, necesariamente tendremos que transitar por el camino del diálogo, y tendremos que prepararnos para transitarlo, mental y sicológicamente, sabiendo que hay mucho que ganar, pero también hay que ceder en ciertos aspectos. No digo ceder a la muerte o a las extorsiones, sino ceder en hechos como el que comentaba antes, que un empresario no exija una hoja limpia de antecedentes para conceder un trabajo de barrendero a alguien.