Los agentes encubiertos Samuel y Adriel entraron a aquellas oficinas para tener la primera conversación con el hombre al que pretendían engañar. Ellos sabían que Jesús Sanabria era un tipo con deudas, pero cuando aquel viernes 11 de noviembre de 2011 fueron a verlo a Santa Ana, a las oficinas administrativas de su balneario Apuzunga, no sabían que aquel hombre abriría la boca con tanta rapidez. A este viernes 11 de noviembre de 2011 le llamaremos el día uno.

Ese mismo día por la mañana, la División Antinarcóticos (Dan) de la Policía Nacional Civil (PNC) había autorizado a los agentes para que realizaran el primer contacto con el objetivo. Samuel y Adriel fueron hábiles. Llegaron con la coartada de querer conocer el precio de los servicios de Apuzunga. Pronto, los agentes condujeron la conversación en una dirección que les permitió hacerle saber a Sanabria que ellos eran hermanos que se dedicaban a los negocios. En el expediente judicial del caso, la palabra 'negocios' está entre comillas.

Los supuestos hermanos explicaron a Sanabria que eran prestamistas, usureros que entregaban dinero esperando el 5% de interés mensual, siempre y cuando el endeudado tuviera una propiedad que pudiera ofrecer como garantía. Samuel y Adriel sabían que Sanabria era un empresario de Metapán en apuros financieros. Sanabria, que quizá había captado algún guiño, inauguró el nuevo rumbo de la conversación:

—Si en el futuro hacemos un negocio, yo soy de las personas que nunca queda mal –les dijo.

Sanabria pareció tomar confianza con aquellos extraños y siguió hablando. Les reveló que hacía tiempo le había ido mal en un negocio grande que le habría dejado buenas ganancias, y esto fue como una luz verde para los agentes, que veían cómo el empresario iba confirmando la versión que ellos manejaban.

Samuel y Adriel aprovecharon la oportunidad para subirle el tono a la plática. Respondieron que ellos también realizaban otro tipo de negocios muy rentables, aunque peligrosos. En este punto, uno de ellos le dijo, como haciendo un guiño: 'Si no los hacés bien, te toca la cárcel o el cementerio'. Sanabria mordió el anzuelo.

—Mirá, hermano, estamos hablando de lo mismo -dijo a los agentes.

Entonces, Samuel fue al grano:

—¿En qué capacidad estás para hacer negocios de este tipo? –preguntó el agente.

—Mirá, hermano, últimamente la capacidad que tengo para negociar es de 20 kilos máximo, pero es polvo de buena calidad.

Después de decir eso, Sanabria le sonrió a Samuel, según registra el relato que sale del archivo judicial del caso.

El proceso contra Sanabria está a cargo del Juzgado Especializado contra el Crimen Organizado en Santa Ana, que preside el juez Tomás Salinas, un funcionario con un antejuicio abierto en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por dilatar la investigación contra la clica de una pandilla. Quienes denunciaron en la Fiscalía al juez Salinas fueron las magistradas de la Cámara Especializada contra el Crimen Organizado Sandra Luz Chicas y Gloria de la Paz Lizama.

Sanabria, conocido como Chus, es un hombre robusto y calvo, en cuyo rostro destaca un grueso bigote que hace recordar al que llevaba el famoso héroe de la revolución mexicana Pancho Villa. Es más, Sanabria es un hombre que no solo de bigote, sino también de rostro, se parece a Pancho Villa. Es cierto que en Metapán es conocido por ser el dueño del balneario Apuzunga, pero, sobre todo, Chus es conocido porque en los días en que cayó en la trampa de Samuel y Adriel ocupaba un cargo público. Desde las elecciones de 2006, Sanabria era concejal de la Alcaldía de Metapán, en poder del Partido de Conciliación Nacional –hoy Concertación Nacional-. Ahora, luego de ser arrestado gracias a las investigaciones de los agentes Samuel y Adriel, está siendo juzgado por intentar vender cinco kilogramos de cocaína. Sin embargo, ese es el final de una historia no contada hasta hoy.

El día uno había cerrado como una jornada exitosa para los agentes. Un concejal de un municipio donde las autoridades de seguridad pública han ubicado desde hace más de una década una estructura de narcotráfico, acababa de ofrecerles una buena cantidad de cocaína. Sin embargo, la negociación que tenía por objetivo último develar la jerarquía superior de la estructura, la infiltración en instituciones del Estado y una zona donde abunda la cocaína apenas acababa de empezar.

Los agentes y el concejal Sanabria acordaron verse otro día, fuera de la oficina, y seguir negociando.

Sanabria pone el precio

Casi un mes después del día uno, al mediodía del 9 de diciembre –también viernes-, los agentes y Sanabria se reunieron en una pastelería en el centro comercial Metrocentro, en la salida sur de Santa Ana.

El encuentro se realizó en la Bam Bam y para entonces el concejal ya mostraba diligencia, pues ya tenía hechas gestiones para conseguir cocaína. El expediente judicial dice que en aquellas cuatro semanas anteriores Sanabria aprovechó para viajar a Costa Rica y Panamá. 'Le ofrecieron buenos precios', escribió el agente Samuel. Sanabria no mencionó los nombres de sus contactos en esos países, pero dejó muy claro que era un hombre necesitado de auxilio para resolver su problema financiero. Llevó una copia de las escrituras de Apuzunga e invitó a los agentes a que verificaran el documento con un notario. El concejal seguía interesado en un posible préstamo de parte de los que creía eran agiotistas.

Samuel y Adriel no apuntaron más detalles de la promesa del préstamo. Esa reunión, según el expediente, terminó con una oferta precisa de negocio: Sanabria ofreció cada kilogramo de cocaína a 12 mil dólares. Más bien cada 'animalito'. Esa fue la palabra que el concejal utilizó para referirse a los paquetes de droga. Haciendo matemáticas, esto quiere decir que Sanabria era un hombre con capacidad de mover una cantidad máxima de cocaína por valor de 240 mil dólares, aunque al final terminara ofreciendo solo cinco kilogramos, o sea, 60 mil dólares. La operación continuaba a buen paso.

En busca del Cártel de Texis

Aquellos dos agentes encubiertos no habían llegado hasta la Bam Bam para atrapar a un concejal con capacidad de mover 20 kilogramos de cocaína. Desde el inicio, la Subdirección de Investigaciones de la PNC, en aquel momento dirigida por el comisionado Howard Cotto, y la Fiscalía, aspiraban a más.

Según el expediente judicial, la trama que las autoridades urdieron a Sanabria empezó de manera formal tres días antes del día uno, el martes 8 de noviembre, a las 3 de la tarde en las oficinas regionales de la Dan en Santa Ana. 'El timbre del teléfono sonó', relata el expediente judicial. 'Era un informante que dijo conocer a unas personas del sexo masculino, el primero, de nombre Jesús Sanabria, siendo el encargado de la droga; y al segundo lo conoce como Nilson. Sabe que en el interior de ese turicentro hacen negociaciones de droga...'

El turicentro al que se refieren es Apuzunga, un parque acuático en el cantón Piedras Blancas, de Metapán, que aprovecha las aguas de los ríos Guajoyo y El Desagüe para ofrecer servicios de restaurante, camping y rafting, además de unos cómodos ranchos con hamacas y una serie de piscinas. La propiedad está valorada en cerca de un millón de dólares.

Los expedientes judiciales son escuetos en algunas partes. Consignan ciertos hechos sin explicar las lógicas que los soportan, porque estas se sobreentienden en el mundo de las cortes. Los informantes no suelen llamar por altruismo a las oficinas de la Dan. Suele tratarse de personas que son criminales o que lo fueron. Personas que conocen a otros criminales y sus puntos débiles: si son habladores, alcohólicos, drogadictos, mujeriegos, endeudados... los informantes piden dinero por contar a los policías esos secretos. En esta ocasión, según una de las fuentes vinculadas a las investigaciones, el informante recibió más de 4 mil dólares.

El informante, según el expediente, les dijo más en aquella llamada: '(Sanabria) Tiene problemas financieros por haber perdido un cargamento considerable de droga. Está en la capacidad de negocios de entre 10 y 20 kilos y está dispuesto a poner en garantía el turicentro valorado en 1 millón de dólares'.

Todo apunta a que al informante lo venían trabajando desde antes, y que aquella llamada a la Dan era pura formalidad. Cuando le preguntamos al jefe de la Unidad Antinarcotráfico de la Fiscalía, Jorge Cortez, sobre estos tiempos, su respuesta fue: 'El nombramiento de un agente encubierto no surge de la noche a la mañana, sino que es a partir de investigaciones ordinarias que han sido dirigidas a cierta persona que está siendo señalada como inmersa en una narcoactividad'.

Es evidente que los agentes creían que la información era buena, pues al día siguiente de la llamada a la Dan, el 9 de noviembre, ya contaban con la autorización de la Fiscalía para actuar como infiltrados e ir el día uno a las oficinas de Apuzunga, cerca de Metrocentro Santa Ana, a tratar de ganarse la confianza de Sanabria.

Dos días después, los agentes Samuel y Adriel iniciaron la operación con aquella conversación con el concejal en las oficinas de Apuzunga. Se trataba de una investigación que en principio pretendía infiltrarse en los altos mundos del narcotráfico de Metapán, una que pretendía utilizar al endeudado Sanabria como vehículo para transitar hacia aquel otro objetivo mayor.

Dos fuentes que participaron en el caso, una de la Policía y otra de la Fiscalía, fueron tajantes al explicar que la idea era utilizar a Sanabria como escalera para llegar más arriba. Y, ante la pregunta de qué significa más arriba, una de las fuentes puntualizó: el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa; el empresario José Adán Salazar, mejor conocido como Chepe Diablo, y la gente que los rodea. Es decir, dos de los que según diferentes informes de inteligencia del Estado son los líderes del Cártel de Texis, la estructura de crimen organizado que opera la ruta conocida como El Caminito, un atajo centroamericano para la cocaína y mercadería ilegal que, entrando desde Honduras por el polvoriento San Fernando, en Chalatenango, hace una curva hasta salir hacia Guatemala por Metapán.

En los días de la investigación, el director de la PNC era Carlos Ascencio, ahora embajador en México. Este 25 de junio, Ascencio tomó en la capital mexicana una llamada telefónica de El Faro, y corroboró lo que las fuentes anónimas habían dicho dos meses antes: que el objetivo establecido en el operativo en que cayó Jesús Sanabria eran los señalados como dirigentes del Cártel de Texis.

—Ese operativo se quedó hasta ahí porque hubo flagrancia en el decomiso. Si no me equivoco se capturaron con cinco kilos de cocaína–  empezó diciendo el ex director de la PNC–. Pero esa investigación quedó abierta por incidencia del narcotráfico en la zona, que no se resolvía con ese operativo.

—¿Quiere decir que iban por más gente?–  preguntamos.

—Sí, era un marco investigativo que no estaba delimitado a un número X (de capturas), sino que podían salir otras personas más.

—¿Ese operativo pretendía llegar hasta Juan Umaña Samayoa y José Adán Salazar?

—Así es. Ellos estaban relacionados con investigaciones que se hacían en otras áreas. Umaña y José Adán Salazar. Esto no es nada ajeno para mí. Ahora, del operativo no le puedo dar más detalles, porque hay puntos en que interviene ya la fiscalía, y a ellos les compete.

Al saber que la diana a la que apuntaban no era el dueño de Apuzunga, sino que la mafia de Metapán, surgen preguntas: ¿por qué la Policía y la Fiscalía interrumpieron la escalada? ¿Por qué arrestaron a un hombre del concejo municipal de Metapán que podía llevarlos más arriba? ¿Por qué quedarse con cinco kilogramos de cocaína en las manos si podían aspirar a mucho más?

La respuesta que se obtiene de las fuentes es que las investigaciones habían abierto otras rutas, y que el concejal Sanabria había empezado a sospechar de los agentes encubiertos y a solicitar ciertas pruebas de confianza. Era hora de detener al pez pequeño antes de quedarse sin nada en la red.

No está de más recordar que muchos de los casos que la Fiscalía resuelve en El Salvador los construye con base en el testimonio de un delincuente atrapado. Alguien que, sin ser el de más arriba de la estructura criminal, cayó en la trampa. Alguien como el concejal Sanabria.

Los socios invisibles del concejal Sanabria

El día uno había sido un éxito y la reunión en la panadería Bam Bam auguraba más revelaciones de parte de Sanabria. Pasaban unos minutos del mediodía de aquel viernes 9 de diciembre de 2011, y la segunda plática entre el concejal Sanabria y los agentes encubiertos seguía revelando pistas importantes sobre la red que trafica cocaína en el noroccidente del país. Apenas terminó la conversación sobre el precio de 'los animalitos', el entonces funcionario municipal les dijo que no estaba solo en el negocio de vender polvo blanco.

El posible acceso a otras piezas de esa estructura que ofrecía negociar cocaína de buena calidad fue una revelación que los investigadores plasmaron en un informe ese mismo día. El documento lo consigna así: 'Juntamente con su hermano y otra gente de Metapán con los que están asociados se los podían entregar (los paquetes de droga a los agentes)'. Sanabria no detalló el nombre ni la descripción de las personas involucradas, pero el hilo de la investigación en los siguientes dos meses llegó hasta una madeja que incluía contactos en Guatemala y en la Policía salvadoreña.

En los siguientes dos meses, el trabajo de campo de los investigadores ya les permitía esbozar un perfil de los colegas de Sanabria. A la luz de una tercera conversación entre Sanabria y los agentes encubiertos, los socios del concejal salen dibujados como dueños de mansiones, lugares de lujo donde se puede negociar cocaína sin contratiempos.

Esa información surgió en una reunión que tuvo lugar a las 11:15 de la mañana del sábado 7 de enero, casi dos meses después del día uno. Los policías encubiertos se apostaron a dos cuadras de Los Roros, un restaurante ubicado en las cercanías de Metrocentro Santa Ana, en la colonia Loma Linda. Sanabria llegó a bordo de un vehículo Mitsubishi acompañado de un hombre de 32 años, un moreno fornido de cabello negro ondulado, Edgar Aquileo López Matute, alias El Negro.

El Negro es un residente del caserío Conchagua; Conchagua es un puñado de casas mixtas modestas del cantón Las Piedras, en Metapán, donde Sanabria tiene el parque acuático Apuzunga. Cuando el concejal estuvo frente a los policías encubiertos presentó a El Negro como su hombre de confianza. Les explicó que este participaría en la venta de una pequeña porción de droga, una muestra, que pretendía convencer a los compradores de que se trataba de un producto de buena calidad. La propuesta del concejal fue realizar la pequeña transacción en un lugar privado, pero Samuel reaccionó con cautela y dio a entender que rechazaba esa proposición. Temía por su seguridad.

—No te preocupés. Es una mansión, mi hermano –le respondió Sanabria, tratando de tranquilizarlo.

La frase de Sanabria no convenció al policía encubierto, quien insistió en buscar un lugar más seguro para la transacción, porque temía el tumbe del dinero.

—No me parece mucho porque no sé quien está adentro de la casa. ¿Qué tal si me ganan el billete? –se excusó el agente.

Entonces fue Sanabria quien propuso realizar la transacción en un lugar público, el restaurante Los Arcos, a unos dos kilómetros del casco urbano de Texistepeque.

—El lugar es apropiado y pasamos desapercibidos, ya he realizado este tipo de negocios en el restaurante -se jactó Sanabria, y agregó una ventaja para su interlocutor-. Vos podés disponer de más tiempo para verificar la merca y yo de contar el dinero.

Sin más rodeos ni preámbulos, aquellos hombres acordaron que la primera transacción, la de prueba de la mercancía, se realizaría cuatro días más tarde, el 11 de enero. Los agentes encubiertos entregarían 40 dólares y Sanabria les daría a cambio una bolsita con polvo blanco. Ese sería un paso previo para iniciar una negociación más grande. Sanabria estaba listo para vender, y los agentes para comprar unos 'animalitos', unas 'vaquitas', que son los términos que el concejal Sanabria utilizaba para referirse a kilogramos de droga, según las actas de la Policía.

—Seguro que lo vamos a hacer, la merca ya la tengo -anunció Sanabria.

El día convenido, el 11 de enero de 2012, el agente encubierto Samuel recibió una llamada de El Negro a las 11 de la mañana. En aquella conversación telefónica, El Negro le confirmó que ya tenían el producto –la cocaína- y que estaban listos para mostrárselo en el restaurante Los Arcos. Dos meses después del día uno, aunque aún estaban en el período de prueba de la mercancía, la operación iba develando cómo se puede hacer cierto tipo de negocios en Metapán, cómo es sencillo contactar a alguien que mueve cantidades importantes de droga, cómo ese municipio fronterizo con Guatemala es una de las mecas del tráfico en el país. Justo lo que seis años antes un alcalde de Metapán había anticipado que ocurriría...

La profecía de Chindo

Al frente de aquella muchedumbre que ondeaba banderas del partido Arena, y acompañado por las máximas autoridades del partido, la tarde del sábado 25 de febrero de 2006, el entonces alcalde de Metapán, José Gumercindo Landaverde Galdámez, hacía un ardoroso discurso en el que destacó una frase que sería un mal presagio para el municipio.

Faltaban solo 15 días para las elecciones municipales del 12 de marzo, y estaban en la recta final de la campaña electoral. Landaverde, conocido como Chindo, quería un tercer mandato, pero sabía que la lucha en las urnas iba a ser sumamente reñida, sobre todo con uno de sus contrincantes.

Aquel hombre obeso y de tez morena a cuyo mandato de tres años le quedaban dos meses de vida organizó un mitin en el parque central de Metapán para decir a los electores que sus promesas no eran castillos en el aire. Para intentar convencer a los metapanecos de que sus proyectos tenían respaldo del gobierno nacional, Chindo invitó al cierre de campaña al entonces presidente de El Salvador y de Arena, Antonio Saca, quien se hizo acompañar de las máximas autoridades del partido y también de su gobierno.

Apostado al lado izquierdo del mandatario, Chindo lucía un pantalón de mezclilla, camisa y chaleco blanco en el cual se distinguían discretamente los colores de la bandera arenera en el cuello y bolsas. Sonrió, habló de Saca como un amigo, comprometió al gobernante a apoyar la construcción de una planta para el tratamiento de aguas negras y alzó los brazos en señal de victoria. La multitud vitoreaba en el mitin. Todo eso está registrado en dos videos del cierre de campaña que una fuente entregó a El Faro.

Entre la agitación de las porras y banderas tricolores, a medio discurso, Chindo pasó de las promesas electorales a lanzar una advertencia que dejaba mal parado a su principal rival, Juan Umaña Samayoa, el entonces candidato a alcalde por el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Detrás de Chindo estaba el estado mayor de Arena y el de la administración Saca parecía escuchar atento el discurso, sonrientes, incluso cuando Chindo pronunció aquella frase que pintaba un panorama sombrío para Metapán.

Ahí estaban el ministro de Relaciones Exteriores y director de actas y acuerdos del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, Francisco Laínez; el secretario de la Juventud y director de asuntos políticos del Coena, César Funes, y el secretario de comunicaciones de la Presidencia y coordinador de la campaña electoral, Julio Rank. También se escucha al maestro de ceremonias mencionar a la diputada Carmen Elena Calderón de Escalón, quien buscaba la reelección; y los candidatos a diputados Juan Miguel Bolaños, Rafael Murillo y Patricia Costa de Rodríguez. También estaba ahí Carlos Rodríguez Bou, el entonces director departamental de Arena. Cuatro años después de aquel mitin, Costa de Rodríguez aparecería mencionada en diferentes informes de inteligencia como la persona que pidió el traslado de un jefe policial de Santa Ana que investigó el Cártel de Texis.

El cuadro de dirigentes areneros y miembros del gabinete de gobierno lo completa René Figueroa, entonces vicepresidente de ideología de Arena y ministro de Gobernación, la dependencia que controlaba la Policía Nacional Civil (PNC). Frente a esos personajes que representaban a la máxima autoridad del país y de Arena, Chindo, originario del cantón San Juan Las Minas, tomó el micrófono y lanzó aquella acusación contra su principal adversario político.

—Yo sé que hay parte del narcotráfico involucrado también en esos negocios que anda haciendo Juan Samayoa. ¡Pero el que lo reciba, que lo reciba!... ¡A él no le va a pasar nada... el problema va a ser el futuro, cuando el crimen organizado ingrese a Metapán! -dijo el alcalde.

¿Quién era ese hombre que, según Chindo, invertía dinero del narcotráfico en sus negocios? Su nombre completo es Juan Umaña Samayoa, había sido concejal del gobierno municipal de Chindo, y ahora es alcalde de Metapán por tercer período consecutivo. Aquel sábado 25 de febrero, Umaña Samayoa ya vestía el color azul del Partido de Conciliación Nacional (PCN), y 15 días más tarde ganaría la elección.

Umaña Samayoa incluyó en su concejo municipal a Jesús Sanabria, el negociador de 'los animalitos”.

Chindo hablaba sobre su rival político como quien habla de un viejo conocido. Y en cierta medida así era. Umaña Samayoa integró el concejo municipal de Chindo en dos períodos municipales. Una fuente que trabajó en la Alcaldía de Metapán explica que el ahora alcalde intentó ser protagonista en las decisiones que tomaba el concejo municipal, pero Chindo nunca lo permitió. Antes de concluir el período 2003-2006, Umaña Samayoa renunció como concejal y se convirtió en candidato a alcalde.

Cuando en aquel mitin Chindo dijo que había dinero del narcotráfico en los negocios de Umaña Samayoa, la afirmación no sorprendió al entonces ministro de Gobernación, René Figueroa, quien a finales de 2006 pasó a ocupar la titularidad de una nueva dependencia bautizada como Ministerio de Seguridad. En el video del cierre de campaña de Arena, Figueroa aparece justo a la derecha de Saca. Unas horas antes, ambos habían aterrizado en el aeropuerto en Comalapa. Venían de Washington, de una visita oficial al presidente George W. Bush, con quien hablaron de pandillas y crimen organizado en El Salvador.

Hace dos semanas, el pasado miércoles 13 de junio, Figueroa, quien tenía tres años sin dar declaraciones a la prensa, nos contó que el nombre de Juan Umaña Samayoa no le era nada extraño cuando Chindo lanzó su profecía. 'Cuando Chindo dice esto, ya había investigaciones'.

Le mostramos al ex ministro el vídeo de cierre de campaña en el que un cantante le dedica a Umaña Samayoa el narcocorrido El Jefe de jefes, de los Tigres del Norte, durante el cierre de campaña pecenista en Metapán. Ante eso, Figueroa reaccionó con la siguiente explicación: 'El nombre de quien aparece en el vídeo y que ustedes mencionan siempre apareció en las líneas de investigación del Consejo de Seguridad Nacional', en referencia al alcalde metapaneco.

Dicho organismo agrupaba y ponía en común la información de todas las oficinas de inteligencia del Estado: el Centro de Inteligencia Policial, el Organismo de Inteligencia del Estado, Inteligencia Militar e Inteligencia de Centros Penales.

—Siempre hubo investigaciones sobre narcotráfico, pandillas y crimen organizado, y ese nombre (el de Juan Umaña Samayoa) siempre sonó -recalcó Figueroa.

Según el ex ministro, aunque el nombre del actual alcalde de Metapán aparecía en diferentes investigaciones, nunca lograron una prueba contundente que pudiera terminar en un operativo de captura.

De lo mal que se hablaba de Umaña Samayoa no sólo sabían Chindo y el Consejo de Seguridad Nacional. A juzgar por uno de los discursos durante el cierre de campaña del PCN en Metapán, el 8 de marzo de 2006, el partido conocía de los cuestionamientos en contra de su candidato. Pero el actual alcalde siempre tuvo el apoyo de la alta dirigencia. El secretario nacional de ideología del PCN, Hernán Contreras –en ese tiempo también presidente de la Corte de Cuentas-, dijo durante el acto público que lo que se decía en contra de Umaña Samayoa era obra de 'espíritus ruines'. Lejos de pedir cuentas a su candidato, Contreras se decía orgulloso de ese fichaje: 'Me cabe ese privilegio y ese honor de ser amigo de una persona que merece el respeto de todo el mundo. Juan Samayoa no necesita de padrinos que vengan a esta tarima a presentarlo, ni de madrinas... ni de protectores, porque Juan Samayoa brilla con luz propia (...) cualquier otro partido quisiera tenerlo de candidato', dijo durante el mitin.

Chindo y Umaña Samayoa eran dos políticos que se conocían sus debilidades y, al calor de la campaña, comenzaron a intercambiar acusaciones. Umaña Samayoa –gracias a una auditoría que la Corte de Cuentas, en manos del PCN, había filtrado unos meses antes- acusaba a Chindo de corrupto, porque había contratado a su empresa, La Metapaneca, para proveer materiales de construcción a la Alcaldía. El contraataque de Chindo fue vincular la fortuna de Umaña Samayoa al narcotráfico y el contrabando.

Los discursos de cierre de campaña 2006 se centraron en esos tópicos. En el mitin de cierre del PCN, el equipo de Umaña Samayoa distribuyó entre sus simpatizantes escobas para difundir un mensaje: barrer la corrupción de Chindo. Chindo respondió con sus menciones sobre el dinero del narcotráfico. Dos semana después de su cierre de campaña, Chindo perdió las elecciones, y 17 semanas más tarde perdió la vida al ser asesinado a balazos.

El 11 de julio de 2006, Chindo fue atacado con arma de fuego en las afueras de un negocio de polarizado de vehículos, en el barrio San Miguelito, de Santa Ana. Uno de los testigos dijo que escuchó cinco disparos. Chindo quedó herido de gravedad, pero permaneció con vida dos días más en el hospital del Seguro Social de Santa Ana. El 13 de julio murió.

Pocas horas después de su muerte, Arena pidió una investigación completa del caso. En declaraciones a La Prensa Gráfica, el diputado Mario Marroquín dijo que era importante la captura de tres autores materiales del crimen –dos mujeres implicadas quedaron libres en la primera audiencia, pocas horas después de su aprehensión-, pero consideró necesario 'dar con los autores intelectuales'. El reclamo de los políticos coincidía con una línea de investigación de la Fiscalía. 'Los asesinos de Landaverde actuaron como sicarios (...) se están haciendo más indagaciones para poner ante la ley a los autores materiales e intelectuales', decía el entonces jefe fiscal de Santa Ana, Carlos Godoy. Esas indagaciones nunca prosperaron...

Sobre la muerte de Chindo, el ex ministro Figueroa asegura que el asesinato los afectó mucho, pues Chindo no era cualquier arenero, pero no explica por qué si les pareció que había que tomar medidas no las tomaron estando en control del gobierno.

—Yo dije: metamos diente rápido, yo me sentí afectado, Chindo fue uno de los primeros en respaldar la candidatura (presidencial) de Tony Saca. El Coena se indignó.

La semana antepasada, le preguntamos a Francisco Laínez, en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores, si el partido había tomado alguna acción sobre la denuncia de Chindo, pero el funcionario dijo que no recordaba ni siquiera haber participado en el mitin donde Chindo lanzó su acusación. El ahora precandidato presidencial agregó que en una campaña siempre se escuchan acusaciones de narcotráfico. 'Lo he oído en muchos mitines, porque cuando los ánimos se caldean se acusan de todo. Cuando hay algo de la magnitud que ustedes mencionan se debe llegar a las autoridades correspondientes'.

Le replicamos a Laínez que ellos eran las máximas autoridades del país ante aquella denuncia pública. ¿Por qué el Coena no recomendó a Chindo denunciar el caso a la Fiscalía? ¿Por qué no profundizaron la investigación del asesinato? Laínez respondió con poca concreción: 'Después de que las cosas han pasado, mucha gente tiende a decir: ¿no creen que deberían haber hecho esto? ¿No creen que deberían haber hecho lo otro? Uno debe ser pragmático, cuando hay una acusación se debe acudir a las instituciones que pueden tomar acción y resolver una situación”.

—¿Eran infundadas las acusaciones de Chindo durante la campaña? –preguntamos.

—Como no estuve ahí, y no me recuerdo, no te puedo decir si era infundado o no.

El asesinato de Chindo fue el preámbulo de una serie de crímenes que, en los siguientes años, tendrían como protagonistas-víctimas a las autoridades de la Alcaldía de Metapán. Tres homicidios más, un intento de asesinato, concejales capturados en relación con el tráfico de cocaína...

El 1 de diciembre de 2007, Bertín Valle Marín, síndico municipal, murió de un disparo en la cabeza. La versión oficial fue esta: dos hombres borrachos se agarraron a tiros en medio de un jaripeo de un cantón sin nombre en Metapán y el síndico fue víctima de una bala que no fue disparada contra él.

En el mitin de cierre del PCN, celebrado el 8 de marzo, el síndico fue uno de los pocos subalternos del alcalde que tuvo la oportunidad de dirigirse a sus correligionarios. 'Les garantizamos que la persona que cometa corrupción en nuestra administración la vamos a mandar a Mariona; pueden estar seguros porque por eso hemos luchado y estamos unidos todos', prometió. Valle Marín fue asesinado 19 meses después de asumir el cargo, y la versión oficial de su muerte se pone en duda en un informe de una de las agencias de inteligencia del Estado. El documento dice que durante la investigación del crimen, el alcalde Umaña Samayoa se empeñó en desvirtuar la hipótesis de que se trataba de rencillas entre narcotraficantes.

Muerto Valle Marín, Israel Peraza Díaz fue nombrado nuevo síndico municipal. La vida de este funcionario municipal terminó solo ocho meses después de sustituir a su predecesor. El 4 de agosto de 2008 fue secuestrado a plena luz del día y en su propio carro, luego fue llevado a un predio de un caserío de Metapán, donde le dispararon 13 veces.

Tres semanas antes, el mismo alcalde Umaña Samayoa y sus tres guardaespaldas habían sido atacados a balazos. Un empleado del alcalde murió en la balacera ocurrida en un camino conocido como 'punto ciego', en San Jerónimo, un lugar fronterizo con Guatemala y que es parte de El Caminito, el atajo de la zona noroccidental por el cual se trafica cocaína.

Al rosario de ataques armados que han sufrido miembros de la Alcaldía de Metapán se suman dos capturas que recuerdan una de las frases que Chindo pronunció en 2006. 'El problema va ser a el futuro, cuando el crimen organizado ingrese a Metapán'. Tres años después de aquella advertencia, el 25 de enero de 2009, al recién electo concejal Amadeo Figueroa Morales le decomisaron 2.42 kilogramos de cocaína, valorados en 12 mil dólares. Seis años después de aquella advertencia, en enero de 2012, el concejal Jesús Sanabria, el de 'los animalitos', fue apresado por negociar cinco kilogramos de cocaína.

De los concejos municipales de Umaña Samayoa han resultado dos concejales asesinados, otros dos capturados con cocaína, y un empleado más muerto en el ataque contra el alcalde. ¿Hay una relación entre los asesinatos y el narcotráfico? En Metapán, las fuentes consultadas responden con susurros...

'Existe un autor intelectual'

El pasado abril decidimos acercarnos a la zona. Era un intento de conversar con exconcejales de Chindo que vivieron la campaña previa a su asesinato. Tras una semana de búsqueda, teníamos los teléfonos de algunos de ellos, y preferimos llamarles desde cerca para poder reaccionar rápidamente si alguno aceptaba una conversación en persona.

Sin embargo, la primera parada fue con una fuente con la que ya habíamos acordado reunirnos. En Metapán y en algunos otros municipios del departamento de Santa Ana, si se habla de narcotráfico se hace en susurros. De la persona con la que hablamos solo diremos que es una persona que vive en el departamento y que supo de voz de familiares y políticos detalles del homicidio de Chindo, que por ciertas razones estuvo muy al tanto de todo lo que ocurrió al respecto.

Según esta persona, Chindo olía su muerte. 'Recibió amenazas durante la campaña y después. Por eso se deshizo de los guardaespaldas, porque decía que mejor solo lo mataran a él'.

La frase con la que esa persona se despidió de nosotros fue la siguiente: 'Aquí todos se conocen, no vayan a dejar que me identifiquen, porque si eso pasa, mándenme una tajada de limón para ponérmela en la boca cuando me maten'.

El resto de la tarde no arrojó ningún resultado. Las llamadas a los que fueron concejales de Chindo solo lograron asustarlos. Dos de ellos contestaron angustiados y preguntando por qué les llamábamos por teléfono, que ellos no querían problemas, que dejáramos de llamarlos. Uno de ellos, con voz insegura, dijo que aceptaba reunirse esa misma tarde con nosotros en un restaurante en las afueras de Metapán. Lo esperamos durante una hora. Nunca apareció y nunca volvió a contestar su teléfono.

Más adelante, en San Salvador, buscamos a alguien que pudiera hablar desde una posición más segura. La diputada de Arena por Santa Ana, Carmen Elena Calderón de Escalón, aceptó una conversación sobre este crimen. Sin embargo, aún desde su investidura, lo que ofrece son frases difusas de las que puede interpretarse que su partido, que en ese momento tenía la Presidencia de la República, nunca hizo real presión porque se llegara al fondo del asunto.

—¿La única decisión tomada por Arena fue pedir una investigación? –le preguntamos.

—Eso pedimos y nos dimos cuenta tiempo después de quién había disparado. La persona que está presa, no tenía... Era una persona que cumplía una orden, pero no se supo mayor cosa –respondió.

Según la hermana de ex presidente Armando Calderón Sol este es un caso emblemático de impunidad.

En Santa Ana nos detuvimos a revisar el expediente judicial del asesinato de Chindo, que estuvo a cargo del Tribunal Segundo de Sentencia. Lo que nos entregaron fue un documento raquítico, de una sola pieza, en el que se resumían los hechos del día del asesinato, y se anexaban las burocracias de oficio. Nada más. El relato del expediente es el de un hombre que asesina a otro sin qué ni para qué. No hay móvil del crimen, solo un pistolero y una víctima.

Los imputados eran tres. El principal, el que está preso por haber disparado, es un pandillero de la Mara Salvatrucha de nombre Jabán David Pérez, que cuando en 2006 mató a Chindo tenía 20 años de edad. Las que fueron acusadas de haberlo ayudado a huir y a intentar esconderse son Lorena Elizabeth Flores, entonces de 34 años; y Karina Maricela Rodríguez, entonces de 23.

El relato dice que a las 12:40 de la tarde del 11 de julio de 2006, Chindo había llegado al taller Lemus, de Santa Ana, a polarizar su vehículo, cuando Jabán bajó de un pick up Mazda verde doble cabina y disparó una pistola de calibre 9 milímetros contra Chindo. Corrió de vuelta al vehículo y escapó hacia el pasaje Río Zarco, de Santa Ana, a la casa de Karina Maricela Rodríguez, donde guardaron el vehículo en una cochera. Sin embargo, una patrulla los seguía luego de haber recibido por radio las características del vehículo, y a las 12:48 los detuvieron dentro de la casa de Rodríguez. En los asientos del pick up verde los policías encontraron un cartucho de 9 milímetros, de los que encontraron siete más en los cuartos de la casa, así como dos radios de comunicación. En esos momentos, Chindo era trasladado al Hospital Regional del Seguro Social, donde moriría en la unidad de cuidados intensivos a las 7 de la noche dos días más tarde. El arma con que le dispararon nunca apareció.

Jabán y Lorena Elizabeth Flores no tenían récord limpio. Ambos tenían órdenes de captura. Él, por el homicidio agravado imperfecto contra un hombre; ella, por un homicidio agravado. La persona con la que hablamos, la que pidió una tajada de limón en caso de develar su identidad, aseguró que durante el proceso se intentó dar criterio de oportunidad a Jabán, convertirlo en testigo protegido del caso para que denunciara a su empleador, pero que nunca quiso aceptar.

La persona que nos dio información incluso asegura que el pandillero de la MS dijo que la gente con la que trataba era demasiado poderosa, y que él temía por su vida. Las dos mujeres fueron exoneradas en la primera audiencia, mientras que Jabán fue condenado a 35 años de prisión, que cumple en el penal de Ciudad Barrios.

En todo el expediente no hay ni una referencia a las razones que llevaron a este pandillero a asesinar a sangre fría al exalcalde. Solo una persona se interesó por pedir que se investigara más, que se llegara al móvil de este homicidio. Perdidas entre las menos de 300 páginas del expediente, en uno de los documentos finales, el acta del Tribunal de Sentencia, hay dos líneas donde se consigna lo que dijo la esposa de Chindo cuando le permitieron hablar ante los jueces: “La señora María Estela Argueta de Landaverde, en su calidad de ofendida, pidió que se hiciera justicia, que siente que existe un autor intelectual”.

Caen en la trampa

En el kilómetro 85 de la carretera que va hacia la frontera Anguiatú con Guatemala, entre las ciudades de Texistepeque y Metapán, hay un restaurante de carretera que invita a parar. Se llama Los Arcos. Entre la carretera y el galerón hay una terracería donde caben unos 20 vehículos. El galerón es eso, unas columnas que sostienen un techo, abierto, con sillas y mesas de madera en tres hileras. A un extremo del galerón hay un pequeño mostrador con tres amables mujeres que atienden a toda prisa y despachan cervezas y pequeñas porciones de carne o ceviche por un dólar; al otro extremo, un televisor de plasma colgado de la pared y una rocola. Como anexo, en la parte de atrás del galerón, Los Arcos tiene un espacio más privado. Entre el galerón y una solitaria cancha de fútbol rodeada por laderas de tierra, Los Arcos tiene un pequeño pasillo techado. Eso, pilares y techo, una hilera de mesas de madera y pequeñas palmeras que rodean el pasillo. Ahí fue donde ocurrió la balacera entre los narcotraficantes y los policías.

El 11 de enero pasado, dos meses después del día uno, los agentes encubiertos Samuel y Adriel ya sabían que se trataba de cocaína y no de un timo, pues habían recibido una muestra de 40 dólares. A este momento, tanto Samuel como Adriel, como se relata en el expediente judicial, sabían que estaban tratando con gente peligrosa y querían minimizar los riesgos. 'Temen porque sus vidas corren peligro, ya que hicieron negocios con miembros activos de una red de narcotraficantes que opera a nivel internacional', se lee en el documento.

Pasaron 12 días. Uno de los agentes ya había recibido la llamada de El Negro Matute, el cómplice de Sanabria, pero fue hasta el mediodía cuando el concejal mismo marcó al agente para confirmarle que ese 23 de enero sería el día de la transacción de 'los animalitos'. Sanabria confirmó que enviaría a El Negro, y aseguró que se trataba de un hombre de su total confianza. 'Yo estaré pendiente de él', dijo, y luego insistió en que todo estaba listo. La frase de un narcotraficante que espera que no se le caiga nuevamente un negocio.

—Las vaquitas ya están en el corral, son cinco vaquitas, no me vayás a fallar. No me vayás a fallar, es producto de buena calidad –dijo Sanabria por teléfono.

Esa tarde, en una camioneta Land Cruiser verde, un pick up Ford rojo, un pick up Nissan gris, un vehículo Honda negro y una motocicleta Honda gris llegaron siete hombres encabezados por El Negro al restaurante Los Arcos y se sentaron en el área más privada. Del pick up rojo bajaron una bolsa negra que, minutos después, se comprobó que llevaba cinco paquetes en forma rectangular. Al poco tiempo, un operativo policial encabezado por Adriel y Samuel llegó al grito de: '¡Alto, policía!'

Uno de los cómplices del concejal, Carlos Amaya, fue el primero en reaccionar. El expediente solo consigna que sacó un arma y disparó directamente contra los dos agentes encubiertos que llevaron el caso. Los agentes tuvieron mejor puntería y le atinaron en la pierna izquierda a Amaya. Otro de los traficantes, Alberto Barrios Mauris, tenía en sus manos una subametralladora tipo Uzi, pero prefirió no enfrentarse a las decenas de policías encabezados por Samuel y Adriel y tirarla en la parte de atrás de una de las camionetas.

El expediente judicial no agrega más detalles de la balacera, pero una de las personas que estuvo ahí asegura que los delincuentes opusieron resistencia, que no se trató solo del intento de Amaya, sino que fue un prolongado intercambio de disparos. El drama siguió incluso después de terminada la balacera cuando, al ocaso, la luz se fue del restaurante Los Arcos, y por unos instantes los policías pensaron que perdían control de la zona. Esa fuente asegura que una vez que lograron someter a los siete hombres de Sanabria la consigna fue una rápida retirada. La comitiva de policías y fiscales temía que llegaran refuerzos a apoyar a sus adversarios arrestados.

Cuando las autoridades verificaron las identidades de los siete detenidos, se llevaron una prueba más de que se trata de una estructura criminal que ha permeado las instituciones del Estado. Uno de los arrestados era el sargento de la PNC Amaldis Alcindo Ramírez Vargas, destacado en un lugar clave: la frontera de Anguiatú. 'Los controles migratorios son una línea que estamos investigando. Es un eslabón importante del caso: establecer el nexo de las salidas o entradas de estas personas (hacia Guatemala) cuando el agente (Ramírez Vargas) estaba trabajando, para determinar si facilitaba el ingreso de sustancias o si facilitaba la movilización de estas personas en el recinto', explicó el fiscal Jorge Cortez la importancia de la detención del sargento.

Al día siguiente de la balacera, el 24 de enero, el contenido de los cinco paquetes que llevaban los hombres arrestados en Los Arcos fue sometido a pruebas con el reactivo químico trocianato de cobalto que, al entrar en contacto con la cocaína, se vuelve azul. En esta ocasión, se volvió azul.

Ese mismo día, a las 11 de la mañana, en el barrio El Calvario, de Metapán, la PNC detuvo al líder de la operación, el concejal Jesús Sanabria, a quien al parecer no habían dejado de darle seguimiento para evitar que escapara. 74 días después del día uno, el hombre al que engañaron en las oficinas de Apuzunga tenía las esposas en las muñecas.

Una parte de la maraña se desentrañó con la captura de siete personas el lunes 23 de enero y la captura del concejal el día 24. Sin embargo, es un hecho que la Fiscalía y la PNC saben que los ahora procesados son una pequeña pieza de la red, y por eso manejan con hermetismo la investigación para determinar quiénes eran los socios de Sanabria.

Cuando a finales de mayo le consultamos al subdirector general de la PNC, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, si pretendían seguir escalando en la investigación, se limitó a proteger la información, pero llamó 'inicial' a las pesquisas que terminaron en ese operativo: 'Eso no se lo puedo responder, sería una transgresión grave. Una investigación inicial es reservada'.

El coordinador fiscal Alexis Ayala, minutos después de que brindó una conferencia de prensa sobre las capturas, dejó entrever un poco más las intenciones de su institución: 'Solo le puedo dar detalles con los que ya están detenidos; con el resto, la investigación continuará, y en su momento se hará público lo que corresponde'.

Las autoridades, por razones lógicas, no comentan nada acerca de si las investigaciones continúan, de por dónde intentan escalar hacia la mafia de Metapán, hacia los líderes del Cártel de Texis. Lo único que se sabe es que tanto Samuel como Adriel, por su seguridad, fueron retirados del caso. Ellos ya cumplieron su misión y, además, saben que se metieron en la boca del lobo. O, como se lee en el expediente y vale la pena recalcar: “Hicieron negocios con miembros activos de una red de narcotraficantes que opera a nivel internacional”.

Epílogo

Este martes, 26 de junio de 2012, llamamos al alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, por medio de su teléfono celular. Le dijimos que informes de inteligencia del Estado y las declaraciones de dos exfuncionarios –el exdirector de la Policía, Carlos Ascencio, y el exministro de seguridad, René Figueroa- lo relacionan con una estructura de crimen organizado que opera en el noroccidente del país. Una voz, la del alcalde, cerró la posibilidad de una conversación abruptamente: “Yo no me meto en esos chambres de putas”. Colgó y ya no contestó la siguiente llamada, a pesar de que se le dejó un mensaje de voz.

Minutos después le planteamos la misma información a José Adán Salazar Umaña, un empresario que la inteligencia policial perfila como uno de los líderes de esa estructura. Sin exaltarse, con un tono tranquilo, él se definió como un hombre trabajador y honrado que no se explica por qué en la última década tres gabinetes de seguridad –dos de Arena y uno del FMLN- lo perfilan como sospechoso de actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

-¿A qué atribuye que su nombre aparezca en informes policiales en los últimos 10 años?

-Pues mire, Dios sabe lo que hace… Soy un hombre que le digo me siento orgullosamente honesto, y las cosas caen por su peso. Si cuando ustedes sacaron semejante publicación (El Cártel de Texis)… Si eso hubiera sido cierto, eso tendría que haber pasado a la Fiscalía de inmediato, así tendría que haber sido la ley, y si no es así, pues yo no sabría decirle… No tengo nada que opinar con respecto a eso porque las instituciones tienen que hacer bien su trabajo, incluyendo a los investigadores. Lo que yo me pregunto es: ¿por qué no actúan?

-Eso es lo mismo que preguntamos a las autoridades…

-Porque no encuentran argumento. Hay cosas que se tienen que tener prudencia para decirlas porque el daño moral que le hacen a las personas… Si usted no tiene nada que comprobar, ¿por qué tendría que mencionar mi nombre? ¿Por qué le haría tanto daño moral a mis empresas, a mi familia? Todo por sacar una noticia queriendo creerles a las autoridades. Ya es suficiente lo que me han hecho daño (sic). ¿Por qué no estoy preso? Por eso no tendrían por qué mencionar mi nombre.

-Su nombre no lo mencionamos nosotros, eso está en los informes oficiales. Ahí se habla de que hay lavado de activos por medio de sus empresas

-Para nada, para nada, yo encantado de la vida aquí, que las autoridades investiguen, trabajo para una empresa americana. ¿Cómo va a creer que voy a tener negocios con una empresa americana, con Chevron, y le voy a depositar dinero, todos los días, pagándole combustible? ¿Cómo va creer que una persona que está implicada en eso no va pasar por una coladera en los Estados Unidos con una empresa que es mundial?

-¿Por qué diferentes administraciones de gobierno lo mencionan en sus informes?

-Fíjese que definitivamente le digo que no tengo ni idea, este mundo está compuesto de gente buena gracias a Dios, hay más buenos que malos, pero también hay gente odiosa que definitivamente no pueden ver a otro trabajando y progresando.

Por la mañana buscamos también al diputado del CN por Santa Ana, Francisco Merino. Antes de que entrara a presidir una comisión de trabajo, le pedimos unos minutos para conversar sobre el alcalde de su partido en Metapán. Se negó diciendo que iba a comisión, pero que al terminar podría hacer el espacio. Al término de la sesión, luego de dar declaraciones a varios medios sobre otros temas, el diputado se retiró rápidamente a una oficina privada cuando vio que los reporteros de El Faro intentaban abordarlo. Lo único que logramos decirle fue que necesitábamos hablar con él sobre algo que involucraba al alcalde de Metapán. “No tengo tiempo. Luego”, prometió.

Realizamos también la gestión formal con el departamento de prensa del CN en la Asamblea Legislativa, pero el jefe de esa oficina, a quien le explicamos el caso, nos dijo que la respuesta formal del diputado era que prefería no hablar hasta no conocer el caso. Se le planteó al empleado del CN que eso queríamos, explicarle el caso a Merino, para poder conversar al respecto, pero se plantó en que esa era la respuesta oficial del diputado.

Quien sí aceptó hablar fue el presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, Antonio Almendáriz, diputado de CN. Almendáriz dijo que su partido le ha dado su voto de confianza al alcalde Juan Umaña Samayoa ya que no hay pruebas contundentes aportadas por la Fiscalía que determinen la culpabilidad de todas las personas que aparecen señaladas como parte de una red criminal. “En este caso se ha preguntado a la Fiscalía: ¿Hay un comprometimiento tanto de las personas mencionadas o no? El señor Fiscal no nos ha dicho que existe… eeeh… hasta el momento, el fiscal no nos ha dicho que existe un comprometimiento”.