Un portón de color azul está abierto y de la delegación policial sale “la rastra”, un camión con una cama larga y alta que se asemeja a una celda hecha con tablones de madera. En otras ocasiones la rastra ha movido a reos que se cuecen en las malolientes y hacinadas bartolinas de esta delegación, ubicada en uno de los municipios más violentos de San Salvador, pero hoy la rastra sale vacía, y en la cabina solo van dos policías. Uno tan lleno de arrugas que parece un anciano. Es el conductor. El otro tendrá unos 40 años. No hay tiempo para hacerles preguntas.
—¡Ya regresamos! —le grita el viejo conductor a José, el agente que esta tarde hace de guardia.
—¡Va pue’! —responde José, desde la caseta—. ¡Pilas! Ya saben cómo está la cosa.
15 minutos después la rastra regresa y se detiene frente a la caseta. El viaje de ida y vuelta a la gasolinera fue corto. El copiloto, el policía que aparenta 40 años, abre la puerta para bajarse. José, el agente que hace de guardia, lo espera en la acera. Antes de bajarse, el copiloto se saca de entre las piernas una pistola nueve milímetros color negro. Su arma de equipo. La llevaba así, desenfundada y entre las piernas, sujeta del mango con la mano derecha, con el cañón apuntando al colchón del asiento. La llevaba así, desenfundada, como quien viaja con todas las alarmas encendidas, como quien espera defenderse de un ataque, como quien tiene miedo, en estos tiempos, de ser un policía.
Es hasta que se siente confiado, al otro lado del portón de color azul, que el policía que aparenta 40 años le pone el seguro y se enfunda la pistola otra vez en el cinto.
—¿Todo tranquilo? —le pregunta José.
—Todo tranquilo.
* * *
Nada está tranquilo. En los primeros 15 días de 2015 en El Salvador han sido asesinados siete policías. 2014 cerró con 39 agentes asesinados, un parteaguas en los últimos tres años, si se toma en cuenta que los ataques contra agentes de la PNC estuvieron a la baja en 2012, año en que el gobierno y las pandillas negociaron la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios para los jefes pandilleros. En 2012 la PNC reportó el asesinato de seis de sus oficiales, mientras que en 2013 la cifra se duplicó. Las pandillas Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18 se adjudicaron el descenso del primer año de la tregua, y en marzo de 2014 advirtieron que las cosas estaban cambiando en virtud de que la tregua ya no era una prioridad del gobierno. Desde la segunda mitad de 2013 la tregua agonizó mientras las batallas en la calle, según las pandillas, se calentaron. Pero las pandillas insistían en una tregua, fuera de confrontaciones, y pedían a la dirección de la PNC que no enviara un mensaje de guerra. Las pandillas dejaron entrever que si los policías seguían disparando primero y preguntando después -cosa que según ellos ocurre desde mediados de 2013, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara unas reformas penales que en síntesis inhiben la investigación cuando los policías justifican que dispararon en cumplimiento del deber- ellos también responderían. No está nada claro, pero lo cierto es que 2014 cerró con 39 policías asesinados, el último el 30 de diciembre, y en los primeros días de 2015 siete agentes fueron asesinados en diferentes puntos del país en “ataques planificados”, según el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde.
A falta de otro plan de seguridad, el gobierno del FMLN ha respondido dándoles luz verde a los agentes para que disparen, para que usen su arma de equipo 'en el cumplimiento de su deber' sin temor a consecuencias. En el último trimestre de 2014 inició este recorrido en la PNC. Se levantó una veda impuesta en 2005 para que los agentes se lleven su arma de equipo a casa en los días de descanso. Este permiso se había eliminado amén de que muchas armas se perdían o se utilizaban en otros menesteres ajenos a la labor policial (la medida también era una prevención para cortar los casos de agentes que agredían a sus parejas con ellas, o a sus enemigos o que incluso se suicidaron con su arma de equipo).
A falta de otro plan de seguridad, el martes 20 de enero la PNC anunció su segundo movimiento. Una “luz verde” –como las pandillas llaman a los planes de asesinatos en contra de sus enemigos— para que los policías disparen a los delincuentes. “Aquel miembro de la institución que tenga la necesidad de usar su arma de fuego en cumplimiento del deber o en defensa de su propia vida o de terceras personas, que lo haga sin ningún temor. Hay una institución y un gobierno que lo va a proteger”, declaró el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde.
Un día más tarde, en conferencia de prensa, Óscar Ortiz, el presidente en funciones tras la salida apresurada de Salvador Sánchez Céren a Cuba, para recibir atención médica, respaldó estas palabras. “Nuestro gobierno expresa el respaldo completo a las declaraciones de nuestro director de la Policía Nacional Civil en relación a que cualquier miembro de nuestra Policía, que en cumplimiento de su deber, en defensa de los ciudadanos y de su integridad, deba hacer uso de su arma de fuego, debe hacerlo sin ningún temor de sufrir consecuencias por ello”.
Las palabras del vicepresidente son un viraje hacia el pasado en la política de seguridad del gobierno salvadoreño. En 2003, el presidente Francisco Flores habló en un tono similar cuando ordenó la “caza” de pandilleros con el primer “Plan Mano Dura”. El plan, que en realidad era una escueta autorización para que los policías se convirtieran en agentes represivos contra todos aquellos jóvenes pandilleros o sospechosos de ser pandilleros, no bajó los índices delictivos ni de inseguridad. De hecho, dos años más tarde, y en pleno funcionamiento del “Plan Súper Mano Dura” del expresidente Antonio Saca, los índices de violencia en El Salvador se dispararon y convirtieron a este país centroamericano en el más violento del continente. La cresta de la violencia, con el Supér Mano Dura en funciones, incluso llevó a que en 2009 El Salvador registrara una tasa de 72 homicidios por cada 100 mil habitantes.
* * *
José, el agente que ahora hace de guardia, despenica con sus manos unas tortillas que una viejecita con delantal le ha llevado a su nieto, un presunto pandillero que cayó preso hace algunos días, en este municipio plagado de pandillas. José, el agente, evita que en la masa de las tortillas se cuele algún objeto ilícito. “Alguna porción de marihuana, un chip…”, explica. La viejecita es la última de un centenar de mujeres que este mediodía han llegado a la delegación, y ha llegado tarde. 45 minutos después de la hora de cierre para el almuerzo de los reos sin condena. José, el agente, más enojado que de costumbre, pudo haberle negado la comida a la viejecita, pero pudieron más los cinco ruegos de la señora que la furia que él tiene en las entrañas.
El 22 de diciembre de 2014 a José le mataron a un compañero, un policía destacado en el puesto policial de Las Margaritas, Soyapango. El agente Carlos Alfredo Reyes Carranza estaba destacado en una zona MS, pero vivía en la colonia Campos Verdes, de Lourdes, Colón, zona del Barrio 18. Cuando a los agentes se les pregunta qué podría hacer el gobierno o la institución para garantizarles seguridad, ellos siempre responden que una buena medida sería “crear colonias de policías” para que no les toque vivir junto a sus enemigos. Cinco de los siete ataques contra policías este año ocurrieron en zonas cercanas a las viviendas de los agentes. “Colonias para policías”. Eso responde un grupo de agentes entrevistados por El Faro y que accedieron a hablar con la condición de resguardar sus identidades. Algo fácil de entender si se recuerda que a finales de 2014 la PNC emitió la orden de que nadie, salvo el director o el subdirector, puede dar declaraciones a la prensa.
“¿Cómo piensan protegernos? Si cuando uno se quita el uniforme, por más armados que andemos, por más preparados, somos uno más y ellos, afuera, son muchos. Viajamos en los mismos buses que ellos, vivimos en las mismas colonias que ellos. La solución a esto no es simplemente armarnos”, dice un agente destacado en la delegación de Lourdes, Colón, que custodia la colonia en la que fue asesinado el agente Reyes Carranza.
A mediados de 2014, cuando el asesinato de policías rondaba una veintena, la Inspectoría General de la PNC –la oficina que investiga a los malos policías- envió un mensaje a los agentes para que se sintieran libres de usar su arma de equipo “en cumplimiento del deber”. Para ese momento nadie del gobierno salió a respaldar a la Inspectoría, ni siquiera las autoridades de la PNC. El mensaje, casi clandestino, circuló en hojas volantes en las delegaciones del país y en la página de internet de la Inspectoría, que al cierre de esta nota estaba de baja.
En ese momento la PNC y la Academia Nacional de Seguridad Pública anunciaron talleres de capacitación y retroalimentación de medidas de seguridad para los policías. “Y no era solo para que practicaran los tiros, sino para que recordaran cómo actuar con profesionalismo en todo momento. A diciembre de 2014 llevamos más de 10 mil agentes capacitados”, dice Mauricio Ramírez Landaverde, el director de la PNC.
El Faro preguntó a agentes destacados en el departamento de San Miguel, oriente del país; en Ahuachapán y Santa Ana, occidente, y en San Salvador y La Libertad, zona central, sobre esos cursos, esas convocatorias, pero todos respondieron que durante 2014 nunca hubo invitaciones para nadie. Tampoco hubo charlas con los jefes de delegaciones para hablar de medidas de seguridad en las horas de licencia o en las horas de servicio activo.
Los agentes, de hecho, incluso acusan a las jefaturas de la Policía de actuar con doble moral. Es decir, de decir a los medios que están velando por la seguridad de sus tropas, pero que en privado practican actuaciones desleales contra sus subalternos. Los agentes ponen de ejemplo algo que ellos llaman “trampas homicidas”. Se refieren a rotaciones fuera de toda lógica, para castigar a agentes que respondieron mal a los jefes o que no acataron una orden fuera de la norma.
“Sabemos de compañeros que son enviados a delegaciones insertas en territorios de la Mara Salvatrucha, a sabiendas de que esos compañeros viven en territorios de la pandilla contraria. O viceversa. Ese tipo de movimientos se hacen con dolo”, dice un agente destacado en Ahuachapán, y que ya ha pasado por esas rotaciones.
Un grupo de agentes supernumerarios del Programa de Protección de Personalidades Importantes (PPI) incluso denuncia que esa oficina adscrita a la PNC ha impedido que los agentes se lleven su arma de equipo en horas no laborales aduciendo que ellos no son “personal policial”. Estos agentes dicen estar asignados a la Unidad de Protección Judicial, la unidad que se encarga de dar seguridad a jueces, magistrados, instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y el traslado de los reos a nivel nacional.
“Hacemos del conocimiento público que pese la reiteración de la orden dada por el Director de la PNC de que todos los miembros de la PNC podrán portar sus armas en horas no laborales para su protección, esta no se nos está dando, pues el comisionado Gersan Pérez, jefe del PPI, dice que los súper numerarios no somos personal policial, sin tomar en cuenta el homicidio del supernumerario asignado a la seguridad del diputado Echeverría”, escribió uno de los agentes en un correo enviado a la redacción de El Faro. El agente se refiere al asesinato de Julio Serrano Girón, un PPI de 24 años asignado al diputado por Cabañas (y vocal de la comisión de Seguridad de la Asamblea) Antonio Echeverría, del FMLN. Serrano Girón recién había salido de su vivienda ubicada en el cantón Llano Largo (Jutiapa, Cabañas) y se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado y asesinado con una pistola calibre 0.38 y con un arma blanca.
En El Salvador, vivir en una colonia dominada por la Mara Savatrucha y trabajar o estudiar o visitar a alguien en una zona controlada por el Barrio 18 puede significar la muerte. Todo estriba en si una de las dos pandillas se entera, todo depende de cuánto se desconfíe de la persona que tuvo esa mala suerte en la vida. Los policías no están exentos de ellos.
En Lourdes, Colón, por ejemplo, los agentes y los investigadores de la delegación se coordinan para al menos garantizar que aquellos que tienen licencia no esperen, en solitario, el autobús en las paradas de una de las zonas más violentas de la guerra entre pandillas.
“Nada, estamos solos. Al salir de los turnos uno vela por su propia vida. Ahora, al menos, nos regresaron las pistolas”, dice un agente destacado en la delegación de Santa Ana.
¿Quién debe cuidar a los policías? O más bien, ¿estaba la Policía preparada para recibir una escalada de ataques en sus filas? Según el director de la Policía sí lo estaba.
—¿Qué información dio al respecto la Unidad Antipandillas? ¿Sabían de estos ataques programados para inicios de año? ¿Qué hicieron para prevenirlos? –le pregunto al comisionado Mauricio Ramírez Landaverde.
—Siempre estamos preparados. En estos casos hemos respondido como sistema. Todas las unidades han sido importantes y necesarias cuando sucede un hecho de estos.
—Si estaban prevenidos, ¿cómo explican esta oleada de ataques, en los que los policías han sido abatidos en sus horas de licencia? ¿Esperaban que los atacaran así?
—Es que eso no es noticia (ataques a policías en horas de licencia). Ya lo hemos tenido en años anteriores. Estamos preparando otros planes pero no le puedo dar detalles de cuáles son.
* * *
Entre los ataques contra los policías, las amenazas de los pandilleros y el llamado a la batalla que han hecho la dirección de la PNC y la Presidencia de la República, uno esperaría que José, el agente que hace de guardia, tratara mal a las viejecitas que llegan a dejar comida a los pandilleros en las bartolinas de la PNC. En 2011, en teoría, eso hacían los militares que custodiaron los penales en los que están recluidos los pandilleros. Se desquitaban con las mujeres de los pandilleros por los asesinatos cometidos contra militares. Los militares fueron acusados de meterle el dedo en el ano y la vagina a las ancianas, a las abuelas, a las madres y mujeres de los pandilleros. La Mara Salvatrucha, en Ciudad Barrios, respondía que si existía batalla entre pandilleros y militares era en virtud a esas vejaciones. Los militares, en respuesta, justificaban esos registros excesivos argumentando que debían impedir el ingreso de ilícitos para prevenir más asesinatos de soldados. No está nada claro, pero en 2011, un año antes de la tregua entre pandillas, el ejército liderado por el general David Munguía Payés y las pandillas en los centros penales dejaron de agredirse. Ahora, con los ánimos encendidos, con sed de venganza, con luz verde para disparar, los policías podrían ensañarse con los familiares de los pandilleros, pero José, el agente que hace de guardia, corrige esa impresión. Las batallas, dice, no son con los familiares sino con los pandilleros. En las calles. “A ellas uno no puede dejar de tratarlas como lo que son: seres humamos que se preocupan por sus hijos, que en la gran mayoría de casos no tienen culpa de lo que ellos son o de lo que han hecho. Pero allá en la calle, entre ellos y nosotros, las cosas están mal. Bien mal. El animalero está enojado”, dice.
Cuando José El Agente dice “El animalero” se refiere a los más de 20 mil policías de El Salvador.
En un lapso de tres horas, de la delegación de José han salido cuatro grupos de policías a patrullar. De a cuatro cada grupo, todos a pie, pero todos fuertemente armados, con los chalecos antibalas debajo de los uniformes. A todos, José el agente los ha despedido con el mismo mensaje: “¡pilas!”
José el agente dice que si algo va a estallar en Soyapango, es por el asesinado de su amigo, ocurrido el 22 de diciembre de 2014.
—Todos tenemos rabia. Su muerte ha calado en todos nosotros. ¿Sabe por qué? Él era un policía modelo para todos. Destacado en todo, implacable en su trabajo, en su compañerismo también.
El agente Reyes Carranza, “indicativo Soldado”, un ex comando urbano de la guerrilla del FMLN, incorporado a la PNC en 1997, por su trabajo incluso había sido ascendido en el último trimestre de 2014 a jefe del puesto de la delegación de Las Margaritas. Territorio MS. Uno de los más calientes de Soyapango.
—A mí ya me buscaron ocho compañeros, enojados todos, para que armemos un grupo. Un grupo de exterminio. La idea es dar golpes claves en las cuatro zonas del país, para dejar claro que no nos quedaremos de brazos cruzados –dice José, el agente que hoy hace de guardia.
En redes sociales, personas que se identifican como policías han celebrado que ya haya “luz verde” contra las pandillas. Días antes de que el gobierno y la dirección de la Policía dieran el anuncio de autorización para que se disparen las pistolas, en Facebook circuló un comunicado en el que los “agentes de la escala básica” pedían que se permita crear grupos de exterminio para solucionar la violencia.
—A mí me han buscado ocho compañeros para eso, y me lo estoy pensando –dice José, el agente que hoy hace de guardia, mientras busca, en su teléfono, los mensajes que sus amigos le han enviado para invitarlo a formar parte de ese escuadrón.
En esas estamos cuando suena el radiotransmisor de José el agente que hoy hace de guardia. Desde quien sabe qué punto del municipio un compañero lanza un mensaje, al que poco a poco van sumándose un coro de voces.
—Tengo información, tengo información ahí del 911: pandilleros, dice, continuarán ahí con los atentados. Hay que estar pendientes ahí todos los compañeros y hay que andar lista la nueve para cualquier cosa –dice uno de los agentes, voz ronca.
—Copiado —contesta otro.
—La nueve y la diez también —dice una más, en alusión al modelo “nueve milímetros punto 10 que cargamos”, explica José.
—Copiado, copiado –responde una más.
—Yo unos galiles ahí les he traído. Quítenle el seguro –dice otra voz. Una voz seria que habla de unos fusiles de uso privativo de la Fuerza Armada.
—¡Topémoslos! –grita otra persona que tiene la voz de un hombre joven.
—¡Sin miedo ahí, ve! ¡Avancen sin miedo, hey! –grita una más, con voz más grave.
—Nosotros aquí estamos frente a estos vagos. ¡Vamos a esperarlos aquí también con unos galiles a estos hijos de puta! –dice de nuevo el agente de la voz joven, quién sabe desde cuál punto del país.
José el agente se suma a la conversación con un “copiado”. Luego me dice: “Antes esto no lo escuchaba, hablar así con esa falta de respeto. Pero es que ahorita en todos lados están buscando cómo desahogarse los compañeros”.
* * *
¿Cómo se combate a las pandillas? ¿Cómo se puede reducir la violencia en El Salvador? ¿Cómo la Policía puede recuperar los territorios dominados por pandilleros? ¿La Policía Nacional Civil puede ganarle la batalla a las Pandillas? 24 mil contra más de 60 mil, según cifras del gobierno. ¿Disparar primero y preguntar después es la solución a la violencia de El Salvador? El director de la Policía cree que sí, y la Presidencia de la República ahora lo ha respaldado.
—El año pasado, intervenciones policiales dieron como resultado la muerte de muchos delincuentes y lesiones en otra cantidad mayor. Por esos hechos no tenemos a ningún miembro de la Policía que esté detenido –dice Mauricio Ramírez Landaverde.
—¿Mandar a los policías a la batalla no es contraproducente para…?
—... No es contraproducente. En ningún momento. Necesitamos que el policía tenga toda la confianza para que cuando tenga la necesidad de usar su arma de fuego, por ser la única manera de resolver una situación que se le presente, pues que lo haga con toda la confianza del mundo.
* * *
Al mediodía del sábado 24 de enero, un hombre vestido de civil -la PNC resguarda su identidad- mató a dos supuestos ladrones en la calzada de la Alameda Juan Pablo II, una de las arterias más transitadas en el centro de San Salvador. Según la versión policial, el hombre sin identidad caminaba por la acera cuando fue interceptado por los dos supuestos ladrones, quienes llevaban entre sus pertenencias tres anillos dorados, dos plateados, una navaja y una pistola de juguete. El hombre sin nombre, en teoría, se defendió de un asalto y disparó a los dos supuestos ladrones. Legítima defensa. Ricardo Cortez, de 21 años, quedó tendido boca abajo, sobre la acera. Óscar Sosa, de 35, también murió boca abajo, pero alejado un par de metros de su compañero, sobre la calle de asfalto.
El agente Juan, patrullero de seguridad pública, pasó por la escena un par de minutos después del rafagueo. Así lo dice él: 'el rafagueo'. Juan vio que un hombre de camisa blanca estaba de pie, 'como en shock', mientras contemplaba el asesinato de dos salvadoreños. En la acera había un muerto con camisa roja, y en la calle otro muerto con camisa azul. Para Juan aquello era homicidio doble. Así lo dice él: 'un homicidio doble'. En la mente de Juan apareció esta imagen: tendría que bajarse de su vehículo, desenfundar su arma, y enfrentarse a ese hombre que sobre la calzada todavía tenía el arma homicida entre sus manos. Pero Juan, aunque cargaba su arma, no hizo lo que había pensado. Y no porque también estuviera de licencia, sino porque iba en su vehículo acompañado por su hija de 8 años.
—¡Papi, los mataron!-le dijo la niña.
—No hija... ¡ya ves! Eso es lo que pasa por andarse tirando de los buses -mintió Juan.
Tras el incidente, Juan pensó durante toda la tarde sobre lo que pudo haber ocurrido. Ese desenlace imaginario lo consterna.
—¿Le hubiera disparado?
—Ahí había una cuestión de alguien atentando contra un ser humano. ¿Me entiende? Recuerde que el bien común es lo humano, salvaguardarle la humanidad a una persona... Era de matarlo. ¡Hey! ¡Sí la hubiera cagado! ¿Qué cree que me hubiera pasado? ¡Esto está bien jodido!
—Supongo que en la investigación...
—¡Ajá! ¿Y cómo iba a saber yo que ese cerote era policía y cómo iba a saber él que yo también? Es que ahí yo tuve que haber actuado y lo hubiera matado yo a él o me hubiera matado él a mí. Si los dos de civil, los dos armados...
En la tarde del sábado 24, la PNC también reportó que otro agente de licencia disparó su arma para defenderse del ataque de cuatro supuestos pandilleros en San Miguel, oriente del país. Uno de los presuntos atacantes murió camino al hospital público de la ciudad. En la madrugada del domingo 25, tres jóvenes, supuestos pandilleros, fueron abatidos en el cantón El Jícaro, San Agustín, Usulután. En teoría hubo un 'enfrentamiento' con agentes de la PNC. La página de Facebook Héroe Azul de El Salvador -alimentada por policías- ha filtrado la imagen de la escena: dos jóvenes yacen muertos, boca abajo, al pie de un árbol. El tercero está tendido sobre una hamaca.
