La oficina de Raúl Mijango se está quedando vacía. Ya empacó los libros, los documentos, los archivos, y la estantería de metal que los sostenía luce desolada. Esa estantería también se irá, uno de estos días, en el carro de la mudanza.
Desde 2012, Mijango ha sido el principal referente de la Tregua que el gobierno de Mauricio Funes propició con las pandillas. En el último año y medio –mientras 'tregua' se convertía en una palabra paria, y promoverla en poco menos que traición a la patria–, él ha sido casi la única voz que ha defendido aquel experimento y que se atreve a proponerlo, cada vez que puede, como la única solución a la violencia que vive El Salvador. Pero Mijango hoy está pensando en la manera de llevarse la estantería metálica y el mapa lleno de pinchitos de colores que todavía quedan en su oficina.
A finales de 2012, se creó la Fundación Humanitaria, presidida por el empresario Antonio Cabrales, que durante años lideró la poderosa Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES), el tanque de pensamiento de la empresa privada. El papel de la fundación era enamorar a los empresarios nacionales y animarlos a financiar el experimento. Era una puerta de entrada, para que pudieran aportar sin tener que codearse con el gobierno de izquierda. Pero no funcionó: la idea de estar financiando a 'mareros' no resultó sexy para los empresarios y, salvo un par de cócteles diplomáticos, la iniciativa no produjo los resultados esperados.
La oficina que Mijango ahora está vaciando se aloja en el local que se alquiló -con fondos de Unión Europea- para servir de sede para la Fundación Humanitaria. Ese local bien podría haberse llamado 'oficina de la Tregua', y sirvió de sede para buena parte de las más importantes reuniones entre el exmediador con líderes pandilleros, o con diplomáticos, o con periodistas. Pero esos tiempos ya pasaron, y ahora la soledad de la oficina produce eco.
Mijango dice seguir creyendo que la escalada de violencia puede pararse si el gobierno se decide a dialogar con las pandillas... y viceversa; pero percibe que a estas alturas él es el único en ese engranaje que sigue creyendo eso. “El espacio para una salida civilizada por ahora está cerrado, porque eso requiere la voluntad de al menos una de las partes (gobierno o pandillas), y ahora no hay voluntad de ninguno”, sentencia, resignado, y anuncia que por lo pronto enfocará sus energías “en otra dirección”.
Los datos le dan la razón al otrora mediador: ni siquiera hace falta esperar a que termine el año para saber que El Salvador será más violento que Honduras, país que ha ostentado el título de más violento del mundo durante los últimos cuatro años. En marzo asesinaron a 484 salvadoreños y se le bautizó como el mes más violento del siglo; hasta que llegó mayo, con 643; y luego junio, con 677; que a su vez quedó desplazado por agosto, con 911 cadáveres recogidos de calles y veredas por el personal del Instituto de Medicina Legal. Durante 2015 ha habido cuatro meses que han sido 'el más violento del siglo'.
Mijango siempre había defendido públicamente que las pandillas –o al menos sus líderes– mantenían alguna voluntad de reintentar su relación con el gobierno. Esta es la primera vez que anuncia en público que ya no encuentra razones para creer eso. Lo más seguro es que cuando esta nota se publique, en su oficina ya no haya nada... ni siquiera el propio Mijango.
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A las pandillas les quedan ya pocos motivos para atender a la prensa: sus líderazgos más pesados están refundidos en celdas aisladas de Zacatraz y su comunicación con el exterior es débil y lenta; se perciben a sí mismas bajo un intenso acoso policial en el que se les disparará antes de preguntar; y sobre todo sienten que tienen ya muy poco que decir, sin comunicados al 'pueblo salvadoreño y demás pueblos del mundo' como aquellos que solían firmar juntas, ni voceros respetados con ganas de dar la cara... o más bien, ni voceros, a secas. Casi todos los pandilleros que alguna vez se atrevieron a ser voceros oficiales de las pandillas están hoy encerrados en el temible sector 6 del Penal de Máxima Seguridad Zacatecoluca.
Así que los dos pandilleros que decidieron conversar para esta nota lo hicieron con la condición de que no dijera sus nombres, ni sus tacas o apodos pandilleros, ni las clicas en las que caminan. Uno es miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el otro forma parte de la facción Revolucionarios del Barrio 18. Ambos están activos y pueden ser considerados veteranos en sus estructuras, a las que entraron siendo niños. Los dos han asesinado y han probado el sabor del plomo en la carne. Ninguno fue nunca un entusiasta de la Tregua y ninguno tuvo rol alguno durante ese proceso. Desde luego, accedieron a hablar por separado y a escondidas de sus propias pandillas.
Es un error tratar de hacerse un panorama completo de las pandillas a partir de la mirada de uno solo de sus miembros, pero aun así hay cosas que estos dos enemigos repitieron como si fueran uno solo: ambos aseguraron, asombrados, que jamás habían estado en presencia de tantas armas de fuego, particularmente de tantos fusiles de asalto. “Hoy casi cada homeboy camina con un largo (fusil), pero les recortan las culatas y caben en unas mochilitas pequeñas”, dijo, doblando en el aire un arma imaginaria, el miembro de la Mara Salvatrucha.
No es solo su impresión; también lo es de las autoridades chapinas. Una fuente del Ministerio de Gobernación de Guatemala aseguró que han detectado una fuerte reducción en el mercado negro de armas en aquel país, y lo atribuyen a que El Salvador ha incrementado de forma sensible su demanda de armas ilícitas. Según las autoridades guatemaltecas, el sector donde es más evidente la voracidad del mercado salvadoreño es el oriente del país, particularmente los departamentos de Chiquimula y Jutiapa, los dos fronterizos. “Eso afecta más que todo a los mininarcos o las bandas criminales que se dedican a la venta de armas... por ejemplo, en esa zona hoy por hoy, fusiles no hay”, precisa este funcionario.
También es la impresión de la Fuerza Armada salvadoreña, que ve cómo se duplican sus estadísticas relativas a armas y pandillas: durante todo 2014, el ejército se enfrentó a tiros 89 veces contra estructuras criminales, mientras que en ocho meses de 2015 registraron 180 combates. El año pasado incautaron 234 armas de fuego, de distinto calibre; y en lo que va de este, 771.
También es la impresión de José Timoteo Mendoza, conocido como Chory, líder de la facción Sureños del Barrio 18. En febrero de 2014, Chory tuvo una conversación con uno de sus lugartenientes, que le reportaba la disponibilidad de un fusil con capacidad de disparar en ráfaga 45 tiros a la vez, pero se quejaba de que el vendedor no quería bajarle el precio. Chory avaló la compra y le explicó a su homeboy por qué los precios andaban más altos de lo normal: “Están caras porque la onda de la Tregua ya va a terminar, y sin esa mierda va a haber plomo por todos lados, ¿veá?”. La plática quedó registrada en una intervención telefónica realizada por la Fiscalía en el marco de una investigación.
Los dos pandilleros de la libre que aceptaron platicar coinciden en un punto: la única orden del aplicación generalizada que parece estar vigente es la de los reclutamientos masivos. Ambos describieron que, desde que terminó la Tregua, niños de 11, 12, 14 años se han convertido masivamente en miembros activos de sus estructuras, armados y deseosos de hacer correr sangre. Ambos han comprobado que sus homeboys cada vez son más jóvenes y que no temen a cárceles que no conocen y a tiros que nunca han recibido.
Hay otra coincidencia: la ausencia casi total de órdenes nacionales. Salvo reclutar a mansalva, no hay ninguna otra indicación, y cada clica anda, dicen, a cañón suelto. El miembro de la 18-Revolucionarios asegura que la decisión de su pandilla es que cada cancha o territorio es responsable de tomar sus propias decisiones, que los palabreros en la libre –cada vez más jóvenes– deciden con casi total independencia su grado de belicosidad contra policías y soldados, el monto de las extorsiones, el castigo por no pagarlas. También deciden cuándo matar y cuándo no, sin tener que consultarlo con los liderazgos en las cárceles, como se hacía hasta que el gobierno apostó por la represión.
La Mara Salvatrucha, normalmente tan burocrática en la toma de decisiones, ha permitido casi la completa autonomía de sus células, y para ilustrarlo el pandillero contó este relato: había en una comunidad controlada por la pandilla un torneo de fútbol, y un miembro de la pandilla al que se le habían prendido la luz (decretado la muerte) por sospechas de traición. Era un buen futbolista el tipo, y fue parte de uno de los equipos que consiguió llegar a la final. El gran día, la cancha de la comunidad estaba llena a reventar; era fin de semana y el día iba terminando. Los vendedores ambulantes se apostaron en los graderíos, y las familias llevaron a los niños a ver el partido más importante del torneo, incluidos los hijos del sentenciado. Los sicarios de la pandilla esperaron a que el árbitro diera el pitazo inicial, y aguantaron que el partido tuviera sus primeras jugadas, para asesinar al supuesto soplón a la vista de todos. Con el rostro descubierto le pegaron el primer balazo, que lo dejó malherido, y luego lo persiguieron a lo largo de la cancha hasta alcanzarlo y matarlo sin ninguna tacañería en los plomos.
¿Cuál era la lección de aquel cuento? El marero lo explicó como se le explica a los tontos: “Que al barrio le vale verga, ¡decime si eso intimida o no a toda la gente de la comunidad!”.
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Mientras la violencia aumenta, las autoridades no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre quién está poniendo tanto cadáver. Cada vez que toca el tema, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, da a entender que la mayor parte de personas asesinadas son pandilleros o tienen relación con los pandilleros, aunque la única ocasión que ha alcanzado a ofrecer datos concretos fue cuando se jactó diciendo que de todos los homicidios de marzo, las fuerzas de seguridad eran responsables del 30%, en acciones contra las pandillas.
El ministro de Seguridad Pública, Benito Lara, apenas alcanzó a decir en agosto –hasta hoy el mes más asesino del siglo– que “la gran mayoría de los que han muerto en los últimos días son pandilleros”. Pero los datos de la Policía Nacional Civil sobre ese mismo mes desmienten al ministro: los informes preliminares de la PNC publicados en El Diario de Hoy indican que de las 911 personas asesinadas en agosto, el 59% no eran pandilleros ni tenían relación alguna con ellos. Sin embargo, todavía hay muy pocas pistas sobre el método que el presidente, el ministro y la PNC utilizan para hacer cada uno sus propias mediciones.
De lo que sí tiene certeza el Ejecutivo es de que –independientemente quiénes se estén muriendo en las calles– nadie debe esperar ninguna reducción significativa de los homicidios durante la gestión de Sánchez Cerén. El vocero de Presidencia, Eugenio Chicas, no le resta palabras al asunto: “Un enfrentamiento con la criminalidad en este periodo va a generar lo que está ocurriendo: muchas víctimas. Lamentamos eso, pero creemos que esta es la única manera, y esa es nuestra estrategia... La firmeza con la que se está enfrentando a la criminalidad (radica en que) los estamos capturando y persiguiendo sin tregua, y que esto está produciendo muchos muertos era de esperarse, y por eso señalo que esto no va a disminuir en este período”. Que-no-va-a-disminuir-en-este-período, dijo.
Chicas se explica el aumento de asesinatos con tres factores: el mayor número de enfrentamientos entre las autoridades y los pandilleros; la decisión de la MS-13 de disputarle territorios a las pandillas 18, y la decisión de la facción Revolucionarios de purgar entre sus filas a los posibles traidores. Sin embargo, casi desde su mera fundación en Los Ángeles, California, la Mara Salvatrucha le ha disputado territorios a la 18 y viceversa, y desde siempre las pandillas han purgado, mediante la muerte, a los sospechosos de ser soplones. Pero Chicas asegura que el gobierno ha detectado una variable novedosa, en la que coincide con el marero que accedió a hablar: “La novedad es que la MS deja libre para aniquilar a cualquier expresión de la 18 sin consultar (al liderazgo). Es una ofensiva extraordinaria, libre, sin mediar consulta”.
El vocero de Presidencia afirma que otra clave de la apuesta del gobierno es lo que llama el 'enfrentamiento directo”, y repite que es inevitable que esa estrategia deje a su paso muchos cadáveres, pero insiste: de criminales en su gran mayoría. Sin embargo, El Faro documentó que durante la madrugada del 26 de marzo la Policía ejecutó a ocho personas en San Blas, una finca cafetalera de San José Villanueva, La Libertad. En aquella ocasión, agentes del Grupo de Reacción Policial asesinaron a seis pandilleros, a una menor de edad que era novia de uno de ellos, y al escribiente de la finca, que no era parte de ninguna estructura criminal. Según la investigación, que ha sido retomada por le Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ninguno de los masacrados opuso resistencia, y fueron asesinados desarmados y rendidos.
Chicas admite que las fuerzas de seguridad del Estado cometen abusos y asegura que es parte de las preocupaciones del gobierno: “En un fenómeno como este ninguna institución está exenta de tener excesos. Pueden ocurrir, por eso debe ser un objetivo fortalecer el enfoque de derechos humanos, para que no se nos decante en otras barbaridades”. A principios de agosto, el director de la PNC aseguró que todos los elementos que participaron en la masacre de la finca San Blas siguen activos en la corporación.
El panorama de violencia en El Salvador es cada vez más tenso y más lleno de laberintos: el 29 de agosto, unos desconocidos abandonaron un paquete dentro de un autobús en una muy transitada parada de autobuses en Soyapango. Durante varias horas se interrumpió el tráfico por la amenaza de bomba, que resultó ser un ladrillo envuelto en cinta aislante. Un día antes fue abandonado, frente al Ministerio de Seguridad Pública, un vehículo con explosivo plástico C4, que no explotó. El jueves 10 de septiembre, durante la madrugada, un vehículo sí estalló frente al Ministerio de Hacienda, sin lastimar a nadie. En esa ocasión el ministro Lara dijo no estar seguro de si se trataba de un coche bomba. “No puedo determinar si fue un coche bomba o una bomba en un coche; lo que sí es que era un artefacto explosivo”, dudó. Las autoridades han responsabilizado de inmediato de todos estos hechos a las pandillas.
