Parte I: Los informes y los informantes

El viejo motor del pick up parece quejarse de la carga de más de una docena de costales blancos apiñados en la estrecha cama del vehículo. Harina Maseca, dice la viñeta de cada saco. Es el primero de dos vehículos que cruzan por un angosto puente de cemento, a través de la línea divisoria entre Honduras y El Salvador, en una frontera donde no hay retenes ni preguntas.

—¿Y no van a revisar? ¡Revisen! —reclama a dos soldados un visitante en esa zona, un policía vestido de civil que sorprende a los únicos vigías del tránsito en ese punto.

Los soldados defienden su indiferencia:

—Son muchos carros y gentes. No podemos revisar uno por uno —dice uno de los militares, en voz baja, como aceptando el regaño.

Ese punto se llama San Fernando, un municipio mínimo y pobre de Chalatenango que por núcleo urbano tiene un puñado de casas, una iglesia, un comedor, una escuelita y ningún puesto policial. El papel de policías y agentes aduaneros lo hacen dos hombres bajitos vestidos de verde olivo y cachucha. Cada uno carga un fusil M-16 y una sonrisa con la que reciben a los visitantes. Saludan el paso de cada carro a la entrada del pueblo. Sin preguntas ni trámites.

—No hay ni un policía, y de noche es más fácil transitar —dice el agente policial que sorprendió a los militares del Comando Sumpul, fuerza del ejército que tiene la misión de cuidar los puntos ciegos en las froteras salvadoreñas.

Los soldados regañados están acostumbrados a ver pasar libremente camiones, pick ups y todo tipo de vehículos.

 

San Fernando es una puerta abierta de par en par, por donde igual que sale libremente gente y mercadería hacia Honduras, entra libremente gente y mercadería desde Honduras. En la frontera de San Fernando rara vez revisan si productos como los sacos de Maseca contienen en realidad lo que su etiqueta anuncia. Ahí circulan camiones cargados con mercadería, niños hondureños que llegan a San Fernando a estudiar, armas de fuego, sacos con harina y otros sacos que también contienen un polvo blanco, aunque se trata de una sustancia muy distinta: cocaína. San Fernando es el inicio de la ruta salvadoreña por la que transita parte de la cocaína proveniente de Suramérica en camino hacia Estados Unidos.

Es ahí donde, según tres distintos informes de inteligencia que sirvieron de base a esta investigación, empiezan los territorios de “Chepe Diablo”, el señor de la droga de occidente, jefe de uno de los cárteles más grandes del país y uno de los más acaudalados de los narcos en el norte del departamento de Santa Ana. “Chepe Diablo”, según la Inteligencia Policial y varios funcionarios del gabinete de seguridad, es uno de los tres fundadores del Cártel de Texis y se llama José Adán Salazar Umaña.

Salazar Umaña es un campechano salvadoreño de 62 años conocido en cuatro mundillos sociales: los empresarios del sector turismo lo conocen como hotelero; las personas del sector futbolístico lo conocen como el mecenas del equipo de fútbol de primera división Metapán y como presidente de la primera división del fútbol salvadoreño; en el sector ganadero se le conoce como un prominente ganadero, y en el sector de seguridad pública e informes secretos del Estado se le describe como “empresario, ganadero y narcotraficante”.

La Policía, el ejército y la Fiscalía saben de Chepe Diablo. Los informes de inteligencia obtenidos en esta investigación dicen con claridad que es uno de los jefes del cártel que controla esa ruta que inicia en San Fernando. El camino corre hacia el sur hasta Dulce Nombre de María, donde vira hacia el occidente, pasa por Nueva Concepción y llega al municipio de Metapán, en la esquina superior izquierda del mapa salvadoreño, y que es fronterizo con Guatemala. Este recorrido que hace la droga es un camino que en estos días está cerca de lograr un ascenso con la apertura de una autopista, la carretera Longitudinal del Norte. Los policías que investigan a Salazar y a su grupo llaman a la zona de operación del cártel La Ruta Norteña de la Cocaína o El Caminito.

El informe con el que inició la investigación tiene fecha del 22 de marzo de 2000, y El Faro lo obtuvo en diciembre del año pasado. Contiene datos obtenidos por investigadores policiales y está titulado “Caso Metapán”, número 003/00. En el transcurso del reporteo se sumaron otros documentos realizados entre 2008 y el presente año. Las pesquisas abarcan ya tres períodos presidenciales: las de Francisco Flores y Antonio Saca, de Arena, y la de Mauricio Funes, del FMLN. Las investigaciones policiales han sido realizadas bajo la dirección de cinco directores de la PNC: Mauricio Sandoval, Ricardo Menesses, Rodrigo Ávila, Francisco Rovira, José Luis Tobar Prieto y Carlos Ascencio.

La droga que pasa por San Fernando proviene en su mayoría de las costas del Atlántico hondureño y llega a Honduras por dos lugares principales. Por mar, las lanchas rápidas provenientes de Colombia atraviesan el abandonado Caribe nicaragüense haciendo breves escalas hasta trepar hacia el departamento hondureño y fronterizo de Gracias a Dios. Por aire, las avionetas descienden en el selvático departamento hondureño de Olancho o en la frontera entre ambos países marcada por el río Coco. La droga se abre rutas cortando la zona central hondureña hasta llegar al departamento de Ocotepeque, frontera con El Salvador, frontera con Chalatenango, frontera con San Fernando.

San Fernando es el punto de relevo donde los hondureños entregan la estafeta a los salvadoreños, en una carrera que dirigen los colombianos y mexicanos. Una autopista que mueve millones de dólares en ganancias para sus controladores disfrazados de empresarios, ganaderos, alcaldes, policías, pandilleros, coyotes y diputados. Cada uno juega un papel: los policías comprados por el narco custodian y transportan la droga, quitan retenes, avisan de operativos; los alcaldes dan permisos de construcción, formalizan los negocios, son informantes privilegiados y, en un caso, hasta líder del grupo; los pandilleros matan y trafican en mercados locales; los diputados dan acceso a las altas esferas del poder; y algunos jueces y fiscales se encargan de que cualquier intento de judicialización quede bloqueado por el peso de la burocracia más detallista.

¿Y cuánto dinero maneja Chepe Diablo? En los últimos cinco años ha declarado ingresos que suman más de 30 millones de dólares. Solo en el año insigne de la crisis financiera internacional, el 2008, José Adán Salazar Umaña reportó al fisco más de 9 millones de dólares en ingresos por actividades comerciales.

La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito calcula que por Centroamérica cruzan anualmente entre 500 y 600 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, al menos desde 2006. La administración antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Policía Nacional Civil han asegurado en medios internacionales y directamente a este periódico que por El Caminito circula un gran porcentaje de la cocaína que pasa por El Salvador, que es la ruta de moda, la principal vía de abastecimiento para los cárteles de Guatemala.

Los narcos del Cártel de Texis trabajan como agentes libres en el mercado internacional de la cocaína: surten al Cártel del Golfo como pueden surtir al Cártel de Sinaloa o como pueden servir a Los Zetas... Quien paga obtiene sus servicios y tiene vía libre por El Caminito, que termina en la frontera salvadoreña de Santa Ana con el departamento guatemalteco de Jutiapa, conocido bastión de narcotraficantes de ese país.

Durante cuatro meses de investigación, El Faro recorrió El Caminito y habló con policías, militares, alcaldes, ministros, comisionados policiales, fuentes de inteligencia e investigadores que han trabajado para la DEA. Estos son los resultados y las pruebas. Estas son las voces que muchas veces pidieron anonimato y todas conocen del Cártel de Texis y saben de Chepe Diablo y sus socios.

—El camino que empezamos reparte dinero. ¿Vieron a esos dos soldados? —nos pregunta El Detective, una de las fuentes claves que nos guiaron.

El Detective es un investigador policial que ha participado en operativos antidrogas en colaboración con agencias como la DEA, de la que es uno de sus principales proveedores de información. Le respondemos que sí vimos a esos dos soldados.

—Ellos se conforman con nada: un plato de comida, 10 dólares…

—Estamos sorprendidos, por aquí podría pasar lo que sea y a cualquier hora.

—Es un chorro abierto. ¿Vio esos costales de harina? Cocaína pudo ser y nadie preguntó nada.

La primera pista del Cártel de Texis nos llegó en diciembre de 2010. Un hombre de confianza del ex presidente Antonio Saca se nos acercó para darnos información de lo que llamó “un caso grueso” que nunca ha sido resuelto por las autoridades.

—Esto no es nuevo, es un archivo que tienen la DEA, la PNC, la misma Fiscalía. Pregunten por su cuenta y van a ver que no estoy mintiendo –dijo.

—¿Y Saca supo de esto? —preguntamos.

—Ja, ja, ja, todo el mundo sabe de esto, son la competencia de Los Perrones.

Los Perrones son esa banda a la que la Policía comenzó a investigar en 2003 y que terminó desbaratando en 2008. Cuando las autoridades empezaron a seguirle la pista a los narcos del oriente del país, ya tenían al menos dos años de estar siguiendo la pista del Cártel de Texis.

La teoría que este contacto nos expuso aquel 15 de diciembre en una cafetería era que el crecimiento del Cártel de Texis y su profesionalización durante los últimos 10 años era tal que judicializarlo es un reto casi imposible para esta Policía, que no encuentra en la Fiscalía un aliado firme.

—Hasta que afecte muchos intereses de los gringos, hasta entonces va a haber movimientos –predijo.

Ese Primer Informe tenía 60 páginas con mapas de pistas de aterrizaje clandestinas, las fichas con datos generales de los principales miembros del cártel y los croquis con la ubicación de los negocios de las personas investigadas.

Ese Primer Informe incluía la mención de los principales socios de Chepe Diablo: Juan Umaña Samayoa, alcalde del municipio de Metapán, político prominente del derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN); y Roberto Antonio Herrera, alias El Burro, ex presidente de la Feria Ganadera de Santa Ana, a quien el FBI y la DEA tienen en la mira desde hace al menos cinco años.

A principios de febrero de 2011, cuando la desconfianza en un informe que ni siquiera mostraba autoría alguna empezó a transformarse en certezas y pistas concretas, un prominente funcionario de la Policía nos confirmó que José Adán Salazar Umaña, Roberto Antonio Herrera y el alcalde de Metapán dirigen actividades delictivas. Dijo que según la Policía ese informe era cierto, y que hasta se quedaba corto en cuanto a la amplitud de la red. Lo dijo un comisionado policial a quien llamaremos así, El Comisionado.

Pasaron las semanas y un día El Comisionado se presentó con un folio bajo el brazo. Nos entregó el Segundo Informe, uno elaborado por la inteligencia policial, uno con autoría que confirmaba lo escrito en el Primer Informe y entraba en mayores detalles sobre los miembros de la red y las maneras de operar.

Pasaron los días y siguieron las conversaciones hasta un día cuando El Comisionado llegó acompañado de un hombre vestido de particular. Ese día, El Comisionado nos presentó a El Detective.

—Él sabe del tema que ustedes quieren investigar, es confiable y anda en el terreno —nos dijo, para presentarnos.

El Detective, desde esa primera reunión, empezó a comentar con detalle la función de cada miembro de este cártel oculto, nos dimensionó su tamaño y le puso una voz a los informes.

—Miren, todos estos narcos tienen un administrador general, hay más gente arriba. En occidente están estos. Ahora, cada uno tiene una red de personas. Detrás de cada cabeza hay una red de familiares, gente de confianza. Solo Chepe Diablo tiene más de 50 personas, y cada persona tiene a otras personas, él ya no se mancha las manos.

Aunque la Policía, como institución, se rehusaba a colaborar con nuestra investigación, nuestros informantes decidieron dar luz verde a abrirse ante nuestras preguntas y solicitudes de información, pero pronto se hizo necesario encontrar otras fuentes. No podíamos correr el riesgo de que el Primer Informe fuera también policial y tuviéramos un caso basado solo en información de una fuente. Sin embargo, hablar era muy difícil para los funcionarios a los que nos dirigimos. El de José Adán Salazar Umaña es un nombre del que oíamos hablar a todas las fuentes, pero que sigue libre a pesar de años de investigación. Es un narco muy bien protegido, decían. ¿Qué gano yo con hablar?, parecían preguntarse, porque la actitud de muchos que callaron era la de alguien que tiene aquello en la punta de la lengua, pero cierra la boca y se guarda el verbo.

Un buen día, otra de nuestras fuentes claves, a quien llamaremos El Funcionario, decidió escucharnos y colaboró a lo largo de toda la investigación. Es uno de los altos mandos en cuestiones de seguridad en este gobierno, un hombre de confianza del presidente Mauricio Funes.

La primera reunión funcionó como se había pactado: solo nosotros y él, nada de grabadoras. Mencionamos a José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, y El Funcionario asentía; mencionamos a Juan Samayoa, alcalde de Metapán, y a Roberto “El Burro” Herrera, como principales socios, y volvía a asentir; el Cártel de Texis, el Cártel de Chepe Diablo, el Cártel de El Caminito, la Ruta Norteña, y El Funcionario asentía. Asentía, asentía, asentía…

­—Me suena —dijo, finalmente, con naturalidad, sin exaltaciones—, todo esto me suena. Déjenme averiguar un poco más. Veámonos la otra semana.

Durante esa semana hicimos un intento con un jefe policial que, tras escuchar nuestra exposición, decidió guardarse el verbo. La semana pasó y llegamos ante El Funcionario, quien tenía en sus manos unas hojas de papel engrapadas.

—Entonces, ¿obtuvo algo de información?

—Sí, está aquí —contestó, dando un golpecito con el dedo índice al legajo, y luego volvió a callar.

—¿Y qué dice ahí?

Continuó en silencio unos segundos más. Puso los folios sobre la mesa, colocó su celular sobre las páginas y nos miró.

—¿Ustedes saben en lo que se están metiendo? —preguntó, con gesto serio—. Aquí tengo una información, pero quiero saber si saben en lo que se están metiendo, porque esta gente manda matar… así funcionan. Si te metés con ellos, ellos se meten contigo. No es ninguna broma.

Le contestamos que sí. Le contamos que esa frase, con otras palabras, la veníamos escuchando desde hacía semanas. Levantó el celular, abrió las páginas y nos leyó generalidades.

—Operan en la conocida como la Ruta Norteña… tienen conexiones internacionales con Guatemala, Honduras y México… la Policía de Metapán los protege… su forma de protección también es a través del sicariato…

Aclaró que no podía entregarnos el documento. Insistimos tanto que al final logramos un pacto. El Funcionario prepararía un informe basado en las preguntas que le hiciéramos llegar.

—Máximo nueve preguntas —nos advirtió. Nosotros le hicimos llegar 13, esperanzados en que se animara a responderlas todas.

Semanas después, El Funcionario nos entregó sus respuestas. Fue la primera vez que hablamos del Informe Secreto, que es como membretó el documento.

Durante aquellos días empezamos a ver más a El Detective. Logramos al menos cinco reuniones con él. El Detective no ve hechos aislados, sino tramas complejas que normalmente terminan con el nombre y apellido de un político o empresario del país.

—Haciéndola de abogados del diablo, ¿de dónde sacan este tipo de información? —le preguntamos durante una de nuestras últimas reuniones.

—Les cuento algo: hasta el año pasado teníamos a un informante que le conducía el carro a uno de los más importantes delincuentes de este país, uno de los cerebros de lavado de dinero… no les puedo decir más.

La Policía tiene detectives que poco pasan encerrados en oficinas. Es una red de más de 400 informantes repartidos en todo el país que mira, oye y sigue a personas fichadas por la PNC o por la DEA, pues a menudo ambas instituciones trabajan de la mano.

Así nacen los informes que llegaron a nuestras manos. El Primero y el Segundo Informe coincidieron en una cosa: en quiénes son los principales y más activos miembros del Cártel de Texis. Chepe Diablo, el Alcalde de Metapán y El Burro se repiten. Los informes tienen fotos de ellos juntos, en fiestas, en jaripeos… También revelan que mantienen una relación cercana, que se comunican y coordinan operaciones.

¿Qué tipo de operaciones coordinan los líderes del cártel? Los informes ejemplifican con hechos. La noche del sábado 8 de mayo de 2010, por ejemplo, José Adán Salazar Umaña mantuvo una reunión en uno de sus seis hoteles. La cita fue en el hotel Tolteka, ubicado en la entrada al departamento de Santa Ana. Llegó en un carro todoterreno. En la cita estuvieron Roberto Herrera, El Burro; un abogado al que la Policía y el cártel conocen como El Sapo, y otro miembro del cártel al que apodan El Men, quien había llegado en representación de un especialista en lavado de dinero y a quien vigilan y persiguen la Policía y la DEA.

El Detective comentó que en la reunión, Chepe Diablo recomendó a los principales miembros de la organización evitar la portación de armas de fuego. Argumentó que no era conveniente, que lo mejor era comprar protección de la PNC y del ejército. Para hacer efectiva la recomendación propuso con urgencia la creación de un fondo especial para el pago de sobornos a jefes policiales y oficiales militares.

Los espías habían realizado bien su trabajo. El Burro, por ejemplo, es un hombre al que la Policía le tiene un récord de siete antecedentes penales en El Salvador, entre lesiones menos graves, estafa y portación, tenencia y conducción de armas de guerra. Este salvadoreño también tiene nacionalidad estadounidense. En ese país, en California y Texas, fue detenido siete veces por portación de armas, intento de robo, posesión de vehículo robado, asalto agravado con arma, por lo que fue condenado a cinco años de libertad condicional y pago de una multa de 500 dólares.

El martes 18 de enero de este año a las 6:42 de la tarde, un fax etiquetado como “URGENTE” llegó a las oficinas de Interpol en San Salvador. El mensaje explicaba que dos agencias federales de los Estados Unidos buscaban a El Burro. Una de ellas, decía el texto, no pediría la extradición y la otra aún no confirmaba si lo haría. Por eso, la Interpol con sede en Washington solicitaba: “Favor de avisarnos si su país tiene la ubicación sobre el precitado con fines de detenerlo si la respuesta de la segunda agencia es afirmativa”.

Un mes después, agentes policiales salvadoreños lo persiguieron y lo retuvieron. Al día siguiente, La Prensa Gráfica reportó el hecho en su portada: “Capturan a presunto narco de occidente”. Sin embargo, la captura fue más una retención de horas. Hubo una confusión entre los agentes salvadoreños y la Interpol de Washington. Finalmente, ninguna de las dos agencias federales de Estados Unidos solicitó la extradición, por lo que no hubo argumentos para mantener detenido a El Burro.

Sus seguidores policiales en El Salvador concluyeron en 2010 un informe exclusivo sobre El Burro, que asegura que en El Salvador tiene contactos al más alto nivel. Para muestra, anécdotas: entre enero y febrero de 2010, los investigadores reportaron haberlo visto en una reunión en su hacienda El Rosario, de Santa Ana. Lo acompañaba el comisionado policial Fritz Gerard Dennery Martínez, jefe de la División Antinarcóticos del país. Ahí se reunieron con personas de Guatemala y México. A tres de estas personas, luego se les comprobó su pertenencia al cártel mexicano de Los Zetas. Un informe anexo que fue realizado para la administración actual del Ministerio de Seguridad y Justicia consigna con más contundencia cómo participa este alto funcionario.

“Está involucrado con la estructura de narcotraficantes que opera en occidente… Es señalado por varios testigos de recibir grandes sumas de dinero en efectivo y vehículos. También le proporciona información y despeja rutas de tráfico del occidente salvadoreño a la estructura. Ha participado en varias reuniones con El Burro y otros narcos del occidente en la Hacienda El Rosario, ubicada en la calle de Texis a Metapán”, dice el documento.

De todos los policías vinculados por los documentos al Cártel de Texis, este fue el único que puso a dudar a dos altos jefes policiales consultados. A pesar de que dijeron no tener conocimiento de sus reuniones en El Rosario, ambos justificaron a Martínez, asegurando que es uno de los hombres clave en la lucha contra el narcotráfico en el occidente del país.

El Primer Informe explica que El Burro y sus aliados operan redes numerosas. Por ejemplo, menciona que José Adán Salazar Umaña tiene al menos 41 personas y 19 vehículos en su red de distribución de cocaína tanto a nivel nacional como internacional. También explica que esa red opera en cinco zonas del país: Metapán, Ciudad Merliot, Centro Penal de Apanteos, Centro Penal La Esperanza (Mariona) y Apopa. Dicho informe tiene el número de placas de cada vehículo, el número de identificación tributaria (NIT) y el nombre de cada una de las personas de la red. A nivel internacional, los dos informes coinciden, al igual que El Detective y El Comisionado, en que el Cártel de Texis encaja como organización libre en el tráfico latinoamericano de cocaína. No son lugartenientes de los poderosos mexicanos ni de los colombianos que resurgen luego de sus años de crisis. Son empleados de quien pague. Pasan la mercancía de quien tenga el dinero.

La ruta que inicia en San Fernando es el eslabón más importante que El Salvador aporta a todo el tránsito latinoamericano de la cocaína que viaja hacia Estados Unidos.

Los informes van desde lo grueso hasta lo particular. Por ejemplo, un anexo del Segundo Informe incluye el tipo de funciones que realiza El Burro dentro de la organización. Dice el anexo: “El 12 de junio de 2009, El Burro coordinó el envío de 40 miembros de la pandilla MS a recibir adiestramiento de tipo militar de parte del “Grupo Los Z” en la zona conocida como La Laguna del Tigre, jurisdicción del departamento del Petén, Guatemala; de estos 40 pandilleros, 12 eran de nacionalidad salvadoreña; el resto, hondureños y guatemaltecos”.

La información sobre la supuesta relación de pandilleros y Zetas en aquella laguna guatemalteca apareció publicada en medios nacionales, e incluso en algunos extranjeros como la BBC.

El 14 de julio de 2010, espías policiales siguieron a El Burro hasta el restaurante Lover’s Steak House, de Santa Ana, y lo que ahí escucharon lo escribieron en el informe de 45 páginas que está dedicado a este personaje y sus conexiones. Ahí se reunió con tres comensales: el comisionado policial Víctor Manuel Rodríguez Peraza, jefe de la Delegación de Santa Ana; la subinspectora Nataly Pérez Rodríguez y la ex gobernadora departamental Patricia Costa de Rodríguez. Ella fue diputada suplente por el partido de derechas Arena pero terminó el período 2006-2009 en el de izquierdas FMLN. En marzo de este año abandonó el cargo de gobernadora para ser candidata a alcaldesa de Santa Ana por Arena. En la reunión, El Burro habló de los problemas que el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, jefe regional de occidente, estaba poniendo al no querer colaborar con la estructura de tráfico de cocaína y ganado. Dos altos mandos policiales que no participaron en la elaboración de este documento aseguraron que conocen de la colaboración de la ex gobernadora con la estructura. El documento cita que la ex funcionaria se ofreció para negociar el traslado de Arriaza Chicas.

—Se está poniendo pendejo, hay que buscar la forma de apartarlo –sentenció El Burro.

También menciona el documento que en otra reunión fechada el 25 de julio de 2010, pocos días después de la anterior, esta vez en el restaurante El Ganadero, en la Feria Ganadera de Santa Ana, El Burro entregó al comisionado Peraza y a la subinspectora Pérez Rodríguez “un rollo de billetes”.

Los informes, confirmados por las voces policiales que nos guiaron, ubican a El Burro como un hombre de contactos al más alto nivel dentro de la Policía. Y no solo se refieren a contactos recientes, como el Comisionado antes mencionado, que había sido nombrado en el cargo apenas cinco meses antes de que, como se consigna, El Burro le entregara el rollo de billetes.

“Cuando José Luis Tobar Prieto fue director de la Policía, El Burro lo utilizaba como enlace de algunas actividades”, dice el informe anexo que detalla las conexiones del Burro. Tobar Prieto fue director de la PNC hasta mediados de 2009.

En el otro informe policial anexo, el que fue realizado para las jefaturas del Ministerio de Seguridad y Justicia, Tobar Prieto vuelve a aparecer como alguien que se vinculó con estructuras del narcotráfico y en actividades de lavado de dinero mientras fue director de la institución.

El Primero y el Segundo Informe crecieron cuando nuestras fuentes agregaron más comunicaciones oficiales de la Policía a esos archivos. Ambos son ricos en especificaciones, pero dejaban ciertos vacíos que solo las respuestas a las 13 preguntas que hicimos a El Funcionario podían respondernos en aquel momento.

Desde la última cita con El Funcionario habían pasado dos semanas. Él había prometido pensar, decidir si contestaría a nuestras preguntas, y fuimos a escuchar su decisión. Esperamos media hora hasta que alguien nos avisó que El Funcionario estaba ocupado en una reunión, pero que quería decirnos algo, que entráramos a su despacho. No nos dejó pronunciar ni una palabra. Estaba realmente apurado.

—Miren, yo ya les advertí, ustedes sabrán en qué se meten. No les puedo dar el documento, pero tienen media hora para sacar de él toda la información que puedan –dijo, y acto seguido lanzó sobre una mesa el documento membretado en cada una de sus páginas con la inscripción “Secreto”. Por primera vez tuvimos para nosotros un informe no policial, el Informe Secreto, proveniente de una de las instituciones del gabinete de Seguridad, que contestaba con datos de inteligencia a 13 preguntas que realizamos, y que van desde quiénes son los hombres de confianza de Chepe Diablo hasta qué funcionarios lo respaldan y cuál es su sistema de almacenaje y transporte de la cocaína.

Al salir del despacho de El Funcionario tuvimos, por primera vez, los tres informes que son la base de esta investigación. Los analizamos, los comparamos y obtuvimos rutas respaldadas por mapas, coincidencia de nombres de policías, diputados y alcaldes, vínculos con asesinatos y pandilleros. Luego corroboramos toda la información al recorrer dos veces El Caminito y otras zonas del país, lo que nos permitió conversar con militares de terreno, ex policías frustrados por las dinámicas fronterizas de la corporación e inspectores de Hacienda. Asimismo, estudiamos registros mercantiles, declaraciones de renta incluidas en los informes y órdenes de captura internacionales.

Los señalados como cabecillas del cártel son empresarios metidos en el mercado de los granos, en la ganadería, dirigentes del fútbol, dueños de hoteles… Este último negocio, el de los hoteles, hizo brillar a Chepe Diablo. Fue por ese lado que un fiscal empezó a notar su bonanza financiera y a sospechar. Este ex fiscal de la Unidad de Delitos Financieros supo de José Adán Salazar desde 2003.

—Es un señor que parece un contador, su oficina estaba en el sótano del hotel Capital, en San Salvador. Sus hoteles nunca han estado llenos, y esa es una forma muy conocida de lavar dinero, dedicarse a servicios que nadie puede comprobar —nos dijo el ex fiscal.

—¿Pero formalmente no estaba siendo investigado? –indagamos.

—Les explico: siempre ha sido sospechoso de lavar dinero, pero les mentiría si les digo que alguien trabajó como se debe este caso, pues para eso hay que tener luz verde. Procesarlo es otra cosa.

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