[Esta entrevista es un apéndice del reportaje 'El país que entregó las cárceles a sus pandilleros'. Si no lo ha hecho, le recomendamos leerlo primero.]

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Si algo hay que reconocerle a Rodolfo Garay Pineda es valentía; valentía para proclamar sin matices que él fue el máximo responsable de que el Estado salvadoreño destinara cárceles para albergar solo a integrantes de una misma pandilla. Podría haber señalado a sus superiores, a tal o cual ministro, o incluso podría haberse hecho el loco, pero no. Quien fuera el máximo responsable de la Dirección General de Centros Penales entre 1989 y 2004 se atribuye la paternidad de la medida (“Clasificar, separar y reubicar a las pandillas en centros penitenciarios distintos fue una decisión de la Dirección General de Centros Penales”, dice sin titubear), lo hace incluso con orgullo, y solo concede, quizá por modestia, que cada uno de los movimientos masivos los consultaba primero con los directores de los penales afectados, y que los hacía del conocimiento del ministro de turno.

La altivez con la que defiende la segregación tiene una explicación: Garay Pineda discrepa con los académicos, los políticos, los analistas, los investigadores y los periodistas que creen que entregar cárceles a las pandillas es uno de los puntos de inflexión en la evolución del fenómeno de las maras. Él no ve tan cristalina la relación causa-efecto. “Es muy alcanzativa esa afirmación de que la separación de las pandillas provocó el incremento en los hechos delictivos”, dice.

Usted era el director general de Centros Penales cuando se asignaron cárceles a las pandillas. ¿Por qué se tomó esa medida?
Lo que ocurre es que el sistema penitenciario salvadoreño nunca ha sido capaz de superar sus propias vulnerabilidades. El Estado no tiene el control, y son los internos quienes deciden si quieren salir de sus celdas o si quieren encerrarse, porque la diferencia proporcional entre el personal penitenciario y la población interna, aunado a la limitada infraestructura, no permite que la administración controle los centros. Y si ya era difícil hace 10 años… hoy lo es cinco veces más. Le doy primero este contexto para decirle ahora que, para mantener la estabilidad penitenciaria, la tranquilidad, es necesario jugar con ciertas variables, con la finalidad de que prevalezca el derecho a la vida sobre otro cúmulo de circunstancias y valores.

¿No había otra fórmula?
En aquel momento, si no se separaban las pandillas, conservar la estabilidad era imposible… ¡imposible! La separación fue un instrumento indispensable para conservar el control de los centros penitenciarios. Porque no solo era el conflicto entre las maras, sino también entre los pandilleros y los internos comunes. Juzgamos que había que separar a esos tres elementos: Mara Salvatrucha, la 18 y los comunes.

Pero ni siquiera cesaron los muertos ni la conflictividad en las cárceles. ¿Fue la medicina correcta?
Sí lo fue. Si no se hubiera hecho, el resultado habría sido peor.

Entiendo que no fue una decisión tomada de la noche a la mañana, sino un proceso muy prolongado en el tiempo.
Antes de concentrar a los pandilleros, se había hecho un esfuerzo de carácter técnico por conocerlos e integrarlos, que es algo que poco se menciona hoy. Esos estudios nos indicaron que cada pandilla tenía un perfil criminológico distinto: mientras la Mara Salvatrucha es de alto índice de agresividad, la Mara 18 [se refiere al Barrio 18] es de alto índice de peligrosidad. Son conductas delictivas muy diferentes.

¿Recuerda el traslado del 2 de septiembre de 2004, el más masivo de todos?
Sí, fue el último gran movimiento bajo mi supervisión, porque un par de meses después dejé la dirección. Pero antes había habido otros movimientos que involucraban a un gran número de privados; pandilleros sobre todo.

Se hizo dos semanas después de la masacre de Mariona.
Los traslados fueron un mecanismo premeditado para estabilizar los centros. Pero sí, sin esos hechos concretos en Mariona, seguramente los movimientos no se hubieran realizado en ese momento; quizá seis meses o un año después, pero no en ese momento.

Usted deja Centros Penales en noviembre de 2004. Se publicó que fue una decisión propia, sin presiones.
Pero no fue así. En junio habían entrado las nuevas autoridades y me pidieron la renuncia.

René Figueroa era el ministro cuando usted se va, y antes lo había sido Conrado López Andréu.
Lo que ocurre es que las autoridades desconocían por completo la realidad de lo que estaba sucediendo en los centros. De hecho, se dieron ciertos acontecimientos que la administración penitenciaria no los provocó, sino que fue por decisiones externas.

¿Por ejemplo?
Los internos de Mariona mataron a dos agentes de la División Antinarcóticos [sucedió el 16 de diciembre de 2002]. Si la PNC no hubiera llegado a hacer ese operativo en la forma en que se hizo, esos hechos no hubieran ocurrido. Aquello fue un operativo policial, sin ninguna participación de Centros Penales, ni siquiera en la planificación. Fue una decisión de alto nivel gubernamental, y solo nos dijeron: va a llegar la PNC. Se metían en nuestra casa a desordenarnos todo.

¿Cómo fueron políticamente los últimos meses de su administración? ¿Se sentía bajo la lupa?
Me sentía en una situación muy difícil, porque se estaban haciendo cosas que yo jamás hubiese hecho de la forma en que se hicieron.

¿Por qué no hubo debate público en torno a una decisión tan trascendente como la entrega de cárceles a las pandillas? Sí lo hubo en torno al Plan Mano Dura, por ejemplo.
El sistema penitenciario estaba alejado del Plan Mano Dura, no formaba parte. Solo éramos un receptor de los efectos.

Pero me refiero a que hoy muchos dicen que la segregación fue un error, pero esas voces de oenegés, de jueces y de políticos no se escucharon en 2004.
En esos años desde algunos sectores se quería politizar el sistema penitenciario, pero como los traslados no produjeron ningún efecto explotable políticamente, quizá por eso no trascendió. Con los traslados no hubo sangre, no hubo muertos… y las medidas así no las explotaban políticamente.

Ciudad Barrios terminó convertido en el penal de la Mara Salvatrucha, casi su cuartel general.
Fue una necesidad.

La pandilla lo buscaba desde hacía años. Para ellos fue una victoria.
Pero ellos nunca decidieron. Los traslados fueron una decisión exclusiva de la administración penitenciaria.

Queda claro que fue un proceso, incluso diluido en las gestiones de tres o cuatro ministros. ¿Se atrevería a señalarme qué ministro impulsó más la segregación?
Clasificar, separar y reubicar a las pandillas en centros penitenciarios distintos, como un mecanismo de control penitenciario, fue una decisión de la Dirección General de Centros Penales, solo que consultada y apoyada por los diferentes ministros.

¿Se está atribuyendo la paternidad de esa polémica política?
No era una decisión personal, sino consensuada con los directores de los centros penitenciarios, pero sí, mi persona presidía las reuniones en las que se decidieron los traslados. Era una decisión colegiada, pero yo la santificaba.

Ni en la región ni en ningún lugar del mundo, creo yo, el Estado asigna cárceles completas a grupos delictivos concretos.
Las maras son Made in USA, pero la evolución que tuvieron en El Salvador fue mucho más rápida que incluso en Honduras y Guatemala. La magnitud del fenómeno de las pandillas fue mayor en nuestro país, y también el hacinamiento; por eso solo aquí nos vimos obligados a tomar medidas de ese tipo.

En los centros de menores la segregación estaba vigente desde el 2000, y para 2004 estaba claro que la medida no ayudaba a la rehabilitación.
Es que la eficacia de la resocialización no es determinante para justificar o no justificar la separación. La medida respondió a las circunstancias del momento, a las que había que dar soluciones, y cuya única finalidad prioritaria era recuperar la estabilidad de los centros penitenciarios, y con ello salvar vidas y evitar desórdenes y violencia. Ese objetivo solo se podía conseguir con medidas de ese tipo.

¿Nadie planteó siquiera como posibilidad que esa medida reforzaría a las pandillas?
¡Nunca! Nadie previó. Nadie protestó. Al contrario. Hubo un apoyo tácito incluso de aquellos que clásicamente nos cuestionaban con fines políticos. Fespad calló. IEJES calló. El Idhuca calló. No hubo rechazo.

¿No fue la salida fácil?
En aquel momento hubo que tomar unas medidas de control y se tomaron. Aunque es cierto que nunca ha existido una voluntad del Estado para atender a los privados de libertad y promover su reinserción en la sociedad, algo que la Constitución exige.

¿Por qué usted aguantó 15 años en el cargo si tiene eso tan claro?
Fui un quijote, luché por transformar un sistema. Yo hice de los reos mi causa, porque son la gente por la que nadie da nada porque no valen nada. Y porque había que rescatar ese valor humano que ellos tienen, que nuestra sociedad, de una manera hipócrita, los sigue señalando. Pero no hacemos nada. La persona que delinque tiene que rehabilitarse, y ni la sociedad ni el Estado alcanzan a percibir la importancia que tiene este problema, porque la inseguridad al final termina convertida en inestabilidad política y en dificultades para el desarrollo. A la clase política lo que siempre le interesó es la ganancia partidaria o personal, pero nunca aportar soluciones. Ahora el gobierno ha cambiado, y al menos se han dado cuenta de que no es lo mismo señalar que hacer las cosas. Pregunto: ¿ha cambiado la realidad después de cinco años del FMLN? No ha cambiado.

Las extorsiones, los homicidios y, en general, la actividad de las pandillas, se acentuaron a partir de 2004.
A mí me parece muy aventurada esa relación. Es muy alcanzativa esa afirmación de que la separación de las pandillas provocó el incremento en los hechos delictivos. Es cierto que a partir de 2004 la actividad delictiva aumentó, pero lo atribuyo a la ineficacia de las políticas públicas planteadas, como el Plan Súper Mano Dura, que tenía un fin más publicitario que real. No es cierto que la separación de las pandillas aumentó la delincuencia.

¿En verdad cree que tener a los pandilleros concentrados no fomentó la cohesión interna y definió los liderazgos?
Habrá relación, pero no creo que sea determinante. ¿Por qué? Yo respondería de la siguiente manera: la dolarización, el TLC con Estados Unidos… ¿Por qué no lo revierten ahora si antes lo criticaban con tanta fuerza? Porque ya nos dimos cuenta de que no se puede.

¿Y qué tiene que ver eso con la segregación?
Tiene que ver. Es lo mismo. ¿Por qué el gobierno del FMLN no revierte ahora la decisión de asignar centros penitenciarios?

¿Usted cree que es una medida reversible?
No.

Un diputado de Gana lo ha solicitado a la Asamblea.
Es que los diputados lo pueden pedir, pero eso lo tiene que hacer el gobierno, y en las condiciones actuales del sistema penitenciario, con casi 28,000 internos, es imposible. Si lo hacen, el caos está garantizado.