Rolando Monroy fue parte del grupo de fiscales que, en el año 2000, fundaron la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República. Fue jefe de la Unidad desde 2005 y renunció al cargo ocho años más tarde, en 2013, durante la administración de Luis Martínez como fiscal general, quien le pidió el cargo so pretexto de remozar dicha oficina. Es experto en prevención de lavado de dinero y de activos y del financiamiento del terrorismo. Fue evaluador internacional certificado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), organismo internacional dedicado combatir delitos financieros que califica el nivel de importancia que dan los Estados al combate del blanqueo de dinero.

En esta entrevista, Monroy cuenta que, cuando estuvo en el cargo, trabajó en “las condiciones más precarias que se pueda imaginar”. Su oficina, conformada por siete personas, era, en teoría, el organismo central de prevención de lavado de dinero. “No teníamos ni una secretaria, un vehículo defectuoso”, cuenta en casi dos horas de entrevista. La UIF, tan pequeña y precaria, es la sección especializada de la Fiscalía que revisa un número no determinado –Monroy asegura que no hay forma humana de procesar toda la información- de reportes de operaciones sospechosas (ROS) que envían los bancos de todo el país.

Explica que El Salvador no sabe, porque no vigila ni controla, las transacciones de una gran mayoría de abogados, notarios, oenegés, equipos de fútbol, asociaciones deportivas, iglesias, hoteles, constructoras y otras entidades que realizan trasferencias sistemáticas de fondos. “¿Quién le obliga a hacer un reporte de operaciones que hable de efectivos sospechosos a un notario?', se pregunta para explicar.

Las preguntas que se hace Monroy sirven como termómetro en este momento en que que la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa discute una serie de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Los cambios, sugeridos por el fiscal general, buscan evitar que El Salvador entre en una lista de naciones en deuda que elabora el GAFIC. Idealmente las reformas debieron haberse hecho a más tardar en octubre pasado, pero el fiscal general ha encontrado la oposición de legisladores, particularmente de los partidos FMLN y Gana, que se rehúsan a que políticos y funcionarios prominentes reciban un trato diferenciado en el sistema financiero cuando hacen transacciones.

Monroy, cuando fue jefe en la Fiscalía, fue muy discreto en dar declaraciones a la prensa. Se jacta de que durante su administración no se filtró ninguna información que metiera en apuros un caso de su unidad. Despojado del cargo de fiscal, da sus valoraciones sobre los casos de dos expresidentes. Uno, el caso del expresidente Funes, una cadena de favores y un spa. “Se describe un panorama que es una tipología de lavado de dinero”, asegura, entre otras cosas.

También habla del caso de Francisco Flores, expresidente de la República prófugo acusado de corrupción, y de los expedientes de José Adán Salazar –Chepe Diablo-, único personaje salvadoreño a quien la Casa Blanca tiene en su lista de capos de la droga.

Usted es experto en una materia muy poca comprendida por el grueso de personas. Le pido que le explique a un salvadoreño que viaja en bus qué es lavar dinero.
Lavar dinero es sencillamente que el dinero procedente o como consecuencia de un hecho delictivo realizado por una persona trate de incorporarse al sistema financiero. ¿Cómo se hace? Se utilizan miles de formas. Decía un experto que el único límite que tiene un lavador es la imaginación. Básicamente es: tengo dinero de actividades delictivas, ¿cómo lo pongo en el sistema a circular sin que se den cuenta de que proviene de actividades delictivas?

Es legalizar dinero.
Sí, ese es un término utilizable. Un ejemplo: yo salgo de un banco con 10,000 dólares de un crédito. Mi haber es legítimo porque lo he sacado de un crédito legítimamente, pero si alguien me los roba en la salida del banco, el haber de esa persona es ilegítimo, hay una transición virtual. ¿Por qué? Porque él para obtenerlo cometió un delito, un robo. Ahora tiene que saber cómo incorporarlo al sistema económico sin que lo detecten.

¿Ahí entran los bancos?
Los bancos tienen un ente supervisor, la superintendencia, pero otras instituciones que tienen giro financiero, por ejemplo sociedades anónimas de capital variable que otorgan préstamos, ¿quién verifica que esas personas estén recibiendo dinero que no tenga origen ilícito? ¿Quién verifica que tienen programas de rendimiento y que cumplan con los estándares? No verifica nadie. Ese es un foco infeccioso bastante grande, porque estamos fiscalizando a la minoría, pero a la gran mayoría, como por ejemplo profesiones liberales, abogados o notarios… un abogado que defienda a un integrante de un cártel, a una organización criminal, y le paguen en efectivo, ¿cuál es su defensa? Definitivamente él la va a recibir, ¿pero quién le pone controles? Un notario que ante sus oficios se venda un inmueble y se le pague en efectivo, ¿quién le obliga a hacer un reporte de operaciones que hable de efectivos sospechosos?

Siga mencionando casos.
Las oenegés, ¿quién las obliga a decir que están recibiendo donaciones arriba de los 10 mil dólares en efectivo? Nadie. ¿Quién obliga a equipos de fútbol, asociaciones deportivas o iglesias? ¿Quién obliga a las constructoras, a la industria hotelera, a los que realizan las transferencias sistemáticas de fondos, aquellas que se entiendan como remesa? No hay un ente que esté verificando que esas instituciones, que operan servicios financieros, cumplan con la ley contra el lavado de dinero.

Siga.
Profesiones liberales, instituciones no fiscalizadas, que son la gran mayoría. Por ejemplo, todas esas casas de empeño, sociedades anónimas que dedican a prestar dinero, los casinos, todas las que se le ocurran. No digo que lavan dinero, pero se puede hacer porque el Estado no tiene un control. Entonces, si nos vamos a términos de cualificación, yo no sé si es atractivo o no El Salvador, pero que sí tiene un riesgo grande de que se lave dinero lo digo con contundencia. No existe una cultura de prevención de lavado de dinero porque el Estado no destina recursos para hacer ese tipo de concienciación.

¿Qué respondería a alguien que diga que es imposible crear tantas instituciones nuevas de control?
Que de lo que se trata es de tener un control. De alguna manera esto ya lo explicó un experto. Decía: “No podemos privatizar la justicia trasladándole las obligaciones a instituciones privadas”.

¿Cuáles obligaciones específicas son esas?
Que tengan un oficial de cumplimiento, que tengan una unidad de cumplimiento, manuales de prevención de lavado, que tengan un software para hacer alertas tempranas y análisis de riesgo. Cuando uno tiene un vehículo tiene que registrarlo, pagar derechos de circulación, tener licencia de conducir, es decir, debemos cumplir ciertos requisitos. Cuando uno saca un producto al mercado le dicen: “Usted está generando un riesgo con ese producto”. No quiero decir nombres de empresas, pero alguien que opera remesas... porque en el caso del pago de una extorsión, perfectamente puede llegar el que extorsiona y obligarle a que le disfrace por medio de una remesa el pago de esa extorsión. ¿Cómo verifica el Estado que ese producto legítimo no está siendo utilizado para cometer un delito? ¿Quién tiene que contrarrestarlo? Usted debe tener programas de prevención y yo, como Estado, debo verificar que usted está cumpliendo.

¿Qué propone usted como solución?
Haciendo un ente que fiscalice a esas otras instituciones. Por ejemplo la Superintendencia de Guatemala tiene una gama de instituciones financieras y de intermediación financiera a las que supervisar que son muchísimas, y nunca han puesto ese pretexto de decir que no pueden supervisar. El punto es que desde el momento en que el Estado recibe impuestos para eso, debe hacerlo.

Sin embargo, esas instancias estatales controlan a los oficiales de cumplimiento que resulta que son empleados de la institución vigilada. ¿Qué tan atinado es pedirle a un banco que un empleado de ellos los controle?
No. Es que es un cargo estatal, aunque sea un oficial de cumplimiento. ¿Por qué? El banco tiene que nombrar a su oficial de enlace que le denominan oficial de cumplimiento, que va a ser el encargado de verificar toda la normativa de prevención de lavado de dinero, procedimiento de terrorismos y de armas de destrucción masiva. Esa persona, de conformidad con la ley, tiene ciertas responsabilidades, porque su actividad es de tiempo completo y solo para ese tema. Entonces aquí se torna importante cuando viene el ente supervisor y dice “¿Tiene oficial de cumplimiento nombrado?” “Sí, aquí está”. “Bueno, vamos a hacerle una auditoría de gestión”. “¿Cuántas alertas tiene?”. “10 mil”. “¿De esas alertas cuántas ha investigado?” “He investigado tantas”. “¿Cuál fue el resultado?...” Entonces ahí viene el ente a pedirle cuentas. Por eso alguien tendía a pensar que el Estado estaba obligando a las instituciones privadas a hacer su labor. La respuesta es no, la respuesta es que usted me está lanzando al mercado ciertos productos que pueden ser utilizados por los delincuentes para lavar dinero, así que si usted lanza sus productos, usted contrólelos. Pero yo no le voy a dejar al libre albedrío que me los controle, yo le voy a decir cómo. Un oficial de cumplimiento, una unidad de cumplimiento, manuales, códigos de ética y, además de eso, le voy a estar haciendo auditorías periódicas para ver si está cumpliendo con la ley.

¿Qué tan probable es que un oficial de cumplimiento burle al Estado?
Ya ha sucedido en otros países, por ejemplo en México, y eso lo puedo decir con nombre y apellido porque fue conocido en todo el mundo: el caso Casablanca. Ciertos empleados de nivel medio y para arriba empezaron a lavar dinero para algunos cárteles. Eso se puede dar, pero si la supervisión es deficiente.

¿Quiénes supervisan a estos oficiales?
En el caso de la banca, la Superintendencia del Sistema Financiero. Hacen auditorías de gestión y de cumplimiento al oficial, políticas para conocer al cliente, al empleado, que den muestras de expedientes, de depósitos a plazos fijos, de facturas de cuentas corrientes, de cuentas de ahorro, para ver cómo funcionan y cómo documentan los perfiles del cliente.

Si usted fuera lavador de dinero, ¿no escogería a los bancos para hacerlo?
Hacerlo en los bancos es más complicado. Porque tienen un ente supervisor que está controlando. Un ejemplo: si el software le dice: “aquí hay una operación, verifíquela”, se establece como operación sospechosa, se investiga y deciden no reportarla a la Unidad Financiera de la Fiscalía. Viene la Superintendencia y dice: “¿Por qué decidió no reportar?” “Porque mire, me dio este documento”. La Superintendencia ve que el documento es defectuoso, porque puede ser falso, por ejemplo, sin firma. Y si con eso el banco se da por satisfecho, puede llegar la Superintendencia y decir que no tiene sustentado el argumento del cliente. “Por tanto, le voy a abrir un expediente por incumplimiento hasta que me desvanezca”. Y si no se desvanece, se pasa a un procedimiento sancionativo administrativo, la multa o, si se da cuenta de que es por complicidad, ahí viene lo más grave, porque el artículo 8 de la ley denomina un tipo de “encubrimiento culposo”, que está redactado para los miembros de las instituciones financieras que no hacen lo que la ley les ordena hacer, y los verbos rectores son negligencia, por ignorancia y por imprudencia. Viene alguien y le dice: “Mirá, él es un gran amigo mío, abrile una cuenta donde va a hacer transferencias por 500 mil dólares, aquí yo lo respaldo”. Y, bueno, el banco dice que ni modo, que él es un gran cliente y si se descubre que ese cliente lava dinero, perfectamente se puede abrir un caso penal, entonces usted obró con negligencia, imprudencia o ignorancia.

Le pongo este caso: usted me abre una investigación, y se da cuenta de que tengo un millón de dólares, cuando realmente no gano eso ni por cerca, no puedo justificarlo, no tengo propiedades, no me lo han heredado. ¿Eso qué es?
Eso ya está superado. Hay una técnica que se llama técnica del valor neto, y básicamente se creó para los funcionarios públicos. La técnica del valor neto es aquella donde usted me dice: “El presidente gana 5 mil dólares, sumado por cinco años, hace tanto. Los gastos de una familia promedio de cuatro personas implican este gasto. Sumando los impuestos, más el nivel de vida, etcétera... A ellos les debería quedar esto'. Esto se hace en el caso de enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Entonces, cuando usted saca eso y ve cuánto le queda libre, como fiscal llega donde el juez y le dice que luego de hacer estos procedimientos, y se llega a la conclusión de que usted no pudo tener esos fondos, le dejo al juez plenamente comprobado que usted no tiene cómo generar esos fondos, pero sí tengo que comprobar de alguna manera, sugerir, que usted tiene conexiones con actividades ilícitas.

¿Y si no logra sugerir esa parte?
Es a nivel indiciario, porque en ese caso no debemos pasar la barrera de la certeza. Con que a mí me digan que el licenciado se vincula con tales y tales, entonces ya puedo hacer bitácoras de llamadas y ver que tiene contacto con personas que hacen esto y esto, y versus un millón de dólares en el banco que no puede justificar, no me da otra conclusión.

Habla en términos muy sencillos de formas de detectar el lavado, pero, ¿cuántos casos importantes de lavado recuerda usted que se han resuelto en el país en los últimos años?
Ha habido varios. En la época mía fueron varios. De hecho ha habido un recuento, por ejemplo, que antes de (el caso del exdiputado) Roberto Silva haya habido antejuicios, no lo recuerdo. Que se da a la fuga, eso es otra cosa. La siguiente vez fue lo del señor Osorto…

¿El que fue alcalde de La Unión?
Ajá, y diputado al Parlacen. Otros casos como el de Western Union, Fredis Osmín Alvarenga (empresario unionense condenado en 2009 a siete años de prisión por lavado y vinculado a Los Perrones), etcétera.

Sin embargo, a usted lo sacaron de la unidad fiscal. ¿Por qué lo sacaron? Si se leen las declaraciones del fiscal general, uno podría entender que fue por perezoso.
Eso es lo que yo no me explico, pero le voy a ser sincero: yo no conozco al fiscal Martínez, no puedo hablar de su trabajo, de su personalidad ni nada. Solo he hablado un par de veces con él. Voy a hablar de mí. Yo tengo principios y mi propia posición, y si sé que la puedo sustentar, independientemente de quién sea mi jefe, yo la voy a sustentar, porque las consecuencias son personales, según entiendo.

Mientras dirigió esa unidad de la Fiscalía, ¿bajo qué condiciones trabajaba?
¡Uf! En las condiciones más precarias que se pueda imaginar. En las últimas administraciones, eran condiciones precarias. Éramos la única unidad que tenía más responsabilidades extra institución, constituyéndonos en un organismo central nacional de prevención de lavado de dinero. No teníamos ni una secretaria, un vehículo defectuoso. Entonces, todo eso se gestionaba, pero no había respuesta.

¿Qué pedían en esas gestiones? ¿Carros?
No. Una Unidad de Inteligencia debe tener distribuidas sus funciones y sus recursos. Debe tener un área legal para cumplir con la delegación del fiscal. Debe tener una unidad de análisis táctico, estratégico y operativo, y debe tener una unidad para atender la temática internacional, para cursar solicitudes de asistencia judicial recíproca. ¿Qué significa? Que si un país le pide un informe de colaboración a El Salvador para recopilar información a través de la Unidad Financiera directamente se puede hacer eso, porque está notificado por el secretario de las Naciones Unidas... Si no tiene presupuesto, ¿cómo va a hacer todo esto?

¿Con cuántas personas funcionaba esa unidad?
La unidad creo que hoy tiene más gente, pero yo no trabajaba con más de siete personas... Ja ja ja, no pasábamos de siete personas.

¿Qué puestos tenían esas siete personas?
Llegamos a tener, en la última administración, que no es la del licenciado Martínez, tres fiscales, un analista financiero…

¿Un analista financiero?
Un motorista…

¿El analista financiero es el que debe revisar los reportes de operación sospechosa de los bancos?
Es el que está haciendo análisis estratégico.

Revisar los ROS es como descartar miles de mensajes spam que te llegan a tu correo electrónico, y es solo una parte del trabajo. Por ejemplo, una empresa grande de El Salvador que mueva más de 10 mil dólares al mes genera un ROS, y es enviado a la unidad que usted dirigió. ¿Una persona debía revisar todos los ROS en su unidad? ¿Cómo hacía eso?
Es materialmente imposible. En el futuro, una persona podría hacerlo con un software que ingrese reportes, haga los cruces según una base de datos ya cargada, y haga el mapeo, pero definitivamente no se puede hacer si no se tienen las herramientas tecnológicas. La unidad debe tener un software para hacer análisis.

¿No lo tenían?
Al menos en mi administración no lo tenían, no sé si ahora ya lo tendrán. ¿Qué se debe hacer? Ese ROS tenía que cargarse a una base de datos. Entonces, con un software especializado usted hace un análisis de datos, pero si no lo tiene, aunque haya 10 analistas, ¿cómo lo va hacer?

Imagino que cuando aparecía un caso complejo como el de Los Perrones, esta unidad financiera no se podía dedicar a nada más.
Cuando el reporte entra, lo trabaja un analista...

Dirá 'el analista', porque es único .
Creo que había otro ya... el analista construye un expediente y establece una hipótesis, se trata el asunto y se decide si se pasa al área legal.

Detengámonos un momento: ¿cómo luce un ROS? ¿Dice el ROS: 'fulano movió 10 mil dólares' y ya?
Las unidades de inteligencia a nivel internacional deben tener la capacidad para recibir el ROS, para solicitar información, para diseminar esa información. El hecho de solicitar más información quiere decir que si a Óscar Martínez le hacen un ROS, no solo se va a quedar con el ROS porque es un mero telegrama. Lo que va a hacer es ver si en otras instituciones financieras tiene más fondos. Veamos, si en Hacienda se ha reportado esto y tiene más actividad económica, veamos si en el Centro Nacional de Registros tiene participación accionaria en algunas propiedades que le pudo haber generado esto. Entonces, esa capacidad de pedir esa información de forma legal es lo que debe operar esta área de análisis para construir ese expediente y construir esa hipótesis. Si, por ejemplo, encuentran una respuesta sólida, objetiva, documentada, puede decir: 'Mire, este reporte no tiene razón de ser y pasa a ser un archivo activo', se carga a la base de datos y se discrimina, pero si no tiene una explicación coherente, y muy por el contrario, encuentra unos indicios de que hay actividades delictivas detrás de eso, se pasa al área legal y ya son los fiscales los que deciden abrir una investigación de las que se denominan 'diligencias iniciales de investigación', que es un fase del proceso penal.

¿Cuántas diligencias iniciales realizaba a la semana?
No le sabría decir en este momento ya cuántas investigaciones, para no meterme en un conflicto.

¿Miles? ¿Decenas? Queremos entender la dimensión de casos que se dejan de procesar por falta de recurso humano.
No sé cuántos ROS pueden estarse enviando.

Es grave porque no hablamos de incapacidad, sino de que no hay manos que hagan este trabajo.
Sí, no existen las herramientas. Sí le puedo decir con toda contundencia que la carga sobrepasa los recursos humanos. Más que todo en el área de inteligencia. Ahora, meterme en una camisa con números, no podría en este momento porque no tengo datos. Pero siempre ha sido así. Al menos en mi administración, la carga laboral rebasaba por muchísimo al recurso humano que ha existido.

¿Podemos decir entonces que al Estado salvadoreño nunca le ha interesado perseguir el lavado de dinero?
Pues, así, así... Concretamente no creo que sea tan contundente, porque al menos eso sería tirar al traste ciertos esfuerzos que se han hecho. No todo se ha hecho mal, y no todo depende de una institución porque, por ejemplo, en mi caso, yo siempre fui de la idea de que desde Hacienda se fijaran las plazas para la unidad, para que así el de turno que llegara no se llevara las plazas, que la unidad tuviese su propio presupuesto para representaciones en otros organismos internacionales: pagos de membresías, ejercicios de tipologías, compra y actualización de tecnología, porque eso es vital, sino, no se puede hacer... Ahora, si me pregunta a mí por qué no se hizo eso, no lo sé. ¿Qué pasó en Hacienda? Que si el gobierno no tenía la voluntad de hacerlo, que si correspondía a la Fiscalía... Aunque creo que con los presupuestos reducidos que tenía la Fiscalía es muy difícil.

Me cuesta creer que usted no tenga una opinión formada. Si quiero ir al Mundial, por ejemplo, destino dinero del Estado para eso. Eso prueba el interés. ¿Al Estado no le interesa perseguir el delito de lavado de dinero?
¡Ah no, claro! Eso es lo que estamos hablando. Por lo menos en ese aspecto, la oficina a la que yo pertenecía nunca ha tenido el apoyo económico que debió tener. Digo económico porque en eso redunda todo. Si usted no tiene para pagar plazas, no tiene personal. Si usted no tiene para pagar equipo tecnológico, tiene equipo obsoleto. Si usted no tiene para pagar membresía, ¿cómo va a participar por ejemplo, de los foros internacionales? Entonces ahí sí, el Estado tiene una gran deuda porque no ha invertido lo necesario para tener una unidad potente, robusta. Y si usted me dice: '¿No cree que crear una Superintendencia para todas esas actividades (no reguladas) serían demasiado costoso?' Es como renunciar y decir 'laven todo lo que quieran'. No, el Estado debe despertarse y decir que va a crear las condiciones para tener controles.

¿Quizá en este país no hay lavado de dinero? ¿Quizá no es un país interesante para eso?
No se puede decir que no hay, porque desde luego que se comete el delito. Hay lavado de dinero.

¿Este país es atractivo para los lavadores?
Ese término se lo escuché a alguien. Cuando empezamos la conversación hablamos de que llevar dinero a un banco era difícil. Y es que para el que lava, muchas veces es muy complicado estar lavando cantidades muy ínfimas. ¿Se acuerdan ustedes del caso de los barriles (encontrados enterrados en una hacienda en el departamento de La Paz y llenos de millones de dólares)?

Claro.
Yo seguía en la Fiscalía, y un periodista me hace la pregunta: 'Andan diciendo que el país es muy atractivo para lavar dinero'. Yo le contesté: 'Si fuera apetecible para lavar dinero, el dinero no hubiera estado enterrado. Se hacía una remesa de 14 millones y estuviera en el sistema financiero'. Sí hay controles. ¿Qué existen unos focos? ¿Que quizá en la mayoría no hemos controlado y por ahí se puede lavar dinero? Y mucho. Volvemos: profesiones liberales, instituciones no fiscalizadas que son la gran mayoría, todas esas casas de empeño, sociedades anónimas que se dedican a prestar dinero, oenegés, casinos, todas las que se le ocurran. No digo que lavan dinero, pero se puede hacer porque el Estado no tiene un control. Entonces, si nos vamos a términos de cualificación, yo no sé si es atractivo o no El Salvador, pero que sí tiene un riesgo grande lo digo con contundencia. No existe una cultura de prevención del lavado de dinero porque el Estado no destina recursos para hacer ese tipo de concienciación.

¿Cómo se previene el lavado de dinero?
Controles.

¿Metiendo miedo a la gente que quiera hacerlo?
Tal vez el término miedo es un poco severo, pero en el momento en que usted presenta su declaración de renta, usted sabe que si no lo hace puede tener una sanción. Si a eso se le puede llamar miedo, yo le llamo control. Entonces sí, hay que hacerlo. Hay que decir a las instituciones: 'Si ustedes no reportan les vamos a clausurar el negocio, o puede incurrir en sanciones penales incluso”. En este país se cometen muchos delitos de cuello blanco, como el caso de lavado de dinero. Y podemos decir que al gobierno no le ha interesado mucho perseguir este tipo de delitos. Pero no lo podemos saber, cuantificar, básicamente porque no se le ha dado la importancia necesaria.

Si no se destinaron los recursos, es obvio que no había interés.
Parte es responsabilidad del gobierno, que no le da el dinero a quien lo pide… Ahora, ¿quién no tiene interés? Eso no lo sé.

¿Sabe por qué creo que no es casualidad? Porque la Unidad Financiera de la Policía era muy parecida a la suya.
Sí. De hecho se fundó como división aquí atrás de Galerías. Luego se fue reduciendo el personal, hasta que la llevaron a departamento y la hicieron adscrita a la División Antinarcóticos (DAN). En la administración (como director de la Policía) del general Salinas, hablé con él y le expuse que consideraba que no era pertinente que fuera departamento. ¿Por qué? Porque siendo departamento tenía un jefe de la división que podía ejecutar el presupuesto convenientemente a su estrategia y utilizar los recursos y el personal como más le convenía. Si estaba en la DAN utilizaría los recursos para andar investigando los delitos de narcotráfico, e iba a dejar de lado los delitos de lavado de dinero, porque jerárquicamente el jefe debía obedecer al jefe de DAN. Entiendo que tuvo algún eco, no sé si los ascendieron o algo. Yo le decía que el encargado de esa unidad tiene que tener un rango de jefe de esa división, y tiene que reportar directamente a la dirección por medio de quien ustedes decidan.

Supongo que eran caras las investigaciones de campo de delitos financieros. 
¡Claro! Mire, si ellos llegan a hacer una diligencia, los vehículos policiales son más que conocidos. El perfil del policía debía ser un perfil diferente. Debía disponer de alguna manera de otros recursos para pasar inadvertido. Todo eso no lo tuvo el departamento cuando yo trabajaba. No sé si ya estaban cambiando esa modalidad, pero sí carecía de los recursos mínimos.

¿Usted lo dijo a sus jefes o solo ahora a nosotros?
Claro, sí lo hice. El procedimiento es solicitar por escrito y eso así está. Pero creo que el licenciado Martínez, si no estoy mal informado, ha potenciado a esa unidad ahora.

Esto es vox pópuli entre policías y fiscales: su unidad estaba hecha para fracasar, y la razón es que se meten con los intereses de personas de otro ámbito delictivo, ya no con el marero, con el lanchero, sino con gente que movía el dinero. ¿Le parece descabellada la idea?
Pues, eeeh... de alguna manera podría ser. Pero no tanto porque va dirigido a ese tipo de personas. La verdad es que la prevención del lavado de dinero cuesta mucho dinero. Ahora, con lo que me pregunta... esa posición tendría lógica porque nosotros siempre estuvimos con las mayores carencias, al menos desde mi última administración. Entendería que alguien diga que estaba diseñado para fracasar. Sí se puede ver así, sí. Si no tenemos ni secretaria para que reciba la documentación, ¿cómo vamos a tener éxitos con algo tan técnico y tan grande?

¿Usted cree que el delito de lavado de dinero ha penetrado en la clase de los dirigentes políticos del país? ¿Cree que hay dirigentes políticos que lo cometen?
La verdad que información de esa no tengo y nunca tuve. Sostener una afirmación así tan contundente, sería aventurarme mucho. Lo que sí le puedo decir es que el sistema no está preparado para advertir si se pretende hacer o se está haciendo.

¿Sería inteligente de un político hacerlo? No podemos darnos cuenta.
Inteligente no sería, porque lo pueden descubrir en el futuro.

Racional, vaya.
Si se decidiese hacerlo, él sabe que las condiciones que están en este momento están muy difíciles para detectar.

Un ejemplo clásico: el caso del diputado Rivera Monge. El diputado suplente Rivera Monge, del PCN, compró una casa por 250 mil dólares que vendió a 25 mil dólares. Ese y otros movimientos sospechosos tipo ruleta. ¿Es algo clásico?
Sí, ahí utiliza un prestanombres. Sencillamente en una investigación... Bueno, la que hicieron ustedes es muy buena, como es tan técnico el delito usted no va a hallar una prueba directa. Usted debe construir escenarios que lo lleven en una sola dirección lógica. En el caso de este diputado que me menciona, entiendo que hizo un prestanombres e hizo un contrato simulado. Para salirse de la responsabilidad legal que él sabía que tenía. Utiliza el prestanombres y hace el contrato simulado, que no es el precio que vale el bien. Luego hacen una serie de acciones que eso se llama estratificar en materia de lavado. Es la segunda fase de lavado.

Mover, mover, mover.
Exacto, hasta llegar a sus manos.

¿Es perseguible por una unidad financiera o es descabellado perseguir a ese señor por lavado de dinero en un caso así?
Entiendo que si se configura por los elementos que me dice, puede ser perseguido por lavado de dinero.

Con ese indicio, si usted lo hubiera tenido, de compra, venta, y de ese círculo y estratificación, ¿pudiera haber abierto un caso contra un diputado?
Sí. Se debe abrir de hecho. Ahora bien, no pierda de vista que la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas establece un mecanismo de confiscación también. Ahí podría haber una estrategia macro de la Fiscalía de perseguir los bienes.

Ahora le pregunto por otro caso. No sé si tuvo tiempo de leer la publicación de El Faro sobre una cadena de favores y un spa de gente muy cercana al expresidente Funes. 
Sí, lo leí. No lo leí detenidamente, se me hizo un panorama. Como uno sabe de eso...

¿Y qué panorama se le hizo?
Es que ahí hay una cadena de indicios y, en una materia probatoria, la doctrina dice que los indicios deben ser plurales, y que tienen que llevar a una sola dirección. Entonces, cuando ustedes empiezan a relatar, empiezan a surgir los indicios. Entonces a alguien que ha estado inmerso -no quiero decir que soy experto en lavado de dinero- en eso bastante tiempo, solo se describe un panorama que es una tipología de lavado de dinero. Mejor mencionemos ejemplos: si a usted lo nombran para presidente y ellos, sus amigos, están ahí para potenciarlo, y gana la Presidencia de la República, y viene Sergio con su empresa y empieza a competir en los procesos de licitación, hay un problema de entrada. Hay un conflicto de intereses.

Con Mecafé, dice usted.
Claro. Él es su amigo y lo ha dicho públicamente y eso lo va a inhibir por completo. Desde ese momento empieza a construir algo, una hipótesis. Existiendo ese conflicto de intereses, ni modo, le nombra todavía como funcionario público. Así todavía gana ciertas licitaciones, y se retira porque no puede ser tan descarado de seguir ahí. Pero después, cuando se van a la constitución de las sociedades de las cuales los socios constituyentes son personas que no tienen experiencia comercial, empresarial, y que no tienen el soporte económico suficiente para decir que son grandes empresarios, sin discriminar de dónde provienen y quiénes son, es un indicio más. Usted dice: 'A esas personas las utilizaron para constituir esta sociedad'. Luego me imagino que hay un traspaso de acciones, aparecen comprando un inmueble, que en su vida ellos podían tener por medio de la sociedad. ¿Qué generó esa sociedad? Nada. Todo eso es una cadena de indicios. ¿Culminando con qué? Me dio una gran risa eso. Con la gran zafada. Que el inmueble tiene todos los permisos. ¡Por Dios! ¡Si tienen al presidente! ¿Cómo no le iban a dar los permisos? Al primero que se lo negara lo despiden. Uno. Y dos, tengo un contrato de arrendamiento, y ese es otro indicio que va en contra. Concluyendo: cuando yo sea presidente, usted constituye la sociedad, y yo le adjudico proyectos, proyectos, proyectos, pero eso sí, cuando yo salga de la Presidencia, usted debe tenerme algo ahí. Y de hecho quiero vivir en tal zona, con piscina, etcétera. Así que mirá cómo vas a comprar ese inmueble y, cuando yo salga, que no se dé cuenta la mara que es bien pasmada, vamos a firmar un contrato, un arrendamiento simulado.

¿Usted hubiera abierto caso?
Buena pregunta. Muy complicado.

Usted, en su cuenta de Twitter mencionó que era una tipología de la más común: 'Lavado de dinero por corrupción pública por medio de prestanombres'.
¿Usted cree que es muy difícil hacer ese proyecto de proceso intelectivo?

¿Y de procesar ese juicio?
¿Y no ya le dije? Por ejemplo, las licitaciones, contrario a lo que dice el señor, no se las adjudican a la mejor empresa. Yo asesoro empresas en licitaciones, y ahí basta con ver si un experto en licitaciones tenía los dados a su favor.

Pasemos ahora del expresidente Funes al expresidente Flores. ¿Cómo es posible que un ROS de 10 millones de dólares nadie lo viera en este país, y nadie dentro de la Unidad Financiera en aquellos años?
Sencillo. Si me pregunta a mí, yo nunca lo vi.

¿Cómo es eso posible?
Yo, la primera vez que me di cuenta de que eso existía, fue por la boca del expresidente Funes.

¿Usted puede dar cuenta de que durante su gestión ese ROS no pasó?
Garantizar eso no puedo, pero por mis manos nunca pasó.

¿Y cómo es posible que una persona...?
Fue de un banco extranjero.

¿Y ese caso es otra tipología de lavado de dinero o es un caso de corrupción política? Son varias transacciones que terminan en un partido político.
Lo que pasa es que ahí sí me es más difícil porque tengo menos información. De hecho, el que fue agente mío que ahora trabaja en la OEA (Organización de Estados Americanos) vino y me preguntó si me habían llamado, pero la verdad es que no me habían llamado.

Veamos entonces un caso más: el de Chepe Diablo, José Adán Salazar, considerado un capo internacional por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Nunca se le pasó por su oficina el nombre de este señor?
Hay investigación.

¿Investigación que sigue su dinero?
Hay investigaciones, expedientes depurados. Hay todo un expediente que se sigue con impuestos, con asistencias internacionales, con asistencias judiciales internacionales, y que está ahí dentro de la unidad.

¿La unidad que usted dirigió?
Sí, hay investigaciones adelantadas. Hay un expediente muy grande.

¿Ese expediente que usted dejó tenía sentido continuarlo?
Fíjese que yo considero que sí tiene sentido seguirlo depurando. Lo que sucede es que, por ejemplo, la cooperación internacional cuesta mucho que fluya, y eso es lo que más ha retrasado las investigaciones. El expediente ya tiene sus años.