Poco antes de cumplir tres años, la Tregua murió. El presidente Salvador Sánchez Cerén firmó su acta de defunción el pasado 5 de enero. “No podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas porque eso está al margen de la ley”, dijo tras una reunión con jefes policiales. Con esa frase no solo reconocía que el gobierno de Mauricio Funes, del que Sánchez Cerén era vicepresidente, dialogó desde inicios de 2012 con la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18. También resolvía por fin, al menos oficialmente, la prolongada duda de si la nueva administración, que tomó posesión en junio de 2014, seguiría con ese esfuerzo.
Y si el nacimiento de la Tregua redujo radicalmente los homicidios, tras su muerte El Salvador volvió a promediar –en las primeras semanas de enero de 2015– 14 asesinatos diarios, una cifra idéntica a la que el país arrojaba antes del 9 de marzo de 2012. Las maras siguen siendo un fenómeno criminal capaz de lograr que los homicidios suban o se desplomen en un chasquido, como se comprobó una vez más, temporalmente, después de que el 17 de enero de 2015 dieran orden de reducir las muertes . Las pandillas eran poderosas en 2012. Lo siguen siendo hoy.
Pero aunque los promedios antes y después de la Tregua son similares, si se escarba un poco entre los números se infiere que los salvadoreños no están muriendo en los mismos lugares. La Tregua cambió el mapa negro del país: zonas que antes eran ultraviolentas ahora no lo son tanto, y zonas que eran calmas hoy son hervideros.
La Tregua fue un pacto a tres bandas suscrito entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y el gobierno de presidente Mauricio Funes, al que con el tiempo se agregaron otros actores: la Organización de Estados Americanos, la pandilla La Mirada Locos, la Iglesia católica, la pandilla Mao-Mao, Interpeace... El proceso, que parecía abrir una nueva etapa en las políticas de seguridad de El Salvador y en su historia de violencia, comenzó a debilitarse después de que Funes restructuró su gabinete de seguridad en junio de 2013, y permaneció en coma profundo durante todo el año siguiente.
Y si las palabras de Sánchez Cerén simbolizaron el acta de defunción, el proceso recibió sepultura con el regreso al Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca de los principales ‘palabreros’ de las pandillas . Si el actual gobierno o cualquiera futuro pretenden dialogar con las maras tendrán que construir un nuevo proceso sobre la tumba del anterior. Y lo harán sobre un mapa de violencia diferente al de inicios de 2012.
En cuanto a asesinatos, 2014 resultó muy parecido a 2011, con promedios de 11 y 12 homicidios diarios respectivamente. Sobre esta base, y conscientes de que los asesinatos son tan solo uno entre el abanico de delitos que se cometen, la Sala Negra comparó ambos años, municipio por municipio, para tratar de establecer en qué zonas la violencia se desbordó, y qué otras se calmaron durante la Tregua. Dicho con otras palabras, para presentar a qué partes del país la Tregua le sentó bien, y a qué otras, mal.
Los datos son los facilitados por la Policía Nacional Civil (PNC) y, para calcular la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, se recurrió a la más reciente actualización de las estimaciones de población de la Digestyc (Dirección General de Estadística y Censos), fechada en septiembre de 2014. Sobre estas cifras se han delimitado las microrregiones en las que más aumentaron los asesinatos entre 2011 y 2014, antes y después de la Tregua, que no tienen por qué coincidir al milímetro con las más violentas, porque para ordenarlas una variable importante fue la situación en la que esas zonas se encontraban hace tres años. Es decir, el mapa refleja en azul y rojo en qué lugares la tasa de homicidios se alteró más, para bien o para mal.
Tres ideas destacan en un primer nivel de lectura: una, que el área metropolitana de San Salvador dejó de ser la zona más problemática en cuanto a asesinatos; dos, que la incidencia de los homicidios es notablemente inferior en los municipios cercanos a las líneas fronterarizas; y tres, que la franja central del país (Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Usulután) ha pasado a ser indiscutiblemente la más violenta de El Salvador.
Estas son las conclusiones de la primera lectura, pero, como reza el dicho, la esencia está en los detalles.
Comarcas a las que la Tregua les sentó mal
Hay zonas de El Salvador en las que los asesinatos se dispararon más del 200 % entre 2011 y 2014. El ránking de las comarcas (comarca: división de territorio que comprende varias poblaciones, según el diccionario de la Real Academia Española, y nombre que se usará en este artículo para denominar a los municipios unidos por tener un comportamiento similar) más problemáticas lo encabeza un conjunto de pueblos situados sobre el límite entre los departamentos de Usulután y San Miguel, con Santiago de María, Jucuapa, Chinameca, Santa Elena y Concepción Batres como estandartes. Por todo son 14 municipios que acogen a más de 190,000 salvadoreños, y en los que los asesinatos se incrementaron de 59 a 194.
Otras “zonas rojas” que se crearon en los 34 meses que duró la Tregua son la ribera oriental del lago de Suchitlán, tanto los municipios chalatecos como los de Cuscatlán; los pueblos y cantones sobre la carretera al puerto de La Libertad (Zaragoza, San José Villanueva, Huizúcar...); la zona en la que confluyen los departamentos de San Salvador, La Libertad y Chatelanango (El Paisnal, San Pablo Tacachico, Tejutla...); el eje Izalco-Nahuizalco, con Caluco y San Julián como escuderos; y los municipios ubicados en la bahía de Jiquilisco.
Una mención más minuciosa merecen otras dos zonas, por su mayor peso poblacional. La primera es el área en torno a Cojutepeque-El Carmen-Santa Cruz Michapa-Monte San Juan-San Pedro Perulapán, con ramales de violencia desmedida que llegan al poniente hasta San Martín, al oriente hasta Ilobasco, y al sur hasta los pequeños municipios de la zona norte del departamento de La Paz. Es una populosa comarca –más de 350,000 habitantes en 16 municipios– en la que los salvadoreños asesinados en un año pasaron, antes y después de la Tregua, de 177 a 446. La tasa actual es de 127 homicidios por cada 100,000 habitantes, casi el doble que la de Honduras.
La otra zona sorprendente es Zacatecoluca y alrededores, con los Nonualcos (Santiago y San Juan), San Rafael Obrajuelo y Tecoluca, este último del departamento de San Vicente. Es una comarca de 170,000 habitantes en la que los homicidios brincaron de 110 a 210. La Sala Negra publicó en noviembre una crónica titulada ‘La rebelión por la que sangra Zacatecoluca’, que aborda el porqué de la explosión de violencia.
Por último, la Tregua también le sentó mal a San Salvador y Mejicanos. Las alzas no son tan contundentes como en las comarcas referidas, pero significativas porque escapan a la tendencia dominante en el área metropolitana de la capital, donde la cifra de homicidios bajó entre 2011 y 2014.
Comarcas a las que la Tregua les sentó bien
Por la hostilidad generalizada que hay en la sociedad hacia la Tregua como proceso, quizá resulte más sorprendente el hallazgo de que hay amplias comarcas del territorio nacional en las que durante 2014 las cifras de asesinatos se mantuvieron similares a las de 2012 y 2013, cuando todo el país tuvo un abrupto descenso como consecuencia directa de la Tregua.
Casi todas son zonas en las que, a escala local, con participación de alcaldías, oenegés e iglesias, la Tregua se interpretó como una oportunidad, y se aprovechó esa coyuntura para implementar planes de inserción que las cifras parecen indicar que han tenido algún nivel de efectividad.
El sorprendente primer lugar entre los ‘beneficiarios’ de la Tregua es para el área metropolitana de Sonsonate, incluida la ciudad de Acajutla. Son cinco municipios que engloban a más de 200,000 salvadoreños, en los que se pasó de 285 asesinatos en 2011 a 70 en 2014, un insólito descenso del 75 %, de 142 a 37 homicidios por cada 100,000 habitantes. Un caso digno de estudio más pormenorizado, pero todo indica que algo se hizo bien durante la Tregua; no cuesta relacionarlo con las inversiones y las dinámicas que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puso en marcha en los años previos.
El caso específico de Acajutla fue abordado también por la Sala Negra, donde el pasado diciembre se publicó otra extensa crónica, titulada ‘El supuesto milagro de Acajutla’.
Otros lugares que sorprenden positivamente por su relativa calma en 2014 son la cabecera departamental de San Vicente; la zona central del departamento de La Libertad, con San Juan Opico y Ciudad Arce como principales responsables del descenso en los asesinatos; los municipios cercanos a la frontera de El Amatillo, con Santa Rosa de Lima como epicentro; el tándem Santa Tecla-Antiguo Cuscatlán, que con 16 homicidios por cada 100,000 habitantes presenta ya cifras más propias de Costa Rica que de El Salvador; y el sector de Panchimalco-Olocuilta-San Juan Talpa-Puerto de La Libertad.
Por su peso poblacional y su simbolismo, merece destacarse que también se cayeron a menos de la mitad los homicidios en las dos principales ciudades del interior: San Miguel y Santa Ana. Esta última extendió su aura de relativa calma a municipios aledaños como Texistepeque, Nueva Concepción y San Sebastián Salitrillo.
Por último, la Tregua parece haber sentado bien al área metropolitana de San Salvador, con las excepciones ya señaladas de San Salvador y Mejicanos. Los asesinatos bajaron de 174 a 138 en Soyapango; de 81 a 45 en Tonacatepeque, que incluye al Distrito Italia y varias etapas de la residencial Altavista; de 104 a 84 en Ciudad Delgado; de 50 a 27 en San Marcos; de 45 a 10 en Ayutuxtepeque; de 65 a 37 en Cuscatancingo... generosos descensos en el número de salvadoreños asesinados.
Siempre dentro del área metropolitana está Ilopango. Su alcalde, Salvador Ruano, fue cuestionado con dureza desde los sectores anti-Tregua por apostar al diálogo con los pandilleros y apoyarles con proyectos productivos de inserción, pero las cifras lo respaldan. Tomó las riendas de un municipio en el que rara vez se bajaba de los 100 asesinatos anuales, y durante tres años consecutivos el número se ha estabilizado en torno a 50, con una tasa en 2014 de 39 homicidios por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional.
¿Y los Municipios Santuario?
A mediados de 2012, los asesinatos en El Salvador se habían estabilizado en torno a cinco diarios, algo desconocido desde los Acuerdos de Paz. En ese contexto, los mediadores Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres concibieron –con la venia presidencial– la segunda fase de lo que sus promotores comenzaron a llamar ya proceso de pacificación: la piedra angular era la creación de “zonas especiales de paz”, que en principio fueron bautizadas como Municipios Santuario.
En un comunicado hecho público el 22 de noviembre, firmado por los dos mediadores, se recogía un decálogo de condiciones para que una ciudad pudiera considerarse Municipio Santuario. Sobresalían la no agresión entre pandillas, el compromiso de parte de los pandilleros de erradicar poco a poco todo tipo de delitos, el compromiso policial de evitar redadas nocturnas indiscriminadas y de no perseguir al pandillero por su condición, y el involucramiento de las alcaldías y otros actores locales para generar opciones de empleo para la inserción social.
La iniciativa fue recibida con hostilidad de parte de los opositores a la Tregua, incluidos los principales medios de comunicación, al punto de tener que sustituir el nombre ‘Municipios santuario’ por la campaña visceral que se montó en contra: se optó por ‘Municipios libres de violencia’.
En enero de 2013 se presentaron los primeros cuatro: Ilopango, Quezaltepeque, Sonsonate y Santa Tecla. Con el paso de las semanas la cifra subió a 11: Apopa, San Vicente, La Libertad, Zacatecoluca, Ciudad Delgado, Nueva Concepción y Puerto El Triunfo. Cinco eran gobernados por el FMLN; cinco por Arena, y uno por Cambio Democrático.
En todos ellos hubo actos públicos en los que los pandilleros se comprometieron a reducir la violencia. Después llegó el terremoto en el gabinete de seguridad de junio de 2013, y el tema de los Municipios libres de violencia prácticamente desapareció de la agenda mediática, aunque los mediadores siguieron trabajándolo con el apoyo financiero de la cooperación internacional.
¿Qué comportamiento tuvieron los homicidios con los Municipios libres de violencia? De los 11, tan solo en Puerto El Triunfo y en Zacatecoluca hubo más en 2014 que en 2011. “En Zacate se dispararon por la ruptura interna de los Revolucionarios y por los grupos policiales de exterminio”, trata de justificar Mijango.
En Quezaltepeque y Apopa los asesinatos disminuyeron, pero la reducción fue modesta. Estos dos municipios, sin embargo, si bien se sumaron a la iniciativa, sus alcaldes no dieron seguimiento a los compromisos adquiridos, y en la práctica se desvincularon.
En las otras siete ciudades es como si en lugar de haber pasado tres años, hubieran pasado tres décadas. En la cabecera departamental de Sonsonate se bajó de 126 asesinatos en 2011 a 33 en 2014; en Santa Tecla, de 53 a 21; en San Vicente, de 64 a 20; en Nueva Concepción, de 27 a 12; en Ciudad Delgado, de 104 a 84; en La Libertad, conocido como el puerto de La Libertad, de 54 a 11; y en Ilopango, como ya se señaló, de 117 a 50. En estos municipios pareciera que la Tregua se mantuvo vigorosa también en 2014, ya que escaparon al alza generalizada registrada en El Salvador.
¿Qué ocurrió en las elecciones municipales del 1º de marzo con esos alcaldes que se atrevieron a apostar por el diálogo? En los acalorados debates en redes sociales mayoritariamente se denigra todo lo relacionado con la Tregua. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) hecha pública en diciembre, ocho de cada diez salvadoreños están en contra de que se dialogue con las pandillas con el objetivo de reducir la violencia. La cita electoral se presentaba pues como un buen termómetro para medir si los vecinos de los ‘Municipios libres de violencia’ –aquellos ciudadanos que más de cerca conviven con las consecuencias del fenómeno de las maras y mejor pueden valorar si ha habido mejoras o no–, respaldaban a los ediles que apostaron al diálogo directo con los pandilleros para resolver los problemas de violencia y de convivencia social.
Pues bien, si se excluyen a Apopa y Quezaltepeque porque se apartaron del proceso apenas inició, y a Santa Tecla porque el edil que impulsó la iniciativa no aspiraba a la reelección, hay tres alcaldes reprobados por sus vecinos: los de Puerto El Triunfo, La Libertad y Nueva Concepción. Pero en cinco ciudades (Ilopango, Sonsonate, Ciudad Delgado, Zacatecoluca y San Vicente), los ciudadanos refrendaron en su cargo a los funcionarios que impulsaron procesos de pacificación sin excluir a los pandilleros.
