Historias como estas se suceden en El Salvador con tanta frecuencia que han dejado de sorprender en una sociedad acostumbrada a la violencia. “La sociedad salvadoreña tiene adicción a la muerte, los salvadoreños somos adictos a la muerte”, me dijo, hace tres años ya, un psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal.
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Caso I. El seis de marzo de 2013 el autobús de la Ruta 92 placas AB-78377, manejado por un hombre de 32 años llamado Ricardo Antonio Morales, se aproximó al redondel del Árbol de la Paz, el que está abajo del Estadio Cuscatlán. Rosa María Calero, de 57, tuvo la desgracia de llegar en su pick-up al mismo redondel en el mismo minuto, con la idea de tomar la calle Antigua a Huizúcar. El bus golpeó el pick-up por detrás apenas lo suficiente para marcarlo. Ricardo y Rosa María sintieron la caricia y bajaron. Él juzgo intrascendente el choque; ella, un accidente en toda regla. Discutieron. Él regresó a su asiento del bus; ella se puso delante de la unidad para impedir su marcha. Él aceleraba y frenaba para asustarla; ella, necia. Después de unos segundos de tensión eternos, el autobús avanzó poderoso, ruta a Zacatecoluca. A los pocos minutos, una patrulla de la Policía Nacional Civil lo detuvo en el kilómetro doce de la carretera que termina en el aeropuerto. Ricardo durmió aquella noche en bartolinas. Peor le fue a Rosa María; falleció junto al Árbol de la Paz arrollada por un bus.
Caso II. El veintiocho de marzo de 2013 Luis Ernesto González entró furioso en uno de los cíber de la residencial Altavista, en el sector que pertenece al municipio de Ilopango. Sentada frente a una computadora estaba Yuridia Catalina Herrera, de veinticuatro años. Él era doce años mayor, pero habían mantenido una relación algún tiempo, hasta que ella se cansó. Luis se encaminó directo hacia su examante. Comenzó una discusión de gladiadores que terminó cuando Luis sacó su pistola y la descargó sobre Yuridia, no menos de seis disparos. A un par de cuadras pasaba por casualidad una pareja de agentes. Corrieron al escuchar las detonaciones. Al llegar al cíber solo tuvieron que esposar a Luis y llamar a una patrulla. Varios de los clientes ya lo habían neutralizado.
Caso III. El veintinueve de junio de 2013 una estudiante a la que llamaremos Claudia salió de la escuela y tomó uno de los microbuses de la Ruta 33, rumbo a su vivienda en un cantón de Mejicanos. La unidad la manejaba Mario Heriberto Gómez, de treinta y dos años, y el cobrador era Álvaro Bladimir Cabezas, de veintiuno. Claudia vivía casi al final del trayecto. Los pasajeros fueron bajando uno a uno, hasta que solo quedaron tres personas a bordo. La estudiante veía por el retrovisor cómo Mario y Álvaro la miraban, hablaban sobre ella, reían lascivos. El microbús no se detuvo cuando Claudia lo pidió. La llevaron a un predio. Álvaro la sometió con facilidad por el desbalance de fuerzas. La desnudó y la violó. Mario vigilaba. Consumada la violación, la dejaron cerca de la casa no si antes amenazarla de muerte para que callara. Claudia entró en casa llorosa y le contó a su madre. Claudia tenía catorce años. Juntas fueron a la delegación a interponer la denuncia.
Caso IV. El cuatro de diciembre de 2013, a eso de las cuatro y media de la tarde, Sipriano T. y Melky S. dos agentes de la Policía Nacional Civil de 33 y 29 años respectivamente, detuvieron a un joven al que llamaremos Óscar mientras hacían ronda por el parque de la colonia La Rábida, en San Salvador. Sumiso, Óscar hizo cuanto los policías le pidieron, confiado. No era la primera vez que lo registraban, algo habitual en El Salvador cuando se es imberbe y se vive en zonas complicadas. Óscar no cargaba dinero pero sí un teléfono celular. Si querés volver a la casa, tenés que darnos algo, le amenazaron Sipriano y Melky. Ante la posibilidad de verse encerrado en las bartolinas policiales, mazmorras en toda regla, Óscar accedió a irse sin su teléfono. Cuando entró en la casa, el joven, poco más que un niño, le detalló a su padre el motivo por el que no cargaba su celular. El padre, cosa rara, tuvo el valor de presentarse en la delegación policial y denunciar a los agentes Sipriano y Melky.
Caso V. El trece de diciembre de 2013 el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a 42 años de prisión a Salvador Acevedo Ibarra por violación y agresión sexual. La primera vez que violó a su víctima ella tenía ocho años de edad, y lo hizo de forma continuada hasta que cumplió los catorce. El tormento terminó cuando un familiar se percató de que estaba embarazada, y denunciaron al violador. Salvador era el padrastro de la niña y, en un país en el que cualquier tipo de aborto está prohibido, será el padre del fruto del vientre de su hijastra.
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Son cinco casos elegidos sin malicia, todos judicializados y cuatro de ellos con condena firme, en un país en el se sabe que a los tribunales solo llega una fracción mínima de los hechos delictivos que se cometen. Son historias extraídas de los comunicados que en los últimos seis meses ha elaborado el gabinete de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez. Son pinceladas de una sociedad que exhala violencia porque los hijos aprendieron a ser violentos de sus padres; y sus padres, de sus abuelos. Apenas cinco latidos del corazón de una sociedad enferma en la que las maras parecen ser solo la punta de un iceberg.
(Vitoria-Gasteiz, Euskadi. Abril de 2014)
