Comencé a escribir esta columna de opinión unos días antes de que el general David Munguía Payés fuera nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública. Antes de que prometiera renunciar si al cabo de un año no consigue reducir en un 30% los homicidios del país. La comencé deseando –como nunca antes– estar radicalmente equivocado, fallar en todo, no atinarle a nada.

Con el tiempo me he convertido en un pesimista y probablemente esta columna es la argumentación de por qué no veo en el horizonte un final feliz para este paisito bravo y triste. No creo que el fracaso en materia de seguridad pública dependa de ningún ministro. Por lo tanto, lo que aquí menciono sale, en TODOS los casos, del ámbito de poder del general Munguía Payés. Su nombramiento solo me permite ahora ponerle apellidos a la palabra “ministro”.

Debo advertir que mis razones se refieren solo a la parte aburrida de la seguridad, o sea, a la que no tiene que ver con pasearse con chumpa de cuero negro y lentes oscuros por Panchimalco, rodeado de guardaespaldas; o la que jura y perjura que nadie va a intimidar a un El Salvador cagado de miedo, de desesperanza.

Bueno… comienzo a enumerar mis razones.

1. No hay dinero. En realidad, esta razón bastaría. El resto, de alguna manera, son hermanas o primas hermanas de esta. Pero hagamos el ejercicio de darle vueltas a esta primera razón: somos el segundo país del continente que menos impuestos cobra después de Guatemala y estamos en el continente con mayor desigualdad del mundo (o sea del planeta Tierra, la tercera pelota después del sol). El informe de la ONU sobre violencia armada no solo decía que somos el país que tuvo mayor tasa de homicidios entre 2004 y 2009, razón por la que hasta el presidente de la República se metió en el zafarrancho para decidir en qué lugar del podio de lo más triste de la humanidad estábamos.

El informe también decía otras cosas: “(Existe) un sólido vínculo entre la desigualdad y los actos criminales violentos”. Y hasta yo sé que para distribuir la riqueza la principal herramienta del Estado son los impuestos. Por ejemplo, podrían servir para que el Estado deje de almacenar en mazmorras medievales a al menos 25 mil personas que se apiñan en cárceles construidas para 8 mil; o para tener no un mejor programa de protección de testigos, sino para tener uno; o para doblar la planta de fiscales o de policías investigadores que tenemos, a fin de que no se les crezcan hasta lo ridículo los expedientes; o para impulsar una potente y sensible presencia del Estado en los municipios más violentos del país, a través de nuevas delegaciones de policías, pero también de clínicas, escuelas, hospitales, pequeños centros de microcréditos o de búsqueda de salidas laborales que –se lo juro– también tiene relación con el tema de la violencia…

Con el nivel de precariedad de casi todo en El Salvador, no creo que baste un impuesto temporal –a menos que fuera temporalmente por 75 años– sino readecuar toda la estructura impositiva del país. De todas formas a los empresarios más prominentes, o sea, a los representantes de los más ricos personajes de este país no les gusta ni la idea de un impuesto temporal. Creen que el problema es que no hemos sabido ser “creativos” con los recursitos que tenemos y aseguran que a ellos nadie los ha convencido de pagar más. Conseguir más recursos no depende del ministro, sino de autoridades de más alto nivel capaces de imponerse y soportar la avalancha que eso implicará. Creo que esto NO OCURRIRÁ.

2. La estructura de fiscalización de los funcionarios públicos está hecha para que los delincuentes puedan filtrarse en casi todas las instituciones. Hay que decirlo claro: las instituciones contraloras del ejercicio público, dicho bonito, dan risa, y dicho feo, podrían ser consideradas cómplices de la corrupción de las instituciones, cuando no de su infiltración por el crimen organizado.

Solo algunos ejemplos de lo que digo: cuando la sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó irregularidades en varios funcionarios de la administración de Francisco Flores, le pidió al sistema bancario que le enviara los reportes de las cuentas de estos funcionarios. Lo único que los bancos enviaron fueron cartas pidiéndole al entoces presidente de Corte, Agustín García Calderón, que retirara a esa sección la facultad de pedir informes bancarios. García Calderón le retiró esa facultad. Dicho sea de paso, una de las presidentas de bancos que firmó una de esas cartas era la excanciller del gobierno de Flores, ya convertida en banquera, y que además aparecía en los reportes de irregularidades que Probidad quería revisar.

Otro: durante años y años y años y años… o sea 29 años, un partido político (PCN) tuvo el control de la Corte de Cuentas de la República, cuya presidencia negociaba –así, abiertamente– con los gobiernos de turno (de Arena), a cambio de sus votos en el parlamento. Durante todo ese tiempo, pese a que fue la institución más cerrada al escrutinio ciudadano, pese a que nunca consiguió detectar irregularidades en un funcionario de primer nivel -ya que evidentemente la máxima institución contralora era moneda de cambio-, en su presidencia se mantuvo el mismo partido político. Con el cambio de gobierno (del FMLN) apareció la buena oportunidad de despartidizar la institución, de hacerla más independiente… pero en lugar de eso se la repartieron en cuotas, entre el nuevo partido en el poder, el nuevo “aliado” (Gana) y el FMLN.

Otro: casi desde que terminó la guerra, cada vez que vienen elecciones, revive la pregunta a los partidos políticos: ¿nos pueden decir, por favor, quién les financia las campañas? Cada vez se las ingenian para respondernos los más creativos pero rotundos ¡no, claro que no! Y todos tan panchos.

Otro: hasta este año, las personas que ganaban más de 75 mil dólares al año tenían que presentar una declaración patrimonial, para que el Estado “pudiera”, o intentara, al menos, detectar anomalías en el enriquecimiento de estas personas. El año pasado los diputados de derecha de la Asamblea Legislativa (Arena, Gana, PCN y PDC) hicieron una ley para que esas personas ya no tuvieran que declarar nada. El presidente les dijo que no. Vetó. Un año después, los mismos partidos hicieron una ley para que esas personas tuvieran que declarar solo lo mínimo: sus casas y sus terrenos. Nada de dinero, joyas, autos de lujo, yates, aviones… El presidente les dijo que sí. Aprobó la ley.

¿Por qué no nos quieren decir los partidos de dónde vienen sus recursos, quiénes son sus financiadores? ¿Por qué quieren que el Estado pueda examinarles menos cosas a los más pudientes del país? ¿Por qué mantienen en los huesos a una de las instituciones que debería ser la más musculosa?... No hay manera de saber si un funcionario público trabaja para el público o para los criminales, o si un empresario se enriquece legalmente o no, si no es metiéndoles las mano en los bolsillos y contándoles el dinero. De lo contrario, puede que haya criminales haciendo leyes para proteger a su ralea (ya hay casos públicos de narcos en nuestro glorioso parlamento) o “respetables” empresarios lavando dinero.

Este país tendría que fortalecer al máximo sus instituciones fiscalizadoras, despartidizarlas, hacerlas independientes y fuertes. Instituciones con capacidad de tener presencia en todo el país (ver punto número 1). Debería llevar a los máximos niveles la fiscalización de los partidos, obligarlos a demostrarnos de dónde viene cada uno de los centavos que les ingresan. Y a sus donantes, obligarlos a pasar por un escrutino riguroso y despiadado; hacer que el secreto bancario de los funcionarios públicos y de sus financiadores ande en bikini, obligarlos a justificar y transparentar cada centavo, de manera que la función pública ya no sea un lugar cómodo para narcos, evasores, contrabandistas y ladrones. Creo que esto NO VA A OCURRIR.

3. Es más que urgente una depuración furiosa de la PNC, de la Fiscalía y del poder judicial. ¿Por qué hay policías -de bajo nivel y oficiales-  que son miembros de estructuras de narcotraficantes? ¿Por qué un juez puede dejar libre a un grupo de personas que tenían trabajando en un prostíbulo a una niña, para luego decir que lo que le ocurrió a esa niña le ocurrió por puta y por mentirosa? ¿Por qué el fiscal general de la República no hizo nada cuando supo, por vía de la embajada de los Estados Unidos, que un importante político le ofrecía a un supuesto narcotraficante librarlo de todos sus cargos en El Salvador a cambio de medio millón de dólares?. ¿Por qué, cuando ese político apareció muerto con un balazo en el pecho, la Fiscalía cerró el caso en tiempo récord, alegando que fue un suicidio y que por lo tanto no había nada más que decir? ¡¡¡Porque pueden!!! Esos policías, ese juez y ese fiscal siguieron ejerciendo –los primeros siguen– luego de sus actuaciones. No pasó nada. 

En el caso de la Policía probablemente la respuesta tiene que ver con transformar toda la estructura policial y por lo tantoe modificar su ley interna, su ley fundacional. La descentralización de los mandos y los intrincados mecanismos de sanción y de autocontrol dificultan su depuración. Cuando Zaira Navas, con su esquelética inspectoría general intentó depurar a algunos oficiales, incluso se abrió una comisión especial en la Asamblea Legislativa para evaluar su destitución. En el fondo era una advertencia: estás escarbando mucho. 

En el caso de los jueces (los hay desde incapaces hasta sospechosamente amigados con estructuras delictivas y llanos matones de pueblo) su depuración depende de que exisa un acuerdo entre todos los magistrados que conforman Corte plena: al menos ocho de 15 votos. Dentro de la misma Corte algunos magistrados acusan a otros de impedir la depuración de los jueces. La Corte maneja al menos 700 casos de estudio, acumulados durante varias administraciones. Hasta la fecha solo hay una depuración efectiva.

Y finalmente la Fiscalía… con su Unidad de Investigación Financiera de cuatro fiscales, con su eternamente cuestionado fiscal general, con sus fiscales saturados, con su índice de éxitos en tribunales, con sus compromisos políticos. Su depuración depende, básicamente, del fiscal general de la República.

En todos estos casos, hay algo en común: son instituciones cuya depuración, cuyo saneamiento, depende de ellas mismas: ¿Quién depura al fiscal general o a los magistrados de la CSJ? Creo que habría que cortar por lo sano. Si el presidente Mauricio Funes estaba coqueteando con una especie de comisión internacional, parecida a la CICIG en Guatemala, aquí hay una función clara de la que podría encargarse: una comisión internacional, creada por Naciones Unidas y dotada de facultades vinculantes para depurar y reestructurar a estas instituciones. Claro, esto implicaría la aprobación de la Asamblea (ver punto 2) y además la contraparte del garrote: la zanahoria; es decir, mejorar los salarios de policías, jueces y fiscales, y ampliar el personal, particularmente de los primeros y de los últimos (ver punto 1). Creo que esto NO VA A PASAR.

4. Se necesita una zona de despeje político. Es decir, que los partidos políticos abandonen sus diferencias para crear un pacto básico: vamos a rompernos la madre y a meternos zancadilla en todo lo que podamos, menos en el tema de la seguridad pública (ver punto 2). ¿Necesito explayarme en lo lejano que es este anhelo, vista nuestra pintoresca historia de radicalismos anacrónicos y de polarización ideológica?

A este caldo hay que agregar unas especies nuevas: a) El nombramiento del general Munguía Payés crispó la relación entre el presidente y el FMLN, que posiblemente vaya a boicotear la gestión del nuevo ministro. b) Todas las variaciones nuevas introducidas en el sistema electoral –de las que me alegro– hacen difícil de predecir la nueva correlación de fuerzas en el parlamento y por lo tanto hacer presupuestos de respaldos políticos. c) Una cosa de la que nadie habla, como si todo mundo comiera con un gigante de seis metros en una mesa fingiendo que no está ahí: el general tiene aspiraciones políticas y eso en tiempos electorales es lo mismo que decir que habrá mucha gente interesada en dinamitar su popularidad, en zancadillar sus éxitos; y por otro lado, que él buscará popularidad y que muy probablemente se dejará orientar por criterios que no necesariamente son solo técnicos. No digo que tener aspiraciones políticas sea incorrecto para un político, solo digo que las tiene, que hay que verlas, y que hay que considerarlas en cualquier análisis.

Solo un ejemplo: pese a las hippies oenegés de izquierda, con sus europeos en pijamas de colores y su idealizada visión de los pobres, y pese a los cowboys de mostacho y pistola de derecha, que añoran los tiempos de la Guardia Nacional, hay puntos medios en esta cuestión. No creo por ejemplo que ahora mismo se puedan hacer intervenciones con panderetas y batucadas en Chintuc, Valle Verde, Valle del Sol, Villa Suchi, Popotlán, La Campanera… Probablemente se necesite de una intervención parecida a la empleada por los brasileños en las favelas de Río de Janeiro (ver punto 1), que será vista por algunos como una militarización y una represión contra el “pueblo”. Necesitamos invertir muchísimo en esos lugares, o  en cárceles, por ejemplo (de nuevo ver punto 1), pero algunos políticos de derecha –entre ellos el actual alcalde de San Salvador– han dicho más de una vez que les da igual si los malos están unos sobre otros… Se necesitaría, insisto, una zona permanente de despeje político, que permita guiarse por acuerdos técnicos y dejar de lado los desvaríos ideológicos o las ventajas políticas… Y creo que hoy por hoy eso ES ALGO IMPOSIBLE.

5. Se necesita generar expertos. Nos parecemos a un país que tuviera las mayores cifras de enfermos de cáncer sin un solo oncólogo. O un símil más rudo, quizá más parecido: nos parecemos a un país con una epidemia de VIH donde el ministro de Salud es Benedicto XVI.

Se sabe muy poco sobre los fenómenos que nos aquejan. Cada ONG tiene una versión sobre lo que genera a las pandillas. El presidente sigue pensando que la Mara Salvatrucha (o MS-13) se llama así porque se fundó en la calle 13 de Los Ángeles. También cree que a la hora de contar personas muertas, no es lo mismo contar malos que contar buenos. Los periódicos más grandes del país siguen sin mencionar a las pandillas por su nombre, porque dicen –quién sabe por qué razón– que su sola mención alentará a más personas a admirarlos. Hay un solo criminalista forense en la Fiscalía de este país para asistir a todos los cementerios clandestinos. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que era el llamado a orientar técnicamente las políticas públicas en materia de seguridad, fue desaparecido, luego de años de estar ninguneado. No existe en ninguna universidad, ninguna carrera de criminalística, o especialidades en sicología forense, o de antropología forense… y creo que esto NO SERÁ DIFERENTE.

Mientras cerraba esta columna de opinión, mi colega y amigo Sergio Arauz vino a la redacción con una noticia: el presidente envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que altera algunas cosas: se dejan de cobrar impuestos a los que menos ganan y se aumenta impuestos a los que más ganan. Aunque la reforma solo espera recaudar 140 millones de dólares más (poco menos de la mitad  de lo que necesita solo Centros Penales), es un mensaje alentador… Tal vez, con suerte, la primera señal de que me equivoco, de que fallé en todo, de que no le atiné a nada.

Honestamente, NO LO CREO.