Bitácora / Violencia
No solo maras (II)

Otro ramillete de microhistorias extraídas de los juzgados salvadoreños, que invitan a seguir pensando que el país tiene un problema de convivencia y de orden social que va mucho más allá de la existencia de pandillas.


Fecha inválida
Roberto Valencia

Historias como estas se suceden en El Salvador con tanta frecuencia que han dejado de sorprender en una sociedad acostumbrada a la violencia. “La sociedad salvadoreña tiene adicción a la muerte, los salvadoreños somos adictos a la muerte”, me dijo hace tres años ya un psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal.

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Caso VI. El dieciséis de julio de 2008 se presentó la denuncia, pero los abusos habían ocurrido tres años atrás, cuando la víctimas apenas tenía seis años de edad. La niña llegaba a casa de los que llamaba sus abuelos, aunque él, Nicolás Martínez, de 72 años, no era el padre biológico de su madre biológica. Para entendernos, el septuagenario Nicolás era el abuelastro. En repetidas ocasiones a los largo de 2005, siempre que se presentaba la ocasión cuando se quedaban solos, el septuagenario Nicolás desnudaba a la niña y la toqueteaba lascivo. La aberración se volvió rutina. Con el paso de los meses fue remitiendo hasta desaparecer, el septuagenario Nicolás confiado quizá en que con seis años la niña estaba demasiado tierna para recordar. Pero recordó. Cuando tenía nueve se lo contó a una prima algo mayor. La prima a su vez se lo dijo a su tía –la madre de la niña–, y esta no dudó en denunciarlo. En abril de 2014 el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a doce años de cárcel al septuagenario Nicolás por agresión sexual continuada en menor e incapaz.

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Caso VII. El doce de junio de 2013 Manuel Antonio Bermúdez Molina, de 48 años, quemó viva a su pareja, Silvia Dinora Rivera Riveras, once años menor que él. Once eran también los años de convivencia. Once años de continua violencia intrafamiliar. El homicidio sucedió en un asentamiento ubicado junto al bulevar Venezuela que todo mundo identifica como comunidad Trujillo, en la capital. Manuel Antonio, que vivía de recoger latas y envases de plástico, se pasó con los tragos ese día. Discutió con Silvia Dinora, como de costumbre. La golpeó, como de costumbre. La amarró con una cuerda en el sillón de la casa. La roció con combustible. Prendió fuego. Los gritos de Silvia Dinora se escucharon en toda la Trujillo. Familiares y vecinos rescataron con vida a Silvia Dinora. La trasladaron al Hospital Rosales. Tenía el 95% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado. La hospitalización solo sirvió para prolongar su agonía once días más.

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Caso VIII. El miércoles veintiuno de agosto de 2013, pasadas las diez de la noche, Edwin Linares, de 42 años y camarógrafo de TCS, se ofreció a dar rai a la casa a una compañera de trabajo, hasta el enjambre de residenciales situado más allá de Los Chorros. Edwin Linares pidió el carro prestado a otro compañero, manejó como un rayo por la carretera recién pavimentada, y dejó a la comunicadora sin contratiempos en su vivienda. Llovía fuerte. De regreso, Edwin Linares atropelló a un hombre en Lourdes, Colón. Se lo llevó por delante con la parte frontal izquierda del vehículo. No se detuvo. Telefoneó al compañero que le había prestado el vehículo, le dijo que había golpeado a alguien y colgó sin dar más detalles. Manejó sin detenerse hasta el parqueo de la Telecorporación, seguramente bajó para evaluar los daños en el carro, pero lo que vio le asustó tanto que huyó del lugar. Cuando un vigilante se acercó, vio al hombre en los bajos del carro. Aún se movía y llamó a su jefe y a la Policía Nacional Civil. Edwin Linares lo había traído a rastras desde Lourdes, más de diez kilómetros. El hombre falleció. El informe de Medicina Legal reveló que el cuerpo presentaba “aplastamiento de hemicara izquierda, en región de tórax, abdomen y muslos, así como múltiples fracturas en costillas y múltiples áreas excorativas”. Se llamaba José Antonio Chicas y tenía 42 años, la misma edad que la persona que en su huída le provocó la muerte.

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Caso IX. El treinta de diciembre de 2013 cuatro hombres secuestraron a un empresario y a la persona que lo acompañaba. Ocurrió en el kilómetro 57 de la carretera que de Zacatecoluca conduce hacia San Luis La Herradura (La Paz). Los detuvieron, los cargaron en un pick-up y los llevaron al rancho de uno de los secuestradores. Quedaron en custodia de los hermanos Orlando y Raúl Ernesto Mejía, y los cuatro llamaron a los familiares para exigir un rescate. Pero algo se salió del guion. El empresario fue trasladado al municipio de Tamanique (La Libertad) y lo asesinaron. El otro secuestrado logró escapar y denunciar a sus captores. Los cuatro secuestradores resultaron ser cuatro miembros de la Policía Nacional Civil asignados a las sedes policiales de Zacatecoluca, San Pedro Masahuat, San Luis La Herradura y Tamanique: el subinspector José Concepción Marín Lozano, de 36 años; el sargento Juan Antonio Laínez Valencia, de 40; el agente Juan Carlos Anaya López, de 29; y el también agente William Alberto Alfaro, de 32 años.

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Caso X. El diecinueve de febrero de 2014 el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a nueve años de cárcel por maltrato infantil continuado a Héctor Antonio Henríquez Hernández, un padre de cuarenta años de edad. Las víctimas, sus tres hijos. Durante el juicio, los tres detallaron con crudeza la violencia con la que su padre los corregía, maltratos físicos y psicológicos que comenzaron desde el año 2009. Los testimonios de los hijos contra su padre fueron respaldados con exámenes corporales y psicológicos. Uno de los peritajes era del propio día de la captura de Héctor Antonio, ya que cuando la Policía Nacional Civil lo detuvo, estaba moliendo a golpes la espalda de uno de los tres hermanos. El tribunal dispuso que los niños quedaran bajo el cuidado de familiares maternos, mientras se decide su futuro.

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Son otros cinco casos elegidos sin malicia, todos judicializados en un país en el se sabe que a los tribunales solo llega una fracción mínima de los hechos delictivos que se cometen. Son historias todas extraídas de los comunicados que en los últimos seis meses ha elaborado el gabinete de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez. Son pinceladas de una sociedad que exhala violencia porque los hijos aprendieron a ser violentos de sus padres; y sus padres, de sus abuelos. Cinco latidos más de una sociedad enferma en la que las maras parecen ser solo la punta de un iceberg.

 

(San Salvador, El Salvador. Mayo de 2014)

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